No parece que simplificar el nivel de las pruebas y su exigencia, sea la solución sino que, como bien propugnan los propios funcionarios, la alternativa idónea pasa por formar adecuadamente a los mismos, para que alcancen el nivel exigido, de lo contrario, contemplaremos una Administración poco cualificada y profesional. Se pone en riesgo la imparcialidad, neutralidad e independencia de los funcionarios públicos, amén de existir un riesgo cierto de pervertir y politizar su promoción.
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