Fumata blanca en el Ayuntamiento de Madrid tras unas horas de confusión. 39 días han pasado desde que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, anunció que se sentaría con la oposición a ponerse de acuerdo en un gran pacto para reconstruir Madrid tras el coronavirus. El resultado de un mes de negociaciones contrarreloj son 352 medidas que conforman un acuerdo inédito en la ciudad. Y que ya se pueden consultar sobre el papel. Los cinco partidos han acordado blindar la vivienda pública para evitar que vuelva a ser vendida

La Comunidad de Madrid y el sector inmobiliario han sellado este lunes un pacto regional por la vivienda para movilizar a todos los recursos disponibles públicos y privados con el fin de reactivar esta actividad tras la pandemia del coronavirus, crear empleo y facilitar el acceso a la vivienda.

Ada Colau (...) ha optado por recurrir al sector privado para construir vivienda pública de alquiler a precio asequible. El ayuntamiento ha adjudicado a Mediaurban, una agencia del grupo Mediapro, la compañía audiovisual que dirige Jaume Roures, y a la Fundació Habitat 3, la construcción de 47 viviendas en la calle Badajoz 11-15, en Poblenou.

3.292, esta es la cifra total de ejecuciones hipotecarias realizadas en Andalucía durante 2019. Datos que sitúan a la comunidad como la segunda del país con más desahucios detrás de Cataluña. Este balance, hecho público hace un par de meses por el Consejo General del Poder Judicial, supone una bajada del nueve y medio por ciento respecto al año anterior. Durante el estado de alarma se anunció la paralización de los desahucios para no perjudicar aún más a las familias más vulnerables.

El Ayuntamiento de Madrid va a sacar un concurso para ceder en derecho de superficie del suelo municipal por 35 años, para que los inversores privados puedan construir esta tipología de vivienda. Para Mariano Fuentes, delegado del área de Desarrollo Urbano, “las administraciones no tienen el músculo suficiente para poder acometer las grandes necesidades en materia de vivienda a las que se enfrenta la sociedad. Es esencial contar con otros actores indispensables, la iniciativa privada, ya que necesitamos la colaboración público-privada”.

"La crisis sanitaria del coronavirus lleva aparejada otra crisis tan grave y mucho más profunda, la económica, de la que nos va a costar recuperarnos y que está golpeando de manera directa a sectores muy concretos. El consejero de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid, David Pérez, asume que el evidente daño social, económico y laboral que está dejando la pandemia va a afectar irremediablemente también al sector de la construcción y, por extensión, al derecho constitucional de acceso a la vivienda."

La Generalitat de Cataluña aprobará una moratoria para que los inquilinos de vivienda de titularidad pública no tengan que afrontar la próxima mensualidad del alquiler en plena crisis por el coronavirus, a fin de facilitar la liquidez de las familias y no abundar en la vulnerabilidad de algunas de ellas.

Desde el pasado 13 de enero hasta el próximo 31 a las 2 de la tarde es el plazo para presentar solicitud y participar en el sorteo de las 163 viviendas protegidas de alquiler distribuidas en 14 distritos de Madrid. Los pisos que se ofertan proceden de anteriores convocatorias, de los que se han recuperado tras ocupaciones irregulares, o los que se han quedado vacíos porque los inquilinos han fallecido o porque han dejado los pisos voluntariamente. El sorteo será en marzo, aunque no hay fecha concreta.

La Comunidad de Madrid ha vuelto a recurrir ante el Tribunal Supremo la anulación de la venta de casi 3.000 viviendas públicas por parte del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) al fondo de inversión Azora, en 2013. En diciembre pasado, el Supremo inadmitió los recursos de casación interpuestos por la Comunidad y Azora contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que anuló esa operación, llevada a cabo durante el Gobierno de Ignacio González (PP).

La Audiencia Provincial de Madrid confirma el procesamiento del ex consejero delegado de la EMVS,Fermín Oslé y del apoderado de Fidere Vivienda,Alfonso Benavides,por los delitos de prevaricación,malversación y fraude. Asegura que no hubo libre concurrencia,ni se fijó previamente el precio de mercado de las viviendas,desde el inicio del proceso de venta,por eso pide aclarar si lo lo hizo a posteriori,el grupo que resultó ser adjudicatario,es decir,Blackstone. Además se cuestiona el pago de dos millones y medio de euros a la sociedad ITACA DESARR

Rachid Boikou llevaba años soñando con este desenlace. En 2013 demandó al Instituto de la Vivienda y el Suelo de Madrid (IVIMA) por vender su vivienda social a un fondo buitre. No tenía recursos y le asignaron un abogado de oficio que le ha acompañado hasta el final.

El Tribunal Supremo ha anulado definitivamente la venta de 3.000 viviendas sociales a un fondo buitre que el Gobierno de Ignacio González (PP) llevó a cabo en 2013,

En un acto en Palma (Mallorca), Casado se ha comprometido a "poner a disposición de los españoles más suelo público". Según ha explicado, "hay mucha parcela y extensión de terreno que tienen ayuntamientos, comunidades e incluso el Gobierno que no se está utilizando". Por ello ha propuesto "hacer un inventario de suelo público para que a través de colaboración público-privada se construyan 100.000 pisos que se pondrían a disposición de un parque de vivienda de alquiler en toda España".

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado en una sentencia la venta de casi 3.000 viviendas públicas del antiguo IVIMA a un fondo buitre en 2013. Así consta en una sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que los magistrados estiman la demanda colectiva interpuesta por veinte familias residentes en el madrileño barrio del Ensanche de Vallecas.

La Corporación Municipal de San Sebastián de los Reyes fue la pionera, al aprobar en octubre de 2018 una declaración institucional en la que declaró “non grata” a Lazora -precisamente por la actuación de la empresa al intentar subir los alquileres de los inquilinos al acabarse la protección de su casas- y a principios de diciembre Tres Cantos le siguió los pasos y declaró non grato al fondo de inversión Fidere. Esta semana, Podemos Torrejón y el PSOE han propuesto llevar al pleno sendas mociones para defender a un grupo de inquilinos.

La PAH “prepara escritos para instar a la Fiscalía a que recurra,porque ellos sí pueden,para poder así llegar al Tribunal Supremo. Le haremos ver todos los perjuicios que ha tenido para los adjudicatarios e inquilinos de estas viviendas”. La Pah no cree que esta sea una cuestión solo de esas 1800 familias,sino que “nos atañe a toda la ciudadanía. El parque público de vivienda que teníamos en Madrid en 2013 era escaso y ahora es moribundo debido a esta venta”. Aun así, es complicado que esta vía prospere. “La Fiscalía en este caso..

Cultura ha pagado la mencionada cantidad para desalojar a la noble del apartamento que tenía dentro del Palacio de Infantado, que es público.

Prácticamente todo se hizo de forma irregular: la venta de estas viviendas se realizó por debajo del precio de mercado, el fondo Blackstone tuvo información privilegiada, el Ayuntamiento no abrió un procedimiento con publicidad para que hubiera más ofertas, no hubo una tasación fiable de los inmuebles que vendió. Todo se hizo a mayor beneficio del fondo buitre,no fue la oferta más alta dado que, de las cuatro ofertas recibidas, Harbor Group llegó a los 130 millones de euros. La venta de ese patrimonio vulneró prácticamente todo lo que..

El Ayuntamiento ha presentado un decálogo para asegurar que la vivienda sea un derecho. Este lunes, el Ayuntamiento de Madrid se comprometió a destinar un 30% de la vivienda pública para los más jóvenes, según señalaron la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena; la delegada de Equidad, Asuntos Sociales y Empleo y primera teniente de alcalde, Marta Higueras, y el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo durante la presentación de las 10 líneas de actuación pública orientadas a hacer cumplir el derecho a la vivienda en Madrid.

El popular Ramón Cubián, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Alcobendas, no oculta su enfadado: "Ciudadanos ha paralizado la mayor bolsa de vivienda pública de Madrid. El por qué es una incógnita. Lo que es cierto es que estamos hablando que solo en un tercio de Los Carriles habría 2.610 viviendas de protección. El total de este suelo de Alcobendas es de 2,1 millones de metros cuadrados. En los tres millones de la Operación Chamartín hay solo 2.563 viviendas protegidas.

Tras el huracán Katrina, Nueva Orleans tenía un problema, el 4% era un sin techo. Ahora el 90% tiene un hogar y ha empezado una nueva vida, con el plan "Housing First", donde el gobierno local ofrece un hogar primero y después el cumplir unos requisitos para mantenerla ("método escalera"), ayudando a integrar a miles de personas y ahorrando dinero público y problemas sociales.

Viena es una de las primeras ciudades del mundo en calidad de vida y una de las capitales europeas más caras, aun así sus alquileres son asequibles debido a una fuerte inversión pública y la regulación parcial del mercado inmobiliario.

El Ayuntamiento de Madrid ha relanzado la ejecución presupuestaria dedicada a la Promoción y gestión de viviendas en las últimas semanas y ya alcanza el 91% del gasto presupuestado para el año 2018. A comienzos de octubre el porcentaje de ejecución apenas era del 50%.

Los propietarios cederían sus pisos (a un precio por debajo de mercado, pero teniendo garantizado el cobro del alquiler) a las administraciones para que estas las alquilen a familias vulnerables. Esta es la salida que plantea a corto plazo el Cercle d'Economia, que este lunes ha presentado un documento elaborado por expertos colaboradores de la entidad sobre el acceso a la vivienda.

La situación del mercado inmobiliario en España ha cambiado drásticamente en las últimas décadas, afectando la forma en que las diferentes generaciones acceden a la vivienda. Un informe reciente titulado «Cuatro generaciones, una vivienda» revela datos preocupantes sobre la dificultad de los jóvenes para adquirir una vivienda y cómo las preferencias y posibilidades de compra han evolucionado con el tiempo.

María Muñoz Ladrón tiene 88 años y es vecina del barrio gaditano de El Pópulo desde antes de la llegada de la democracia. La octogenaria lleva 57 años residiendo en el mismo hogar, del que paga rigurosamente y mes tras mes una renta antigua. Sin embargo, la avaricia de la propietaria del edificio iba a dejarla en la calle el próximo 26 de junio, día en el que la vivienda pasaría a ser de uso turístico. Sin embargo, un actor inesperado entraba en la ecuación, a modo de salvador: el Cádiz CF.

La batalla por un futuro en el que todas las personas puedan tener una buena vida no será fácil. Consecuencias de los fondos de inversión de beneficio inmediato: Políticas de privatización impuestas por los gobiernos neoliberales, degradando los servicios de educación, sanidad y agua públicos, o vendiendo viviendas de protección social a estos fondos para que obtengan pingües beneficios con la especulación.!.Creacion oligopolios que controlan una gran parte del mercado y limitan la competencia, lo que puede llevar a un aumento de los precios pa

Belarra señala que Blackstone o CaixaBank, los dos mayores caseros del país con más de 40.000 casas alquiladas, tienen como único fin "la especulación"

La Fundación Cádiz Club de Fútbol ha solucionado el problema que desde hace años acuciaba a María Muñoz, una vecina de Cádiz de 88 años que iba a ser desahuciada de su vivienda el próximo 27 de junio, ya que ha comprado el piso para que la mujer pase en él el resto de su vida.

La auxiliar de enfermería Sonia Sancho se marcha de la isla al no encontrar un piso donde vivir. Ella se ha visto "obligada a hacer las maletas y marcharse de la isla" porque no encuentra una vivienda en la que "ver crecer a su hijo de siete meses", pese a tener una plaza fija en el Hospital Can Misses y un suelo de 1.800 euros netos al mes.

A partir de agosto, para intensificar la vigilancia...

Un 3% de los propietarios de viviendas en España las tiene vacías, una cifra similar a la del año pasado, pero un punto más baja que en 2022. Esta caída la ha propiciado la ley de vivienda que entró en vigor en 2023 y que, entre otras medidas, incluye una penalización a los dueños de pisos desocupados que consiste en un recargo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que puede llegar al 150%.

Acabo de ganar la batalla al cáncer de próstata. Ha sido una lucha contra el reloj de meses en los que me he topado con muchos, demasiados obstáculos en la sanidad pública. Eternas y angustiosas esperas, que irremediablemente me han acabado empujando muy a mi pesar hacia la sanidad privada. Me estaba jugando la vida y me urgía buscar una salida que la sanidad pública ha sido incapaz de darme. Ha sido una decisión dolorosa para alguien que como yo es ferviente defensor, casi obsesivo, de la sanidad pública, convencido de que es uno de los grande