Es la norma, no la excepción: el primero que cae en España es siempre el que denuncia o persigue la corrupción. Y siguiendo esta larga tradición, el primer dimitido por el fraude fiscal de la pareja de Ayuso probablemente será el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Jaque mate, porque la imputación es el final de esta partida. El cerco contra el fiscal general del Estado coincide con otra cuestión: la entrada en vigor de la amnistía. Y la defensa que ha hecho Álvaro García Ortiz del cumplimiento de esa ley le pone en la picota

Los fiscales Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno se oponen a la instrucción que han recibido esta misma mañana para que se posicionaran a favor de aplicar la ley de amnistía para todos los delitos, incluida la malversación que afecta a Carles Puigdemont u Oriol Junqueras; así como de levantar la orden de detención que pesa contra el expresident de la Generalitat.

La amnistía recrudece las tensiones en la Fiscalía. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha instado a los fiscales del procés a que se pronuncien a favor de aplicar la ley de amnistía para todos los delitos, incluida la malversación que afecta a Carles Puigdemont u Oriol Junqueras; así como de levantar la orden de detención contra el expresident, según el escrito al que ha tenido acceso elDiario.es.

Consuelo Madrigal, Fidel Cadena, Javier Zaragoza y Jaime Moreno han enviado al Fiscal General del Estado el informe definitivo contrario a aplicar la ley de amnistía a los líderes independentistas que impulsaron el referéndum ilegal del 1 de octubre. Los fiscales del Tribunal Supremo sostienen que el delito de malversación que pesa sobre los fugados Carles Puigdemont, Lluis Puig y Toni Comin y sobre los condenados Oriol Junqueras, Raul Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull encaja en las excepciones que contempla la ley.

Los representantes del Ministerio Público ante el Supremo sostienen que concederles la medida de gracia es “contraria a las leyes”. Los fiscales han entregado un informe en el que reafirman su postura de no aplicar la medida de gracia a los encausados por malversación y advierten de que, si reciben la orden contraria, exigirán la convocatoria de una Junta de Fiscales de Sala.

Antonio Losilla conduce por Pedro Antonio de Alarcón despacio. El tráfico. Son las doce y cuarto del viernes 7 de junio. Las ventanillas van abiertas y el aire disimula algo el calor dentro del vehículo. Antonio no va solo, le acompañan su mujer y sus suegros. Pero están en silencio. Tranquilos. De repente, el conductor tira del freno de mano y el coche se para en seco con una estridencia que no pasa desapercibida en la calle.

Álvaro García Ortiz recuerda al instructor de la causa contra los fiscales que él está aforado ante el Tribunal Supremo y que ya se ha hecho responsable de la nota de prensa desmintiendo el bulo de Miguel Ángel Rodríguez sobre el pacto entre la pareja de Ayuso y el fiscal del caso por fraude fiscal y falsificación de documentos de Alberto González Amador

El ucraniano O.N. lleva suficiente tiempo residiendo en España como para reconocer los rasgos políticos del paisaje. Curtido en el envío de ayuda a su país, y en el trato con políticos y militares, cree apostar sobre seguro cuando calcula: “Si en algún momento España envía soldados a mi país, donde estarán más cómodos es operando una batería Patriot para defender una ciudad de la retaguardia occidental”. Y al citar esta posibilidad conoce bien su contenido provocador. Si hay un gobierno OTAN poco partidario de desplegar botas de la alianza en

La asociación denunció a la eléctrica ante la Fiscalía Anticorrupción tras conocer que la CNMC había multado a la empresa con más de seis millones de euros por realizar ofertas a precios excesivos entre marzo de 2019 y diciembre de 2020.

La designación constitucional del rey como supremo mando de las Fuerzas Armadas es una mentira piadosa o al menos una contradicción, puesto que la Constitución exige que el rey, salvo en lo referente a la Casa Real, no puede tomar decisión alguna sin el refrendo del Gobierno o del parlamento. Sin embargo, esta mentira piadosa, o pelotillera, fue aprovechada por Juan Carlos para ampliar de facto, ilegítimamente, sus competencias constitucionales. Era primar la idea del rey soberano antes que la del rey constitucional. Era vincular a las Fuerza

Ambas partes han alcanzado un acuerdo para aceptar una condena menor de dos años a cambio de reconocer cinco delitos fiscales

La posibilidad de que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, dimita sobrevuela ya la Fiscalía. El jefe del Ministerio Público dejará su cargo si la denuncia por revelación de secretos que interpuso el novio de Isabel Díaz Ayuso termina llegando al Tribunal Supremo, según relatan distintas fuentes a El Independiente que no dudan que esto pasará porque ven una estrategia orquestada desde la derecha para terminar con García Ortiz y debilitar al Gobierno.