Es una posibilidad que funcionarios de agencias estatales y federales, incluido el Servicio Secreto, ya han tenido que considerar, consultando después de que el juez del caso amenazara a Trump con la cárcel tras su décima violación de una orden de silencio. Como ex presidente, Trump tiene derecho a la protección del Servicio Secreto durante el resto de su vida, esté donde esté. Entre rejas, los funcionarios de prisiones serían a su vez responsables de proteger a los agentes asignados a Trump.

[C&P] El juez que investiga las actividades profesionales de Begoña Gómez se saltó el propio secreto de sumario que había acordado para entregar documentos de la causa que estaba secreta a Vox que está personado en la causa como acusación popular.

Con el sumario aún secreto, parece que Feijóo ya conocía detalles que otros descubrimos hoy, como que ella podía acudir acompañada de abogado si lo veía conveniente. Esto es del miércoles pasado

Juan Carlos Peinado había ampliado el secreto de las actuaciones, a pesar de que la Guardia Civil había entregado un informe en el que señalaba que no hallaba indicios de delito contra la mujer del Presidente del Gobierno.

Tildar de inusual la instrucción judicial del juez del caso de Begoña Gómez, no solo sería quedarse corto, sino ser benevolente a más no poder. Hablamos de un juez que abrió diligencias saltándose la doctrina del Supremo, que ha emitido una providencia llena de ‘lloros’ contra el fiscal porque, al parecer trabaja mucho y se interesa por el procedimiento y ha decretado un secreto de sumario, pero no ha dudado en dar documentos a las partes y ordenar emitir una nota de prensa poniendo los nombres y apellidos de los testigos a los que ha citado

El abogado de Eduardo Zaplana, el fiscal en excedencia Daniel Campos, considera que el caso Erial ha sido "un montaje desde el primer minuto. Se creó una verdad artificial mantenida hasta hoy. No se ha buscado la verdad. Sólo apuntalar la versión que la Guardia Civil daba desde noviembre de 2015", cuando se inició la causa que se juzga desde el 21 de marzo en la sección cuarta de la Audiencia provincial de València. Y que acabó con la detención del expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo con José María Aznar

La Consellería de Economía e Industria ha publicado en los últimos días sendos anuncios en los que se procede a suspender expropiaciones en relación con el parque eólico de Meirama, en el municipio coruñés de Cerceda, proyectado por Naturgy en la zona tras el cierre de la central térmica.

¿Qué ha pasado? Que un grupo de religiosas de Belorado y Orduña han provocado un seísmo en la Iglesia española. Uno lo suficientemente fuerte como para colarlas en el prime time televisivo, viralizarse en redes e incluso provocar una airada respuesta del arzobispo de Burgos y el obispo de Vitoria. ¿El motivo? Muy sencillo: hace unos días las monjas, un grupo de 16 clarisas famosas hasta entonces por sus trufas y lideradas por sor Isabel de la Trinidad, publicó un mensaje en el que anunciaban su ruptura con la Iglesia de Roma y el Papa.

Agentes de la UFAM de la Policía Nacional investigan una trama de agresiones sexuales a menores en una Iglesia Evangélica de un municipio de l’Horta. Hasta el momento hay contabilizadas al menos cinco víctimas y su presunto agresor, un hombre de 30 años y nacionalidad paraguaya, ya ha sido detenido y encarcelado. El arrestado era el encargado del coro de la Iglesia e hijo de la profeta que dirigía la misma, quien a su vez, según varios de los denunciantes, ejercía una fuerte influencia sobre los fieles de esta comunidad religiosa

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha abierto diligencias contra los cargos de la Fiscalía que emitieron el comunicado para desmentir las informaciones falsas sobre el presunto fraude fiscal que salpica al novio de Isabel Díaz Ayuso. El juez que investiga la querella que presentó Alberto González Amador por presunta revelación de secretos ha solicitado a la Fiscalía de Madrid que indique quién fue "el máximo responsable" que autorizó que se publicara la nota de prensa que dio pie al proceso.

Vicente Guilarte sostiene que el PSOE “no puede tomar en serio” esa propuesta que, a su juicio, supone “destrozar la separación de poderes”

Ellos eran famosos. Tenían más de 400.000 seguidores en TikTok. Ellas eran menores y casi todas muy vulnerables, de familias rotas. Con un padre en la cárcel o con discapacidad. Nueve jóvenes han denunciado a los 'Petazetaz', dos influencers de éxito, por diferentes agresiones sexuales, entre ellas cinco violaciones. El sumario de la operación Network revela el modus operandi del mayor de los acusados, Hernán, de 34 años, que daba drogas a las menores antes de forzarlas a tener sexo con él.

El magistrado emérito del Tribunal Supremo dice que ello nace de una “resistencia numantina” de PP y PSOE “para no renunciar a esa sustanciosa tarta de los tres quintos que les permite repartirse los vocales” del órgano de gobierno del poder judicial, que lleva cinco años y cinco meses caducado por el bloqueo del PP con la aquiescencia del PSOE.

Alberto González Amador, considera que la personación del PSOE en el procedimiento que se sigue contra él por fraude fiscal representa un "riesgo absoluto de revelación de secretos". En un escrito al que ha tenido acceso a El Confidencial, su defensa pide a la jueza que limite el acceso de los socialistas a las actuaciones y se muestra tajante sobre sus verdaderas intenciones: "Nadie duda de que el PSOE, en caso de que reciba copia de los soportes, los va a divulgar".

En apenas dos meses se han producido casi una veintena de asaltos en el depósito judicial de Campanillas, el último esta misma madrugada, según ha denunciado el funcionario del recinto, Juan Antonio Izquierdo. Una situación que, según subraya, es preocupante puesto que los responsables de estos robos estás sustrayendo pruebas que están bajo custodia por la apertura de distintos procedimientos que están pendientes de juicio.

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones, el conservador Vicente Guilarte, considera que los vocales no son responsables de la situación de bloqueo en la que se encuentra desde hace cinco años el órgano de gobierno de los jueces y que, en consecuencia, no deberían renunciar a sus cargos para forzar la renovación que impide el Partido Popular.