Dicha resolución establece que "resulta evidente la relación de causalidad entre el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, la demora en la ejecución de las penas de prisión -de más de dos años- a que había sido condenado del Valle, y el propio asesinato, pues resulta evidente el estadio previo peligroso del responsable antes de la comisión del asesinato de la menor".
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