La sentencia contra los areneros de Güímar por delito ecológico les obliga a hacerse cargo de las medidas encaminadas a restaurar el equilibrio ecológico en la zona. Un informe de la Dirección General de Industria y Energía asegura que la propuesta es "manifiestamente inconstitucional y gravemente perjudicial para los intereses económicos y el desarrollo futuro de la propia Comunidad Autónoma de Canarias y para su Administración". El Cabildo de Tenerife cuantifica el desembolso económico de la Comunidad Autónoma en 344,9 millones de euros.
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