En concreto, la agencia detectó 450 irregularidades en España relacionadas con la gestión de los fondos agrícolas el pasado año, que suponen casi 18,4 millones de euros, una cifra solo superada por Grecia y Rumania con, con 556 casos y 491 casos, respectivamente, que se corresponden con 11,4 millones de euros en el primero de los casos y 33,2 millones en el segundo de los casos.
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