En realidad el proceso arrancó mucho antes. La Comisión Europea inició la investigación en 2013. Pero no fue hasta septiembre de 2016 cuando Bruselas abrió un procedimiento de infracción a España por el manejo que hace el Gobierno del recibo de la luz. La Comisión amenazaba con denunciar al país ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si seguía arrogándose la potestad de fijar directamente los peajes eléctricos y del gas natural y no cedía esa competencia a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC)
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