Aristu enfatizó que existe una percepción generalizada entre los ciudadanos de que el casco histórico de Sevilla recibe una mayor cantidad y calidad de servicios públicos, los cuales son financiados por los impuestos que todos los ciudadanos aportan. Esta discrepancia en la prestación de servicios entre el casco histórico y los barrios adyacentes ha generado una creciente demanda por una solución que garantice una distribución más equitativa de los recursos.
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