Los pozos ilegales de la finca Aljóbar en Aznalcázar (Sevilla), propiedad de una de las más importantes familias aristocráticas del mundo, la Casa de Alba, han podido causar graves daños al acuífero del que se abastece un terreno de 200 hectáreas de naranjos en el entorno de Doñana. Eso es lo que concluye la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en el informe que ha remitido al juzgado que investiga la extracción ilegal de agua en esa finca tras una denuncia de la Fiscalía.

El Gobierno y la Junta de Andalucía han acordado que se cerrarán los regadíos ilegales en el entorno de Doñana, pero no se comprarán las fincas irregulares. La idea es transformarlos en terreno forestal, para lo que podrán recibir hasta 70.000 euros por hectárea, a razón de 7.000 euros anuales durante una década. También podrán convertirse en cultivos de secano o en explotaciones de agricultura ecológica, según recoge el Marco de Actuaciones para el desarrollo sostenible del área de influencia del espacio natural de Doñana...

Técnicos de la Confederación del Guadalquivir, escoltados por la Guardia Civil, han obligado a los regantes a extraer los equipos de bombeo instalados en las captaciones ilegales para después precintarlas. La orden la ha dado la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, organismo dependiente del Gobierno central, que está llevando a cabo estas intervenciones en colaboración con el Seprona. La presencia de agentes de la autoridad es necesaria ante las situaciones de tensión que se suelen vivir cuando se clausura un pozo.

Los habitantes de las zonas más perjudicadas por la sobreexplotación del acuífero que alimenta el Parque Nacional de Doñana aumentan su apoyo al PP en las elecciones del 28M después del plan de la Junta de Andalucía de legalizar estos regadíos ilegales. El Plan del presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juan Manuel Moreno Bonilla, chocó de frente con la oposición del Gobierno central y la UNESCO. Fue así como la sequía, la sobreexplotación de los acuíferos y las plantaciones irregulares de frutos rojos entraron de lleno en la campaña.

Los esfuerzos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir no son suficientes para eliminar los invernaderos fuera de las zonas regables y WWF pide que se cierren las fincas con regadíos fuera de ordenación. "Los pozos en proceso de cierre sería de 716, de los cuales 220 ya han sido cerrados (la mitad de forma voluntaria por los propietarios y la otra mitad por la propia CHG)", aseguran desde la CHG. Mientras tanto, el PP andaluz, en alianza con Vox, prosigue adelante con la ley especial que amplía regadíos en el entorno de Doñana.

Pues bien, WWF quiere ahora conocer precisamente cuáles son esas 650 explotaciones, y en este sentido ha presentado una solicitud formal en el registro de la Junta de Andalucía. La organización ecologista entiende que si en la exposición de motivos de la ley se habla con tanta precisión de estas 650 fincas es porque “deben ser conocidas por Vox y PP”, así que también insta a que se aporte el listado y cartografía de estas explotaciones...

El jefe del Ejecutivo murciano comparece en la Asamblea Regional después de medio año y anuncia una nueva medida para ampliar la financiación total de los avales de compra de vivienda de segunda mano para los jóvenes menores de 35 años en la Región.

«La contaminación de la laguna por nitratos y fosfatos procedentes de la agricultura intensiva e ilegal constituye el episodio de mortalidad más grave de la historia de la laguna salada», según las organizaciones ecologistas.

Los vertidos contaminantes de los regadíos ilegales enquistan la tragedia del Mar Menor, que se muere por la falta de oxígeno. La falta de respuestas eficaces condena a la laguna murciana a sufrir un proceso de contaminación activo (eutrofización), causado por el incesante aporte de nutrientes fundamentalmente agrícolas (nitratos y fosfatos) usados como fertilizantes. ¿Por qué hay tantos regadíos ilegales en en el Campo de Cartagena? ¿Por qué este nivel delirante de degradación ecológica?

Este dispositivo es pionero en España y se ha diseñado durante nueve meses con la colaboración de la Universitat Politécnica de Valencia y una empresa de ingeniería. Además, es bastante fácil de utilizar. Para ello, el Polícia deber colocar el patinete en su superficie y apretar el acelerador al máximo. Si haciendo esto se marca que supera el límite permitido (25km/h) se sancionará al conductor con 500 euros y se inmovilizará el vehículo.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha considerado este lunes discriminatorio que un Estado miembro exija a un residente de larga extracomunitario haber residido al menos una década en su territorio para acceder a medidas de la seguridad social, de asistencia social o de protección social; cuando las normas de la UE establecen un periodo de cinco años de residencia legal e ininterrumpida para optar a la residencia de larga duración y, por tanto, tener derecho a la igualdad de trato.

Un juez de Badalona (Barcelona) investiga una querella contra diez mossos y policías locales de Sant Adrià de Besòs (Barcelona) acusados de detener ilegalmente a un hombre que había huido de un control, tras irrumpir sin orden judicial en su domicilio y golpear supuestamente a su hijo menor. El titular del juzgado de instrucción número dos de Badalona acuerda abrir una investigación y encargar a los Mossos d'Esquadra que investiguen las circunstancias de la detención, ocurrida el pasado 15 de mayo.

“No quiero que alguien de fuera de Israel venga a decirme qué derechos tengo. Esta es mi tierra, yo vivo aquí. Ni tú, ni otra gente en el mundo. ¿Pero por qué lo dicen? Yo creo que es porque soy judío. Este no es un pueblo civil, esto es la nación del judaísmo. Somos los hijos de Abraham, Isaac y Jacob, y venimos de la Biblia. Somos la misma nación que en la Biblia.”

Isabel Serra, eurodiputada de Podemos en el Parlamento Europeo, ha denunciado el espionaje orquestado por el Gobierno de Mariano Rajoy contra 55 diputados de Podemos en 2016. Ha sido en Bruselas durante la intervención del Comisario de Justicia, Didier Reynders, el día en el que se presentaba el informe sobre el Estado de Derecho.

La Agencia Tributaria hizo una investigación sobre las obras del Instituto Príncipe Felipe, que se hicieron fraccionando facturas para hacerlas pasar por contratos menores. Una carta de la Consejería de Educación admite que esa obra no se sacó a concurso, no consta en sus archivos y aún así no investigó más.La reforma costó 233.613,17 euros, muy por encima de lo que la Ley de Contratación del Sector Público califica de contrato menor (el que asciende, como máximo, a 40.000 euros más IVA). Se encargó a dedo a una empresa.

La inmigración ilegal es un fenómeno complejo y multifacético que plantea numerosos desafíos para Europa. En las últimas décadas, el continente europeo ha sido testigo de un aumento significativo en el número de personas que intentan ingresar de manera irregular, huyendo de conflictos, pobreza y persecución en sus países de origen. Este flujo migratorio ha generado un intenso debate sobre las políticas de control fronterizo, los derechos humanos y la integración de los inmigrantes en las sociedades receptoras.

La mayoría absoluta del PP en la Asamblea de Madrid ha bloqueado la petición de Más Madrid de celebrar un pleno extraordinario para debatir el caso de los centros de formación profesional construidos o reformados a dedo por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por importes millonarios con facturas fraccionadas. En al menos siete centros de la comunidad se intervino con este procedimiento irregular. No es “urgente”, ha esgrimido el portavoz del PP en la cámara, Carlos Díaz-Pache. El PSOE ha anunciado que llevará el caso a los juzgados.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) consideró este viernes que las políticas israelíes de asentamientos “violan el derecho internacional” y su “presencia continua” en Palestina es “ilegal”, y le exigió la “evacuación de todos los colonos”, el “desmantelamiento” del muro de separación y la devolución de tierras a sus residentes originales desplazados desde 1967.

En contra del criterio de la Audiencia Provincial del Madrid, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que han revisado la sentencia han considerado que los agentes no estaban habilitados para acceder con un ariete a dicho piso el 21 de marzo de 2021, ya que en él no se estaba cometiendo un delito flagrante ni concurrían los requisitos legales que les hubiesen permitido actuar de ese modo.

Destrozos, fiestas y un sinfín de problemas han llevado a numerosos residentes a protestar contra la comercialización ilícita de decenas de viviendas en Palma en manos de un único apoderado. Ingresa más de 300.000 euros al mes sin la pertinente autorización para realizar esta actividad. De acuerdo a los datos recabados por elDiario.es, Palma cuenta con 639 viviendas turísticas legales -que suman más de 4.300 plazas-, si bien, según el INE, se comercializan un total de 1.023. Es decir, al menos un 37,6% funcionan de manera ilegal.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a penas de inhabilitación por un delito de prevaricación al exconcejal del PP de Calp Bernardo Moll y al técnico del ayuntamiento de esa población Antonio Cabrera por exhumar de forma ilegal a un difunto de un nicho del cementerio municipal para enterrar en él a la abuela del segundo de ellos.

La finca familiar de la que forma parte la vivienda el senador del Partido Popular, Francisco Bernabé, ha sido objeto de la apertura de un expediente sancionador por la realización de obras ilegales consistentes en la «elevación del cerramiento» invadiendo prácticamente toda la acera. Obras que «no son legalizables, a efectos urbanísticos» según informe de la Arquitecta Técnica Municipal, de fecha 27 de noviembre 2023, al que ha tenido acceso RRNews.

La patronal de armadores Cepesca ha pedido “firmeza” al tribunal que juzgue la trama de blanqueo de capturas ilegales y comercio fraudulento de atún rojo, tras el auto de una jueza de la Audiencia Nacional para procesar a ocho personas y doce empresas investigados por esas actividades. Ha recordado que la investigación de la Guardia Civil, de la Operación Tarantelo, puso al descubierto una red que introducía anualmente en España más de 3.500.000 kilos de atún rojo ilegal proveniente fundamentalmente de Malta e Italia.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha detectado tres pozos ilegales, una balsa de almacenamiento no autorizada y dos captaciones con contadores manipulados en una finca de olivar de la Campiña cordobesa. Los técnicos de la CHG estiman que se extraían de forma irregular unos 127.000 metros cúbicos de agua al año para cultivar 84,6 hectáreas de olivar de regadío. Según la información facilitada por este organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la inspección ha sido realizada...

En la entrevista que Nacho Cano concedió, a Susanna Griso, para defenderse sobre el caso Malinche, explica que antes había "libertad en este país", pero que ahora "hay una mafia". "Ahora hay una manipulación de todos los poderes que tiene a todo el mundo acojonado".