La Agencia Tributaria hizo una investigación sobre las obras del Instituto Príncipe Felipe, que se hicieron fraccionando facturas para hacerlas pasar por contratos menores. Una carta de la Consejería de Educación admite que esa obra no se sacó a concurso, no consta en sus archivos y aún así no investigó más.La reforma costó 233.613,17 euros, muy por encima de lo que la Ley de Contratación del Sector Público califica de contrato menor (el que asciende, como máximo, a 40.000 euros más IVA). Se encargó a dedo a una empresa.
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