La International Lesbian and Gay Association (ILGA) cobra 370.000 euros por un informe en defensa de los intereses del colectivo homosexual. Acompañadas de un coro mediático, las recomendaciones terminan en directivas, normas de rango legal que los estados miembros deben cumplir. La conclusión estaba clara: es preciso proteger a los colectivos homosexuales en la Directiva Europea de Igualdad de Trato. Protección que, como es sabido, incluye siempre medidas de “discriminación positiva”, limitaciones a la libertad de expresión e incluso creación