La Audiencia Nacional (AN) juzgará el próximo mes de junio al empresario Javier López Madrid, al comisario jubilado José Manuel Villarejo y a su socio Rafael Redondo por el presunto encargo que el primero realizó al policía para que acosara a la doctora María Elisa Pinto debido a un conflicto personal.

Miguel Ángel Rodríguez, exportavoz del Gobierno de Aznar, se sentará en el banquillo por injurias y calumnias contra el doctor Luis Montes. La fecha fijada para el juicio oral es el 4 de abril. Ese día Rodríguez tendrá que declarar por haber llamado "nazi" a Luis Montes cuando comentaba el caso de las sedaciones en el hospital Severo Ochoa de Leganés. Lo hizo repetidas veces en el programa 59 segundos, de Televisión Española y en La Noria, de Telecinco, en enero y febrero de 2008, cuando ya los tribunales habían archivado el caso y concluido...

La Fiscalía de Madrid pretende que Losantos, junto a los locutores más cotizados de la radio de los obispos, se sienten en el banquillo e indemnicen con más de 324.000 euros al doctor Luis Montes y a su equipo, por los insultos que les dedicaron en sus programas, atentando contra su derecho al honor. "En seis meses, plof, los mandaban a mejor vida", aseguraba Jiménez Losantos.

El juez de la Audiencia Nacional (AN) José Luis Calama ha desestimado la querella presentada por nueve personas contra el influencer Amadeo Llados, al que acusaban de prometer la posibilidad de convertirse en millonario, por no haber cuantificado "la cuantía" del supuesto fraude al que se habrían visto expuestos.

Los citados a declarar lo harán en calidad de testigos después de que el juez haya aceptado las testificales propuestas por las acusaciones populares de PSOE y Podemos. Desde el expresidente Rajoy hasta su exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, plenipotenciaria en el control del CNI; Juan Ignacio Zoido como sucesor de Fernández Díaz en Interior; María Dolores de Cospedal; el exministro Javier Arenas y varios exsecretarios de Estado.

La exsenadora y otras exautoridades fueron acusadas por genocidio y otros delitos por la arremetida contra civiles en noviembre de 2019

No se ha conseguido citar a una de las investigadas, Roxana Drexel, directora de operaciones de ‘Malinche’, lo que impide que pueda garantizarse la posibilidad de contradicción entre las partes

Smartmatic, con sede en Florida, demandó a Newsmax en 2021, alegando que los presentadores e invitados de la cadena de cable hicieron declaraciones falsas y difamatorias en las semanas posteriores a las elecciones que implicaban que Smartmatic participó en el amaño de los resultados y que su software se utilizó para cambiar votos. "Smartmatic no participó en la manipulación de las elecciones de 2020, y su software no se utilizó para cambiar un solo voto", dijo el abogado de Smartmatic

Una mujer transgénero ganó este viernes un juicio en Australia contra una aplicación exclusiva para féminas que la identificó como un hombre, un caso considerado como un hito legal en el reconocimiento de la identidad de género en el país oceánico.El juez Robert Brownwich del Tribunal Federal Australiano ordenó a la aplicación Giggle for Girls y a su fundadora Sally Grover a pagar una indemnización de 10.000 dólares australianos (unos 6.709 dólares) a la demandante, Roxanne Tickle, así como a pagarle las costas legales.

La empresa Johnson & Johnsonen su tercer intento para obtener la quiebra tiene en el punto de mira el estado de Texas, sede de lo que se consideran tribunales más favorables a las empresas.

El ex congresista George Santos pide a un juez que exija a los posibles miembros del jurado que rellenen un cuestionario en el que se mida su opinión sobre el legislador caído en desgracia antes de su juicio por fraude en septiembre.

La mayoría de las disputas legales en torno a los casos de estos hombres se han centrado en si podrían ser juzgados con imparcialidad tras haber sido sometidos a torturas sistemáticas por la CIA en los años posteriores al 11-S. El uso de la tortura ha sido uno de los mayores obstáculos en los esfuerzos de Estados Unidos por juzgar a los hombres en la comisión militar de Guantánamo, debido a la inadmisibilidad de las pruebas relacionadas con maltrato.