El juez ha elevado una exposición razonada en la que apunta a Álvaro García Ortiz como máximo responsable del comunicado obviando, tanto en el auto como a lo largo de toda la instrucción, el origen de todo: un mensaje de WhatsApp que Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta madrileña, envió a media docena de medios con detalles sesgados de las negociaciones que mantenían González Amador y la Fiscalía. Negociaciones para evitar la cárcel a cambio de reconocer su doble fraude fiscal.

El Tribunal Superior de Madrid ha pedido al Tribunal Supremo que impute al fiscal general del Estado por la querella de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. El juez entiende que pudo haber un delito de revelación de secretos en el comunicado con el que la Fiscalía buscaba desmentir varios bulos sobre el proceso judicial por doble fraude fiscal contra el empresario.

Se despide del Consejo General del Poder Judicial por todo lo alto. No por sus intervenciones en los plenos y las comisiones permanentes, pues la vocal del CGPJ Pilar Sepúlveda García de la Torre, conocida entre todos (absolutamente todos) los magistrados de la casa como “la semoviente”, no era célebre por sus discursos o declaraciones en el Consejo, inexistentes, sino porque sus gastos de desplazamiento han disparado la curiosidad de muchos compañeros de trabajo.

Al menos dos heidos y un desaparecido tras una explosión en una planta de armamento de defensa en Arkansas. La explosión se ha producido en la planta de General Dynamics Ordnance and Tactical Systems en Camden. La planta de Camden se dedica a la fabricación misiles Hellfire y Javelin y diversas municiones de mortero. La empresa lo calificó inicialmente de "incidente pirotécnico", pero más tarde confirmó que se trataba de una explosión.

Una exmilitante y extrabajadora del partido denunció al edil madrileño por unos supuestos tocamientos durante un encuentro entre ambos. La Fiscalía de Madrid solicitó un año y medio de prisión.

El intercambio de mensajes confirma que el fiscal general dio la instrucción de remitir el comunicado para desmentir el bulo de Miguel Ángel Rodríguez al departamento de prensa de la Fiscalía de Madrid, cuyo personal depende del Gobierno de Ayuso y que este se negó. Tras comunicar a la fiscal superior que la nota estaba consensuada con la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y una vez que Lastra rechazó también en conversación telefónica mandar la nota de prensa, García Ortiz dio la instrucción a la fiscal superior de Madrid

La cúpula fiscal respalda por la mínima al fiscal general del Estado, que defiende que procede amnistiar todas las conductas vinculadas con el referéndum del 1-O y levantar la orden de detención contra el expresident

Manos Limpias ha presentado en el Tribunal Supremo una denuncia contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos al ser responsable último de la difusión por la Fiscalía de Madrid de una nota de prensa que contenía datos del pacto que la defensa de la pareja de Isabel Díaz Ayuso ofrecía para evitar llegar a juicio por fraude a Hacienda.

El Tribunal Supremo tiene todo el derecho a investigar si el fiscal general delinquió, pero ninguno a descabalgarlo del puesto con una mera imputación por una nota de prensa. El ruido será ensordecedor desde la derecha, pero antes de renunciar García Ortiz debería tener en cuenta el precedente para la institución y repasar los casos de Mónica Oltra y Victoria Rosell

El motivo es que Álvaro García está convencido de que actuó conforme a derecho y no reveló secreto alguno al ordenar la publicación de la nota de prensa que desmontó el bulo lanzado previamente por el entorno de Ayuso, de que había sido la Fiscalía quien había ofrecido un acuerdo de conformidad a la pareja de la presidenta por sus delitos fiscales, cuando sucedió justo lo contrario.

Es la norma, no la excepción: el primero que cae en España es siempre el que denuncia o persigue la corrupción. Y siguiendo esta larga tradición, el primer dimitido por el fraude fiscal de la pareja de Ayuso probablemente será el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Jaque mate, porque la imputación es el final de esta partida. El cerco contra el fiscal general del Estado coincide con otra cuestión: la entrada en vigor de la amnistía. Y la defensa que ha hecho Álvaro García Ortiz del cumplimiento de esa ley le pone en la picota

La amnistía recrudece las tensiones en la Fiscalía. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha instado a los fiscales del procés a que se pronuncien a favor de aplicar la ley de amnistía para todos los delitos, incluida la malversación que afecta a Carles Puigdemont u Oriol Junqueras; así como de levantar la orden de detención contra el expresident, según el escrito al que ha tenido acceso elDiario.es.

Álvaro García Ortiz recuerda al instructor de la causa contra los fiscales que él está aforado ante el Tribunal Supremo y que ya se ha hecho responsable de la nota de prensa desmintiendo el bulo de Miguel Ángel Rodríguez sobre el pacto entre la pareja de Ayuso y el fiscal del caso por fraude fiscal y falsificación de documentos de Alberto González Amador

Mi propia inspiración provino de mi búsqueda de otra solución a las ecuaciones del campo gravitacional de la relatividad general — cuya versión simplificada, aplicable a las condiciones de galaxias y cúmulos de galaxias, es conocida como la ecuación de Poisson — que da una fuerza gravitacional finita en ausencia de cualquier masa detectable.