El expresidente de la Deputación de Ourense, del PP provincial y senador por designación autonómica Baltar gastó antes de dejar su cargo en julio pasado más de 55.000 € del presupuesto público en incentivos y gratificaciones a una treintena de funcionarios de su círculo de confianza: los mayores beneficiarios, con cantidades superiores a los 2.000, los 3.000 y los 5.000 euros, son el que fuera su chofer personal y responsable del servicio de conductores de la institución, otros tres trabajadores de su secretaría personal y varios altos cargos.

Las primeras tandas de nombramientos del Gobierno de Mariano Rajoy han hecho triza otra de las promesas electorales suscritas por el hoy presidente del Gobierno antes de las elecciones. En concreto, aquella en la que se comprometía a despolitizar la Administración del Estado nombrando a dedo en su Gobierno solo a ministros y secretarios de Estado, dejando el resto del escalafón para

Los sindicatos recuerdan que hay trabajadores públicos mileuristas que no pueden costearse la vida en la isla. Pero además, muchos de los que aceptan ese desplazamiento a los dos años solicitan el traslado hacia zonas más próximas a sus regiones de origen, en las que además normalmente el coste de la vida es menor. Eso hace que, aunque está aumentando la llegada de nuevos trabajadores públicos, esta entrada sea insuficiente, especialmente en un periodo en la que buena parte de este personal está llegando a la edad de jubilación.

Solo un 33% aprueba la gestión del anarcocapitalista. En mayo, los argentinos "satisfechos" eran un 41%. Por su parte, el "Índice de Confianza en el Gobierno (ICG)" que difunde la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) dio cuenta de una bajada del 3,7% respecto de junio. La presidencia de Milei obtuvo 2,7 puntos, un número menor a la que obtuvieron al cumplir siete meses en el poder Mauricio Macri y el peronista Alberto Fernández. Los argentinos han perdido un tercio del poder de compra de su salario.

se contemplan evaluaciones anuales obligatorias a los funcionarios. En ellas, se valorará la conducta profesional del empleado y se medirá el rendimiento y los resultados. No obstante, la norma prevé un periodo de carencia de dos años tras la puesta en marcha de esta medida en la que estos exámenes no tendrán efectos. Estas evaluaciones son importantes, porque de ellas dependen cuestiones cruciales como el progreso en la carrera profesional, el nuevo complemento por desempeño o la propia continuidad en el puesto de trabajo.

La historia del bautizado como "funcionario fantasma" acabó con él recibiendo una multa equivalente a un año de trabajo y con el hombre afirmando que era todo mentira.

A medida que envejece el personal de seguridad nacional, la demencia que afecta a los funcionarios estadounidenses supone una amenaza para la seguridad nacional, según un estudio realizado por primera vez por un grupo de expertos financiado por el Pentágono. El informe, publicado esta primavera, se ha hecho público en un momento en el que varios destacados funcionarios estadounidenses a los que se les ha confiado parte de la información de inteligencia más secreta del país han sufrido fallos, lo que ha avivado las peticiones de dimisión y el de

El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes un real decreto de oferta de empleo público para este año con más de 40.000 plazas pero, según informó la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, el funcionario que tiene que publicar las plazas en el BOE y por tanto hacer efectivo el decreto estará de baja y permisos hasta de aquí a dos años y medio. “Toca esperar”, admitió Alegría.

La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP), sindicato exclusivo en el ámbito penitenciario, ha denunciado los graves hechos acaecidos ayer en el centro penitenciario de Sevilla-II, en Morón de la Frontera, donde fueron agredidos dos funcionarios.

El PSOE lleva mañana al Hemiciclo una Proposición de Ley para que los empleados públicos que trabajan en las prisiones tengan el principio de veracidad y puedan tener una compensación si son agredidos. En 2023 hubo 508 agresiones, un aumento del 127% en cinco años.

Estas declaraciones se producen en respuesta al nombramiento del general retirado estadounidense Paul M. Nakasone quien fuera jefe del Cibercomando de EE.UU. (USCC, por sus siglas en inglés) y la NSA como nuevo miembro de la junta directiva de OpenIA. Una decisión que, en opinión de Snowden, refleja las verdaderas intenciones de la empresa. “Se han quitado la máscara por completo […]. Snowden supone que se trata de una “traición calculada y deliberada de los derechos de cada persona en la Tierra”. “Han sido advertidos”, continuó

La mano derecha de Pedro Rocha en la Real Federación Española de Fútbol, Antonio Retamosa Mateos, cobra alrededor de 180.000 euros al año por ejercer de director de protocolo a la vez que mantiene su puesto como funcionario en el Ayuntamiento de Trujillo (Cáceres). Jesy, como se le conoce popularmente, es también coordinador de deportes en la localidad extremeña pese a la incompatibilidad de la Ley 53/1984 de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones públicas.

Varapalo del Tribunal de Estrasburgo a España tras la sentencia del Supremo que rechazaba la posibilidad de que los temporales fueran convertidos automáticamente en fijos

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha generado una oleada de preocupación y descontento en el colegio e instituto Ramiro de Maeztu tras su reciente decisión de abrir una Escuela Europea Acreditada (EEA) dentro de sus instalaciones. El proyecto, destinado principalmente a las familias de funcionarios europeos, se ha gestionado con una opacidad que ha dejado a la comunidad educativa en el limbo y a las familias en pie de guerra.

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha planteado a los sindicatos ofrecer la jubilación parcial al personal funcionario y estatutario con condiciones similares a las que se pusieron en marcha para los trabajadores del sector privado.

El polémico proceso para la estabilización de interinos, en el que docentes de fuera de las islas se hicieron con el 52% de las plazas, recibe 12.000 alegaciones