Desde 2018 el Gobierno central ha cerrado 1.129 captaciones piratas en el entorno del Parque Nacional y planea la clausura de al menos otras 420, procesos que se alargan gracias a una legislación garantista. Es difícil cerrar un pozo ilegal: puede transcurrir hasta una década desde que se denuncia hasta que se consigue hormigonar. Un tiempo que, en la mayoría de los casos, es rentable para el infractor, ya que durante estos años obtiene unos beneficios con sus cosechas que superan con creces la sanción que después se le impone.
