La llamada Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, que tiene por eslogan ‘Una administración, una competencia’, plantea que las comunidades autónomas asuman lo que el Gobierno central considera “competencias impropias” de los ayuntamientos: servicios sociales, empleo, salud, educación… Con el argumento de suprimir duplicidades y de racionalizar costes, la norma recorta competencias en los municipios de menos de 20.000 habitantes a favor de los gobiernos autónomos y las diputaciones.