Toni Miranda, presidente de la Organización Nacional de Afectados por la Okupación (ONAO), eleva la cifra a 120.000 viviendas ocupadas ilegalmente en España, tanto de bancos y fondos de inversión como de ciudadanos particulares. Miranda, que denuncia un "avance imparable" en España de "este fenómeno delictivo". Cifran el gasto en un desalojo en hasta 30.000 euros y hasta dos años de procesos judiciales e incluyen el el arreglo de desperfectos, abogados, cerrajeros, notarios e incluso en ocasiones los okupas solicitan dinero a cambio de marchar