Unidas Podemos ha solicitado al Gobierno de España que declare el estado de alarma para solucionar la "sangría" que, según critica la formación, vive la isla por el problema de la vivienda. Así lo ha anunciado en un comunicado, donde ha afirmado que ha presentado dos escritos para pedir la intervención del Gobierno central y aplicar la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio.

El mismo piso en la capital cuesta hoy 80.000 euros más que antes de la crisis sanitaria, y en el mercado del alquiler, experimenta el segundo mayor incremento. La tendencia de los precios alcistas en Málaga comenzó antes de la irrupción de la crisis sanitaria, pero si se acota el periodo entre el verano de 2019 y el actual, se observa un crecimiento del 49% en el precio de la compraventa de este tipo de inmuebles en la capital.

Es el resultado de la colaboración público-privada que tanto gusta a los gobiernos central y autonómicos. Dinero y suelo publico para que fondos buitre abusen de las inquilinas.

El experto señala la falta de regulación y conocimiento como factores clave en la crisis habitacional actual, y aboga por la necesidad de pactos políticos a largo plazo para enfrentar el problema.

Romana, camarera y actriz, paga 799 euros de alquiler al mes en Madrid por un piso de 20 metros cuadrados. "Vivo en la peseta", lamenta en directo desde el plató de laSexta Xplica. Así, cuenta que se ve obligada a dejar el piso al romper la relación con su pareja. "Sola no puedo pagar ese piso", añade. La joven asegura que las declaraciones del resto de jóvenes son una prueba de que "el futuro está súper negro".

Conscientes de que se ha convertido en el gran quebradero de cabeza de sus ciudadanos, por encima de otros problemas cotidianos, como los sueldos o el tráfico, las autoridades del Principado han decidido lanzar un ambicioso paquete de medidas que atajarán de una tacada algunos de los grandes desafíos inmobiliarios de la región: la escasez de pisos con alquileres asequibles, la proliferación de apartamentos turísticos y los efectos que la inversión extranjera tiene en su mercado residencial.

Los apartamentos turísticos se han triplicado en la Comunitat Valenciana en la última década. Los datos del Gobierno valenciano indican que en julio de este año había 105.111 viviendas registradas, frente a las 38.319 que había en 2015, una cifra que no tiene en cuenta los apartamentos irregulares, que podrían duplicarla. Solo en los seis primeros meses de 2024 se han registrado más de 6.000 apartamentos turísticos en el territorio.

La fortaleza de la demanda y la escasez de producto (con especial impacto en la obra nueva) seguirán marcando el rumbo del mercado residencial español, que en los últimos meses ha dado muestras de su vigor y resiliencia. Esa coyuntura de mayor demanda y reducida oferta se traducirá en un aumento de precios del 5% en 2024 y del 4,7% en 2025. Descontando el impacto de la inflación, el incremento sería del 0,7% y del 1,6%, respectivamente, según las previsiones recogidas en el Observatorio Inmobiliario de BBVA Research.

La Demarcación de Murcia reclama a las instituciones que utilicen criterios técnicos y no políticos para resolver los problemas hídricos.

El anteproyecto, ya en manos de los grupos parlamentarios, propone un decálogo de actuaciones para revertir este problema estructural en la comunidad

El Gobierno de Javier Milei entrega la política de vivienda a los empresarios que lideran el lobby inmobiliario. El Gobierno nacional anunció a bombo y platillo una línea de créditos hipotecarios atados a la inflación. Una estafa a la que por suerte pocos pueden acceder. Nada sorprende de un Gobierno que se asume admirador de las políticas de Margaret Thatcher, quien desarmó (remató) todo el sistema público de vivienda de Inglaterra. El encargado de llevar adelante la política de privatización y mercantilización de la vivienda fue Mark Boleat.

Ibias prohíbe el uso de agua de la traída municipal para el riego. Aunque todavía no existe un problema real de escasez de suministro, el consistorio pide a los ciudadanos un uso responsable y racional para evitar medidas más contundentes.