El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha considerado este lunes discriminatorio que un Estado miembro exija a un residente de larga extracomunitario haber residido al menos una década en su territorio para acceder a medidas de la seguridad social, de asistencia social o de protección social; cuando las normas de la UE establecen un periodo de cinco años de residencia legal e ininterrumpida para optar a la residencia de larga duración y, por tanto, tener derecho a la igualdad de trato.

El objetivo es acabar con la escasez de mano de obra en algunos sectores –un problema agravado tras el Brexit y la pandemia– y reducir la factura cada vez más abultada del gasto público en concepto de subsidios por desempleo y bajas médicas de larga duración. Cerca de un millón de empleos que siguen vacantes en el Reino Unido. Unos puestos que deberán ser ocupados en su gran mayoría por trabajadores británicos, ya que las nuevas medidas para frenar la llegada de inmigrantes provocarán un descenso en la mano de obra procedente de otros países.

La Policía Nacional ha detenido en Donostia a una pareja por percibir fraudulentamente prestaciones sociales por más de 97.000 euros gracias a un falso empadronamiento. En la operación también se detuvo al hombre que facilitaba estos empadronamientos a través de contratos ilegales de arrendamiento.

El vicepresidente de la Junta ha planteado que las ayudas provocan que algunas personas se "instalen en una situación de precariedad y dependencia del sector público".

Que una persona en situación de vulnerabilidad decida no solicitar una prestación parece un hecho políticamente irrelevante y moralmente poco controvertido. Pero que no la solicite porque no se le ha informado adecuadamente, porque no entiende el formulario de solicitud, porque este formulario sólo lo puede conseguir en una oficina a la que no puede acceder por no poder pagar el transporte, o porque no dispone de conocimientos informáticos o del ordenador para hacer los trámites, es un hecho inadmisible que nos debería hacer reflexionar a todos

Novedades en la política de subsidios y prestaciones para desempleados.

Federico Angulo Vázquez, nació en Ciudad Rodrigo (Salamanca) en 1893. Hijo y hermano de militares. En 1918 se casó con Emilia Hernández Ardanza, hija de Valentín Hernández Aldaeta, destacado milita…

El jefe de X es el mayor trol en la red antes conocida como Twitter, convertida en el paraíso de extremistas y creyentes en bulos. Un documental explica la decadencia de la plataforma en paralelo con la deriva ideológica de su dueño

Tiktok se suma a Facebook y empezará a banear o hacer menos visible contenido que critique al sionismo (ideologia que defendiende la existencia del estado de Israel). Esto debido a la presión Israelí de la ONG CyberWell. [Eng]

La gente sabe que las redes sociales no son lo mejor y pueden dañar la salud mental. Esta creencia se ha generalizado tanto que se considera de sentido común. Si todos coincidimos en que son malas, ¿por qué no prohibirlas? Hoy exploraremos esta pregunta. Primero, analizaremos la diferencia entre la imagen que venden las plataformas y la realidad. Luego, discutiremos las implicaciones de prohibirlas y finalmente, qué se está haciendo para ofrecer aquello que se suponía que las redes sociales iban a proveer.

El Tribunal Supremo tumbó en 2022 (por 3ª vez) el sistema de financiación del bono social eléctrico. Las grandes compañías eléctricas emprendieron una nueva batalla en los tribunales para conseguir que se les devolviera los pagos millonarios que habían realizado para financiar el programa social entre 2016-21. El Tribunal Supremo ya ha forzado a pagar a las grandes eléctricas 327 M, ha dictado sentencias que obligan a abonar otros 263 M aún pendientes y se espera otra resolución por 150 millones más. Y a todo hay que sumar intereses de demora.

El real decreto equipara a los creadores de contenido con las televisiones como Prestadores de Servicio de Comunicación Audiovisual. | El pasado 2 de mayo entró en vigor la Ley de Influencers. Junto con la Ley General de Comunicación Audiovisual, se regula la actividad de tiktokers, streamers y vloggers como Usuarios de Especial Relevancia (UER).

Un adolescente de Nebraska ha sido acusado de dos delitos graves de conducta criminal por provocar el descarrilamiento de un tren, grabar el accidente y publicar el vídeo en YouTube, según registros judiciales. El joven de 17 años fue acusado en el Tribunal de Menores del Condado de Lancaster el miércoles, pero los fiscales presentaron una moción para transferir el caso a un tribunal de adultos. El conductor del tren dijo a un investigador que un interruptor desalineado provocó el accidente y que faltaba el candado que lo sujetaba.

La Agencia de Vivienda Social (AVS) de la Comunidad de Madrid, el antiguo Ivima, gestionó el año pasado 24.911 viviendas, 1.361 locales y 21.130 garajes, la mayoría en régimen de alquiler. La morosidad de algunos inquilinos es un problema que viene de largo. Así consta en el informe de actividad de la AVS del ejercicio 2023, el documento recoge que los deudores presupuestarios deben 124 millones de euros, de los que un 4,5% (5,5 millones) se corresponde con deudas de diferente naturaleza y el 95,5% restante, 118,5 millones, derivan de impagos.

En el momento en el que dejó de subirlos le bajaron los seguidores, pero se dio cuenta del riesgo. «Cuando dejé de mostrar a mi hijo, la gente me decía: 'No hables tanto y saca al niño'», afirma.

El Consejo de Ministros ha remitido al Congreso de los Diputados, donde deberá reunir los apoyos necesarios para ser aprobado, el veto a los despidos automáticos ante incapacidad sobrevenida. La principal novedad que el Ejecutivo ha introducido en la misma durante la audiencia pública es que los trabajadores afectados por una incapacidad sobrevenida y que quieran seguir trabajando podrán cobrar una prestación pública durante los tres meses que tienen por ley sus empresas para adaptarles el puesto de trabajo.

El pasado mes de septiembre el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) resolvió que el número de policías que se han infiltrado en movimientos sociales debe ser público. El organismo, que se encarga de velar por el cumplimiento de la ley de transparencia, asegura que el Ministerio del Interior debe revelar ese dato desglosado anualmente. Casi un año después, el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska sigue dando excusas para ocultar la información.