El pasado mes de septiembre el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) resolvió que el número de policías que se han infiltrado en movimientos sociales debe ser público. El organismo, que se encarga de velar por el cumplimiento de la ley de transparencia, asegura que el Ministerio del Interior debe revelar ese dato desglosado anualmente. Casi un año después, el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska sigue dando excusas para ocultar la información.
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