La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha detectado tres pozos ilegales, una balsa de almacenamiento no autorizada y dos captaciones con contadores manipulados en una finca de olivar de la Campiña cordobesa. Los técnicos de la CHG estiman que se extraían de forma irregular unos 127.000 metros cúbicos de agua al año para cultivar 84,6 hectáreas de olivar de regadío. Según la información facilitada por este organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la inspección ha sido realizada...

La Casa de Alba ya no tiene precintados los pozos sin licencia de su finca de Aljóbar, ubicada en término del municipio sevillano de Aznalcázar a tiro de piedra del parque nacional de Doñana. El titular del Juzgado de Instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor ha decidido retirar las medidas cautelares que impedían el uso de estas instalaciones, que son las mismas que están bajo sospecha –por su posible utilización para “riegos ilegítimos”– en la causa judicial abierta en la que se investiga un posible delito ambiental.

La Fiscalía de Medio Ambiente en Sevilla se ha querellado contra el empresario y extorero Miguel Báez El Litri por supuestamente expoliar el entorno del acuífero de Doñana al regar sus 360 hectáreas de olivar con cuatro pozos ilegales.

La encargada de la tarea es la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica que dirige la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera. Tiene las competencias de la llamada Policía de Aguas y es además el encargado de dar autorizaciones de riego en su demarcación. En la actualidad mantiene abiertos los procedimientos de ejecución subsidiaria para el cierre de estos 407 pozos, después de que a mediados de agosto se clausuran 13 y otros 25 en julio.

Hasta 51 pozos ilegales orientados a la captación de agua para uso agrícola ha logrado destapar la Guardia Civil en la 'Operación Underwater', que ha llevado a cabo en colaboración con la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS). El golpe culmina con la investigación de 18 personas como supuestas responsables de esas extracciones, en la mazarronera rambla del Ramonete, que habrían superado los 2,5 millones de metros cúbicos de agua con un valor aproximado de dos millones de euros, según especificaron fuentes del cuerpo.

En España se perfora la tierra sin control para extraer agua. Los pozos ilegales se adueñan del campo. La opacidad de la Administración contribuye al caos porque no publica datos oficiales desde 2006, cuando el Gobierno reconoció la existencia de 510.000 excavaciones irregulares. En 2017, el Ministerio de Medio Ambiente admitió que la cifra de esas construcciones ilegales podía ascender a más de un millón, como señala Greenpeace.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir solicitó al juzgado el cierre cautelar de los pozos en un terreno situado en las lindes de Doñana. En la finca Aljóbar propiedad de la Casa de Alba en las lindes de Doñana, denunciada por extraer agua de forma ilegal para el riego agrícola, se han recogido más de 60.600 toneladas de naranjas desde 2010, según una contabilidad interna de la producción.

Técnicos de la Confederación del Guadalquivir, escoltados por la Guardia Civil, han obligado a los regantes a extraer los equipos de bombeo instalados en las captaciones ilegales para después precintarlas. La orden la ha dado la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, organismo dependiente del Gobierno central, que está llevando a cabo estas intervenciones en colaboración con el Seprona. La presencia de agentes de la autoridad es necesaria ante las situaciones de tensión que se suelen vivir cuando se clausura un pozo.

Sólo en 2022, Eurotecnica Agraria consiguió 15 ayudas del Ministerio de Agricultura y de la Junta de Andalucía. En Aljóbar se cultivan naranjas que después se utilizan para la confección de productos gourmet a través de la marca Casa de Alba. Ya en 2013, la entonces alcaldesa de Aznalcázar, Dolores Escalona (PSOE), denunció su temor ante la posibilidad de que la gran balsa de agua de la parcela estuviese recogiendo agua de manera ilegal del acuífero 27 de Doñana, actualmente en el centro del debate político debido a la propuesta del...

Una propiedad destinada a la recolección de naranjas selectas para el mercado 'gourmet' está pendiente de la petición de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir al juzgado para sellar cautelarmente nueve tomas de agua sin autorización. Presuntamente, se extrae sin autorización agua del subsuelo en una finca agrícola de los herederos de la Casa de Alba, la mayor propietaria de tierras de España. Para que la naranja pueda ir al mercado gourmet hay regar con más frecuencia y abundancia. "Es incalculable el agua que han podido sacar de ahí".

La NASA ha publicado una demoledora imagen por satélite donde se aprecia el impacto que los pozos ilegales, la sequía y el turismo están ocasionando en el mayor humedal de Europa, el Parque de Doñana. Con la intervención de la agencia aeroespacial estadounidense se completa un círculo global de instituciones a todos los niveles (Unión Europea, comunidad científica, Gobierno español, Unesco, Naciones Unidas…) que se opone de facto al plan que promueve en la Cámara autonómica el ejecutivo andaluz con el apoyo de la ultraderecha de Vox.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha confirmado a lamarea.com que intentó precintar ocho captaciones pero la propiedad impidió la entrada del...

La Guardia Civil (SEPRONA), ha localizando y sellando 14 pozos ilegales en uno de los parajes de mayor valor ecológico de la Sierra de La Almenara, y con los que se han estado extrayendo importantes volúmenes de agua para regar ilegalmente campos de golf

Localizados en la finca en la finca Aljóbar de Aznalcázar, están camuflados con lonas de color verde para no ser visibles de forma área o a pie de parcela. Ecologistas en Acción ha puesto en conocimiento de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir una serie de captaciones de agua subterránea (9 pozos) cuya concesión administrativa no se ha podido acreditar. Los pozos se localizan dentro de la finca Aljóbar, situada en el término municipal de Aznalcázar, y están menoscabando la sobreexplotada masa de agua subterránea de Doñana

La Guardia Civil ha detenido a 15 personas en la Región de Murcia por sendos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente tras 54 inspecciones en explotaciones porcinas de Alhama de Murcia, Cartagena, Fuente Álamo, Torre Pacheco y Totana presuntamente relacionadas con extracciones ilegales de aguas subterráneas y vertidos irregulares, informa este cuerpo.

Se estima que el total de agua derivada ilegalmente desde el inicio de la actividad ascendería a 25.951.198 metros cúbicos aproximadamente, y que la extensión total de la superficie objeto de riego ilegal se elevaría a 240,242 hectáreas, pudiendo causar todo ello unos daños al dominio público hidráulico que se estiman en unos 10.000.000 euros, según han detallado desde el instituto armado en un comunicado, a tenor de la información facilitada por la Junta de Andalucía.

Desde 2018 el Gobierno central ha cerrado 1.129 captaciones piratas en el entorno del Parque Nacional y planea la clausura de al menos otras 420, procesos que se alargan gracias a una legislación garantista. Es difícil cerrar un pozo ilegal: puede transcurrir hasta una década desde que se denuncia hasta que se consigue hormigonar. Un tiempo que, en la mayoría de los casos, es rentable para el infractor, ya que durante estos años obtiene unos beneficios con sus cosechas que superan con creces la sanción que después se le impone.

Este miércoles se vota en el Parlamento andaluz la nueva ley para regularizar los regadíos en el entorno de Doñana, algo que podría provocar un desastre medioambiental ya que "el consumo de agua del acuífero está muy por encima de la capacidad que tiene para ofrecer ese recurso del agua", describe Eloy Revilla, director de la Estación Biológica de Doñana-CSIC, a Andrea Ropero en esta entrevista, donde también le explica las consecuencias negativas que tendría para la fauna y flora la aprobación de esta ley.

Los esfuerzos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir no son suficientes para eliminar los invernaderos fuera de las zonas regables y WWF pide que se cierren las fincas con regadíos fuera de ordenación. "Los pozos en proceso de cierre sería de 716, de los cuales 220 ya han sido cerrados (la mitad de forma voluntaria por los propietarios y la otra mitad por la propia CHG)", aseguran desde la CHG. Mientras tanto, el PP andaluz, en alianza con Vox, prosigue adelante con la ley especial que amplía regadíos en el entorno de Doñana.

El riego ilegal se queda con el 5% de los recursos que se consumen al año del acuífero, una cifra superior a la que se evita con la regularización de 815 hectáreas que ha permitido clausurar 443 extracciones con permisos de aguas subterráneas.

Pedro Arrojo es profesor emérito del Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza. Trabaja como Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento de la ONU, desde donde alerta sobre los riesgos de privatizar el agua potable. Afirma que "se estima que hay más de un millón de pozos ilegales [en España].""Se siguen haciendo pozos ilegales...en muchos casos para la modernización de regadíos apoyados por los gobiernos autónomos correspondientes.". También habla de otros aspectos de los recursos hídricos

Los robos de agua amenazan con poner aún más en peligro este preciado recurso natural en España, en acelerado proceso de desertificación y el país de Europa que sufre una mayor sobreexplotación de sus acuíferos, según un amplio estudio de la World Wildlife Fund (WWF). En el Día Mundial de los Humedales, una macrooperación del Seprona, el servicio de protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, así lo atestigua: 133 personas detenidas y 1.533 pozos ilegales detectados.

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'MIZU', ha procedido a la detención e investigación de 107 personas como presuntos autores de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, de distracción de aguas-usurpación y de defraudación de agua, según ha informado el cuerpo.

Este dispositivo es pionero en España y se ha diseñado durante nueve meses con la colaboración de la Universitat Politécnica de Valencia y una empresa de ingeniería. Además, es bastante fácil de utilizar. Para ello, el Polícia deber colocar el patinete en su superficie y apretar el acelerador al máximo. Si haciendo esto se marca que supera el límite permitido (25km/h) se sancionará al conductor con 500 euros y se inmovilizará el vehículo.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha considerado este lunes discriminatorio que un Estado miembro exija a un residente de larga extracomunitario haber residido al menos una década en su territorio para acceder a medidas de la seguridad social, de asistencia social o de protección social; cuando las normas de la UE establecen un periodo de cinco años de residencia legal e ininterrumpida para optar a la residencia de larga duración y, por tanto, tener derecho a la igualdad de trato.

Un juez de Badalona (Barcelona) investiga una querella contra diez mossos y policías locales de Sant Adrià de Besòs (Barcelona) acusados de detener ilegalmente a un hombre que había huido de un control, tras irrumpir sin orden judicial en su domicilio y golpear supuestamente a su hijo menor. El titular del juzgado de instrucción número dos de Badalona acuerda abrir una investigación y encargar a los Mossos d'Esquadra que investiguen las circunstancias de la detención, ocurrida el pasado 15 de mayo.

“No quiero que alguien de fuera de Israel venga a decirme qué derechos tengo. Esta es mi tierra, yo vivo aquí. Ni tú, ni otra gente en el mundo. ¿Pero por qué lo dicen? Yo creo que es porque soy judío. Este no es un pueblo civil, esto es la nación del judaísmo. Somos los hijos de Abraham, Isaac y Jacob, y venimos de la Biblia. Somos la misma nación que en la Biblia.”

Isabel Serra, eurodiputada de Podemos en el Parlamento Europeo, ha denunciado el espionaje orquestado por el Gobierno de Mariano Rajoy contra 55 diputados de Podemos en 2016. Ha sido en Bruselas durante la intervención del Comisario de Justicia, Didier Reynders, el día en el que se presentaba el informe sobre el Estado de Derecho.

La Agencia Tributaria hizo una investigación sobre las obras del Instituto Príncipe Felipe, que se hicieron fraccionando facturas para hacerlas pasar por contratos menores. Una carta de la Consejería de Educación admite que esa obra no se sacó a concurso, no consta en sus archivos y aún así no investigó más.La reforma costó 233.613,17 euros, muy por encima de lo que la Ley de Contratación del Sector Público califica de contrato menor (el que asciende, como máximo, a 40.000 euros más IVA). Se encargó a dedo a una empresa.

La inmigración ilegal es un fenómeno complejo y multifacético que plantea numerosos desafíos para Europa. En las últimas décadas, el continente europeo ha sido testigo de un aumento significativo en el número de personas que intentan ingresar de manera irregular, huyendo de conflictos, pobreza y persecución en sus países de origen. Este flujo migratorio ha generado un intenso debate sobre las políticas de control fronterizo, los derechos humanos y la integración de los inmigrantes en las sociedades receptoras.

La mayoría absoluta del PP en la Asamblea de Madrid ha bloqueado la petición de Más Madrid de celebrar un pleno extraordinario para debatir el caso de los centros de formación profesional construidos o reformados a dedo por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por importes millonarios con facturas fraccionadas. En al menos siete centros de la comunidad se intervino con este procedimiento irregular. No es “urgente”, ha esgrimido el portavoz del PP en la cámara, Carlos Díaz-Pache. El PSOE ha anunciado que llevará el caso a los juzgados.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) consideró este viernes que las políticas israelíes de asentamientos “violan el derecho internacional” y su “presencia continua” en Palestina es “ilegal”, y le exigió la “evacuación de todos los colonos”, el “desmantelamiento” del muro de separación y la devolución de tierras a sus residentes originales desplazados desde 1967.

En contra del criterio de la Audiencia Provincial del Madrid, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que han revisado la sentencia han considerado que los agentes no estaban habilitados para acceder con un ariete a dicho piso el 21 de marzo de 2021, ya que en él no se estaba cometiendo un delito flagrante ni concurrían los requisitos legales que les hubiesen permitido actuar de ese modo.

Destrozos, fiestas y un sinfín de problemas han llevado a numerosos residentes a protestar contra la comercialización ilícita de decenas de viviendas en Palma en manos de un único apoderado. Ingresa más de 300.000 euros al mes sin la pertinente autorización para realizar esta actividad. De acuerdo a los datos recabados por elDiario.es, Palma cuenta con 639 viviendas turísticas legales -que suman más de 4.300 plazas-, si bien, según el INE, se comercializan un total de 1.023. Es decir, al menos un 37,6% funcionan de manera ilegal.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a penas de inhabilitación por un delito de prevaricación al exconcejal del PP de Calp Bernardo Moll y al técnico del ayuntamiento de esa población Antonio Cabrera por exhumar de forma ilegal a un difunto de un nicho del cementerio municipal para enterrar en él a la abuela del segundo de ellos.

La finca familiar de la que forma parte la vivienda el senador del Partido Popular, Francisco Bernabé, ha sido objeto de la apertura de un expediente sancionador por la realización de obras ilegales consistentes en la «elevación del cerramiento» invadiendo prácticamente toda la acera. Obras que «no son legalizables, a efectos urbanísticos» según informe de la Arquitecta Técnica Municipal, de fecha 27 de noviembre 2023, al que ha tenido acceso RRNews.

La patronal de armadores Cepesca ha pedido “firmeza” al tribunal que juzgue la trama de blanqueo de capturas ilegales y comercio fraudulento de atún rojo, tras el auto de una jueza de la Audiencia Nacional para procesar a ocho personas y doce empresas investigados por esas actividades. Ha recordado que la investigación de la Guardia Civil, de la Operación Tarantelo, puso al descubierto una red que introducía anualmente en España más de 3.500.000 kilos de atún rojo ilegal proveniente fundamentalmente de Malta e Italia.

En la entrevista que Nacho Cano concedió, a Susanna Griso, para defenderse sobre el caso Malinche, explica que antes había "libertad en este país", pero que ahora "hay una mafia". "Ahora hay una manipulación de todos los poderes que tiene a todo el mundo acojonado".