El Ministerio de Yolanda Díaz ha alcanzado un preacuerdo sobre el texto con CCOO y UGT, del que ya se ha descolgado la patronal, aunque aún queda por cerrar “algún fleco”.

Las centrales creen que en breve superarán el disenso en torno a las prácticas extracurriculares. Los empresarios siguen en la mesa de diálogo y manifiestan voluntad de llegar a un entendimiento

No dió tiempo antes de Agosto, aún falta por incorporar a la reforma los derechos de cotización de los becarios, que acumula un gran retraso por parte del Ministerio de Seg. Social.Trabajo avisa a la patronal de que las prácticas no van a seguir siendo empleo "barato" y amaga con pactar solo con los sindicatos. El proyecto busca reconocer una serie de derechos mínimos a los estudiantes y, lo que plantea el problema con los empresarios, evitar el fraude de cambiar trabajadores por becarios. Las diferencias surgen de qué se entiende por becario.

El secretario de Estado, además, ha remarcado que en estos momentos el Gobierno está "en mayor sintonía" con los sindicatos "a la hora de delimitar cuál es la figura del estudiante en prácticas" y por contraposición cuando se trata de "falsos becarios". La prioridad del Ministerio, explica Pérez Rey, es la de poner fin a esta práctica tan dañina para el mercado de trabajo.

Tendrán derecho a cobrar un mínimo con la nueva ley, así como a descansos y vacaciones, además de un seguimiento individual por un tutor, que estará obligado a marcar sus pasos. Las empresas, además, tendrán limitado el número de efectivos y estarán obligadas por ley a buscar la paridad.

Mi vida de becaria es una de las etapas más dolorosas y oscuras. Quizás pudo ser que me tocó en un sector, el de los medios de comunicación locales, donde la precariedad era una realidad aplastante en aquella "España, va bien", que sería para los demás, pero no para mí y mis proyectos de vida que se paralizaron. Y estoy segura que lo que aquí escribo otras personas también lo podrían firmar.

Yolanda Díaz ya prepara el terreno para llevar a cabo, en los próximos meses, una batería de leyes laborales.

El pleno debate esta tarde una proposición de ley de Unidos Podemos que busca acabar con el “fraude generalizado” en las prácticas académicas universitarias externas y su “laxa regulación”, que provoca que miles de estudiantes acaben siendo explotados empresarialmente. Encadenan prácticas, en su gran mayoría, sin los derechos propios de los trabajadores y sin percibir un salario por ello. Algo que quiere atajar este grupo parlamentario con lo que ha denominado el Estatuto del Becario.El problema de los ‘becarios en fraude’ es grave..

Los estudiantes mexicanos becados del musical Malinche, del productor Nacho Cano, han presentado una nueva denuncia contra los policías de la comisaría de la calle Leganitos de Madrid por los seguimientos en el proceso de citación como testigos y han solicitado al juez una orden de alejamiento, según han informado los representantes legales de la productora. Los estudiantes ya habían denunciado a los policías el pasado 8 de julio por "coacciones, amenazas, falsedad documental y detención ilegal".

Se modifica el Estatuto de los Trabajadores y los despidos tras haber solicitado una adaptación de jornada ya no se declararán automáticamente como nulos.

Actualmente es obligatorio que las empresas den de alta en la SS a sus “becarios”, pero antes no lo era. Por ello, el pasado mes de mayo el Gobierno publicó una Orden por la que se permitía que los que fueron becarios, antes de que pagaran las empresas, firmaran voluntariamente un convenio especial con la SS por el que se pagaran a sí mismos sus cotizaciones. El problema principal era cuánto tenían que pagar, por lo que el Gobierno ha emitido una nueva Orden que modifica y mejora la anterior en algunos aspectos.

Los becarios de Nacho Cano en su musical Malinche se han querellado contra la Policía Nacional por coacciones y falsedad al considerar que los agentes que han intervenido en la operación les han presionado con amenazas para que acusen al músico de acoso sexual y de explotarles irregularmente.

La medida, anunciada el 30 de abril, implica que los investigadores tendrían que pagar hasta 17.000 euros a la Tesorería General de la SS para recuperar un máximo de cinco años y poder jubilarse antes de los 70. Cientos de afectados, agrupados en la plataforma Antiguos Becarios de Investigación y Docencia (ABID), consideran su situación “una injusticia histórica”. Denuncian que trabajaron, sobre todo antes de 2011, empalmando becas predoctorales y posdoctorales, sin que las entidades, principalmente del sector público, cotizasen por ellos

Antes no era obligatorio que las empresas dieran de alta en la Seguridad Social y pagaran cotizaciones por sus “becarios”, por lo que hay millones de personas a las que no les cuenta su tiempo de “becario” para su pensión de jubilación. El Gobierno lo ha pretendido arreglar permitiendo que estas personas se paguen a sí mismas esas cotizaciones y así tengan más tiempo cotizado para la jubilación. El problema es cuánto tienen que pagar en comparación con lo que tendrían que pagar si fueran una empresa contratando becarios.

Aprovechando el revuelo generado después de que Felipe VI concediera el título real a la Acadèmi de Sa Llengo Baléà, Vox quiere ahora que el Govern de Marga Prohens cambie la denominación catalán por la de "lenguas baleares" en el Estatut de Autonomia.

La exministra y candidata a las elecciones europeas de Podemos, Irene Montero, ha propuesto una jornada laboral de 35 horas semanales sin pérdida de salario, dos horas y media menos que la iniciativa de Sumar liderada por Yolanda Díaz. A la entrada de unas jornadas en el Congreso para hablar sobre un nuevo estatuto de los trabajadores y trabajadoras, la 'número dos' de Podemos ha defendido la jornada de 35 horas para "repartir el trabajo" en España. "Estamos proponiendo que se queden 35 horas de trabajo a la semana sin pérdida de salario.

En mi cocina ni se me ocurre ser tan cabroncete como en MasterChef....

Los conservadores sostienen sin aportar pruebas que el PSOE estaría dispuesto a introducir cambios no pactados en el texto para satisfacer a los independentistas