La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia considera que la futura norma, cuyos mimbres se detallan en el Anteproyecto, incorpora numerosas restricciones de acceso y de ejercicio que no están justificadas si tenemos en cuenta los principios de una regulación económica eficiente. Por ejemplo, aludimos al caso concreto de los procuradores, podólogos, enfermeros o graduados sociales, a los que se impone la colegiación obligatoria, una circunstancia que entendemos parece no estar justificada.
