El exconseller Rafael Blasco ha sido condenado a una pena de 8 años y 6 meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público -que ya no ocupa- como responsable de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de fraude a la Administración en el marco de la quinta pieza del caso Cooperación, por el amaño de contratos informáticos.

Tres de los acusados en el último juicio del caso Cooperación han alcanzado una conformidad con la Fiscalía por la que admiten su participación en los hechos y aceptan penas de alrededor de un año de prisión. Se trata del empresario Tauroni , la que fuera secretaria general de la Conselleria de Cooperación Tina Sanjuán y el exjefe de servicio de informática Javier Mucia. El exconseller Rafael Blasco, ha rechazado pactar, por lo que el juicio sigue adelante. Anticorrupción reclamaba provisionalmente para él dos años y ocho meses de cárcel.

El Tribunal de Cuentas ha embargado 59.000 euros de tres condenados en el Caso Cooperación, entre ellos, el exconseller y exportavoz del PP en les Corts Valencianes, Rafael Blasco, y ha transferido esta cantidad a la Generalitat Valenciana dentro del procedimiento de reintegro por alcance para recuperar el dinero sustraído a las arcas públicas.

El nuevo juicio deriva de la investigación sobre el fraude en las subvenciones a ONG y en los fondos para construir un hospital en Haití –las piezas 2 y 3 del caso–, en la que junto al exconseller están acusados el empresario César Augusto Tauroni, el exjefe de Cooperación del Consell, Marc Llinares, y otras 21 personas. La Fiscalía Anticorrupción, la Generalitat Valenciana y la Coordinadora de ONGD reclamaron hasta 170 años de prisión en total.

Dentro de la serie dedicada por a las corruptelas valencianas hay que hacer una parada obligatoria en uno de los episodios más lamentables, y deleznables, que se recuerdan en la capital del Turia. Hablamos del caso Cooperación. En este tema no solo se robó dinero del erario, sino que además era el dinero destinado a los más desfavorecidos del planeta, a las ONG que debían supuestamente ayudar a los más pobres y necesitados, pero que en realidad hicieron todo lo contrario.

La titular del juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, Nieves Molina, ha abierto juicio oral contra el exconseller de Cooperación Rafael Blasco y contra otras 23 personas por el fraude de más de 8 millones de euros de los fondos públicos de la cooperación valenciana. La magistrada finaliza la investigación que ha durado casi ocho años y reclama a los acusados que devuelvan subsidiariamente 8,2 millones que debían haber ido a proyectos en Nicaragua, Perú, Paraguay, Haití o Guinea y que acabaron en empresas, apartamentos en Miami y un yate.

La Abogacía de la Generalitat Valenciana solicita más de 170 años de cárcel para los 21 procesados, entre ellos el exconseller Rafael Blasco, en las piezas 2 y 3 del caso Cooperación por posibles irregularidades en subvenciones a ONG y la construcción de un hospital en Haití que habrían cometido como "grupo criminal".

El Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia ha concluido la instrucción y ha dictado el auto de procedimiento abreviado en dos piezas separadas del 'Caso Cooperación' --2 y 3-- en las que se investiga a 21 personas, entre ellas, el exconseller de Solidaridad y Ciudadanía de la Generalitat Valenciana Rafael Blasco por presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones a ONG y en la construcción de un hospital en Haití.

El Juzgado de Instrucción número 21 de València, que instruye dos piezas separadas del conocido como caso Cooperación, ha formado una pieza más sobre la supuesta trama de amaño de contratos por servicios informáticos en la que incluye como investigado al exconseller Rafael Blasco, actualmente en prisión.

Hay dos apuntes contables por valor de 5.000 euros, en concepto de estudios y trabajos técnicos, a nombre de Luis Fernando Castel Aznar, imputado en el caso Blasco. Castel Aznar era el evaluador externo de los proyectos de Cooperación que se proponían a la conselleria que dirigía Rafael Blasco y que “ha acabado formando parte de la larga lista de imputados de este caso lamentable y vergonzoso”.

La titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia ha citado a otros 28 testigos para que declaren, a partir del mes de septiembre, por las piezas 2 y 3 del caso Cooperación, relativas a subvenciones de la extinta Conselleria de Solidaridad y de la construcción de un hospital en Haití.

Se trata del segundo aplazamiento en el alto tribunal para pronunciarse sobre la causa por el fraude de ayudas al Tercer Mundo, dentro de la pieza 1 del conocido como caso Cooperación, relativa a irregularidades en la concesión de ayudas por parte de Solidaridad a la Fundación Cyes para proyectos en Nicaragua y por la que Blasco fue condenado a ocho años de prisión, junto con otros ex altos cargos del Consell.

La Coordinadora Valenciana de ONGD continuará personada en el conocido como 'caso Cooperación', en el que se investiga un fraude de subvenciones otorgadas por la extinta Conselleria de Solidaridad a diferentes ONGs, tras recaudar 9.000 euros para cubrir gastos judiciales (...) Desde la Coordinadora Valenciana de ONGD han mostrado su "satisfacción" por la implicación y contribución de más de 300 personas y entidades, que ha supuesto haber superado el objetivo marcado en el 'crowdfunding' generado en la plataforma Lanzanos.

Considera la fiscalía anticorrupción que hubo malversación no sólo en el momento de la concesión de las ayudas, sino que se prolongó durante el desarrollo del proyecto. Si prospera el recurso la pena de prisión a Blasco podría incrementarse hasta los 14 años.

Subsidiariamente, el ministerio fiscal ha reclamado el pago de dos millones de fianza, durante la vista celebrada en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) sobre medidas cautelares que, a petición de la propia Fiscalía, se debería aplicar tanto sobre el exconseller como para otros seis acusados.

Creo que nadie podrá negar que habrá un antes y un después del miércoles 28 de mayo de 2014 cuando, a las 9:15 de la mañana, en las puertas del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, se conocía la noticia de la condena a 8 años y un día de cárcel y 20 años de inhabilitación absoluta a Rafael Blasco Castany.

El grupo Esquerra Unida de Les Corts Valencianes ha colocado un cartel con esa frase en el escaño del exconseller de Solidaridad y actual diputado no adscrito, Rafael Blasco, condenado por el caso Cooperación.

Fiscalía Anticorrupción de Valencia ha elevado a definitiva su petición de 14 años de cárcel y 33 de inhabilitación para el exconseller de Solidaridad y actual diputado No Adscrito Rafael Blasco por un presunto delito continuado de malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias y como inductor del delito de falsificación documental, en la pieza del 'caso Cooperación' relativa a las ayudas a la Fundación Cyes.

“Lo de los pisos era muy escandaloso. Era mucho dinero para gastar aquí cuando de normal no se puede comprar ni un ordenador, y mucho menos unos pisos. Era una cosa absolutamente irregular”, explicó en el Tribunal Superior una de las técnicos que rechazó que la Fundación Cyes pudiera recibir las subvenciones. Como otros funcionarios y cargos intermedios, fue expulsada de la consejería que dirigía Blasco tras oponerse a su decisión.

El Juzgado de lo Social número 3 de Valencia ha acordado la declaración de insolvencia de la Fundación Hemisferio, una de las empresas implicadas en el caso Cooperación, que investiga el supuesto desvío y malversación de fondos de la Generalitat para cooperación internacional. La investigación relacionó a la entidad disuelta, entre otros asuntos, con el proyecto del hospital de Haití.

Rafael Blasco ha vuelto a pinchar en hueso con la magistrada que ha instruido el saqueo de fondos públicos que salieron de su Conselleria. Pía Calderón se reafirma y sigue adelante con su intención de abrirles juicio a él y al resto de imputados en la trama que desvió el dinero destinado a las ONG.

El PSPV solicita un total de 15 años de prisión para el diputado del PP y exconseller de Solidaridad, Rafael Blasco, así como una inhabilitación de 30 años para cargo público y una multa de 1,9 millones de euros, en la pieza separada que se instruye en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en relación con el supuesto fraude en las ayudas concendidas a la Fundación Cyes para proyectos en el tercer mundo, dentro del 'caso Cooperación'.

La magistrada ve «indicios de criminalidad» contra el popular, al que imputa «malversación, tráfico de influencias y falsedad»

La Fiscalía de Valencia mantuvo en el informe que remitió al juzgado de Instrucción número 6 de Valencia que no hay "lugar a dudas" de que el exconseller de Hacienda y Administraciones Públicas José Manuel Vela filtró al diputado del PP en las Corts y extitular de la extinta Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, un informe judicial requerido dentro del 'caso Cooperación', pero de contenido "irrelevante". Relacionada www.meneame.net/story/juez-archiva-causa-contra-exconseller-vela-presu

La Guardia Civil encuentra ahorcado en el patio de su casa de Santovenia al trabajador de la funeraria El Salvador que destapó el 'caso ataúdes'. Según explican a este periódico las fuentes de la investigación, el cadáver del hombre de 73 años, que apuntan se habría suicidado, era hallado la tarde este miércoles en torno a las 20.30 horas. La muerte del denunciante del caso del cambiazo de los atáudes en la Funeraria El Salvador de Valladolid no afectaría a la instrucción judicial del caso, según señalan la fuentes jurídicas consultadas por es

La comunidad medieval de este asentamiento situado en la provincia de Burgos, en la frontera entre los reinos cristianos del norte y Al-Ándalus, vivió siglos en relativo aislamiento. Sin embargo, científicos españoles y suecos han encontrado en este lugar pruebas del primer caso conocido de la enfermedad. En el asentamiento secuenciaron, por primera vez en el sur de Europa, los rastros de una cepa temprana de viruela del norte del continente encontrada en restos dentales de un individuo...
www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adp8625

El Gobierno de Nicaragua canceló ayer la personería jurídica a 1.500 asociaciones sin fines de lucro: organizaciones católicas, defensoras de la diversidad sexual, educativas, sociales, deportivas y de militares retirados, y ordenó traspasar sus bienes al Estado. Es el mayor cierre de ONG desde las protestas de 2018; son ya más de 5.200 disueltas. Es la primera vez que se ilegalizan 1.500 ONG en un solo acto, 3 días después de anunciar que las ONG tendrán que formar "alianzas" con instituciones del Estado para ejecutar sus proyectos en el país.

Hay muchos casos en los que el despido puede ser declarado nulo, con condena a la readmisión del trabajador pagándole y cotizando los salarios de tramitación (su sueldo completo entre despido y readmisión). Sin olvidar que el trabajador puede esquivar fácilmente la readmisión sin dejar de cobrar los salarios de tramitación y que además puede cobrar una indemnización aparte en los casos de vulneración de sus derechos fundamentales. Pero todo eso funciona solo cuando el asunto llega a juicio y hasta el final.

Así lo ha dicho después de que el fiscal de sala de Medio Ambiente, Antonio Vercher, dijese en una entrevista a El País que el caso gallego está "archivado" o "a punto de ser archivado" tras determinar que el vertido de inicios de año "tenía muy poca entidad", procedía de un solo contenedor y "había estudios contradictorios sobre su peligrosidad". "Nos congratulamos de que la Fiscalía coincida con lo que, desde un primer momento, dijo la Xunta", ha apuntado Vázquez en unas declaraciones difundidas por el Gobierno gallego, en las que apun

Hoy se firmó en el Palacio Piacentini, en presencia del Ministro de Empresa y Made in Italy, Adolfo Urso, un memorando de entendimiento entre la empresa italiana Bee Solar y la china Huasun para iniciar una cooperación estratégica en el sector fotovoltaico. Con este acuerdo Bee Solar, pretende crear un centro de producción en Italia, explotar la tecnología y el know-how de Huasun, iniciar la construcción de la planta en el primer trimestre de 2025 y establecer una instalación de fabricación avanzada y competitiva en Europa.

Los dos detenidos han ingresado en prisión de forma inmediata tras prestar declaración judicial. Los dos fueron condenados a cárcel por estafar más de 400.000 euros. El padre fue condenado a 5 años, y la madre, a 3. En el año 2010 crearon una fundación para conseguir fondos para su hija, que padecía una enfermedad rara. Tras varios años recaudando dinero se descubrió que el dinero no había sido utilizado para la cura de la niña.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado una querella por un presunto delito de prevaricación contra el juez Juan Carlos Peinado, que dirige la investigación contra su esposa, Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencia y corrupción en los negocios. Dicha denuncia la llevará a cabo la abogada Zaida Fernández Toro, la misma que se niega a pactar con el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador.

La Audiencia Provincial de Málaga ha reanudado este lunes el proceso por el caso Astapa en el que se investiga la corrupción urbanística en el ayuntamiento de Estepona (Málaga), citando a los 37 procesados para que ejerzan su derecho a la última palabra y pueda dictarse sentencia.Anticorrupción mantiene que entre 2003 y la primera mitad de 2007 el gobierno de coalición formado por el PSOE y el Partido de Estepona crearon una caja B en el Ayuntamiento y aumentaron el gasto público, para beneficio propio o de los partidos.

El juez que investiga a Begoña Gómez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios tomará declaración este lunes en calidad de investigados al empresario Juan Carlos Barrabés y al rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache. Precisamente, ha trascendido que Barrabés ha recurrido su imputación ante el juez, y por tanto su citación, alegando que "de lo actuado no se deduce razón alguna para prestar declaración como investigado o dirigir la investigación" en su contra.

El juez peinado descubre sin querer el gran secreto de Pedro Sánchez y Begoña Gomez en la audiencia

La organización pide transponer la directiva anti SLAPP, “que castiga el uso de la justicia para amedrentar periodistas”

El Tribunal Supremo (TS) ha acordado dejar el 'caso Koldo' en manos de la Audiencia Nacional y no de la Fiscalía Europea al considerar que no se han visto afectados los intereses financieros de la Unión Europea. Lo que se investiga "es la posible existencia de una organización criminal destinada a obtener de forma irregular adjudicaciones de contratos de material sanitario en distintas administraciones públicas nacionales".

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado este miércoles inadmitir por falta de legitimación el recurso de alzada interpuesto por 'Hazte Oír' y 'Iustitia Europa' contra el acuerdo gubernativo adoptado por la jueza decana de Madrid, María Jesús del Barco, por el que se dispuso, entre otras cosas, que Begoña Gómez pudiera acceder por el garaje a los juzgados el pasado viernes 19 de julio. La decisión de la Comisión Permanente llega después de que el hecho que impugnaban ambas acusaciones populares haya tenido lugar

El juez Juan Carlos Peinado ha dictado otra providencia este mismo lunes en la que acuerda imputar al rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache, a quien cita el próximo 29 de julio a declarar, y que ya prestó declaración como testigo hace unas semanas. Es la segunda vez que el juez cambia la situación procesal de un testigo en esta causa: ya lo hizo el pasado viernes cuando acordó investigar a Juan Carlos Barrabés, adjudicatario de varios contratos que centran la causa