Aunque se desconoce el número preciso de personas ejecutadas en China, el país siguió encabezando el ranking de los mayores ejecutores a nivel mundial, pues Amnistía Internacional cree que el año pasado miles de personas fueron ejecutadas allí. Sin tener en cuenta las ejecuciones que se cree que han tenido lugar en Afganistán, Corea del Norte, Siria y Vietnam y cuyo número ha sido imposible determinar, al gigante asiático le siguen Irán (con al menos 576 ejecuciones

La auditoría de la firma PwC a las cuentas de Goodgrower del ejercicio 2023, fechada el pasado 14 de junio, recoge por segundo año consecutivo una salvedad por este motivo. El auditor deja patente que las cuentas de la sociedad de cabecera de los Gallardo “no incluyen la información relativa al importe de los sueldos, dietas y remuneraciones de cualquier clase devengados en el curso del ejercicio y del ejercicio anterior por el personal de alta dirección y de los miembros del órgano de administración”. La normativa contable obliga incluir eso

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado hoy interponer un recurso de inconstitucionalidad contra Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña y ha autorizado al Gabinete Jurídico el ejercicio de acciones para formalizar el recurso.

El Tribunal de Cuentas ha acordado plantear una cuestión prejudicial a la Justicia Europea sobre la ley de amnistía en el marco del procedimiento sobre el desvío de fondos públicos para el «procés», al albergar dudas de que la norma entre en colisión con la normativa comunitaria. El auto del procedimiento que afecta a Carles Puigdemont y a una treintena de altos cargos subraya que es «muy difícil conciliar» la ley de amnistía con la «prevención de la impunidad del fraude y la corrupción» que persigue el derecho de la Unión Europea

El cuestionamiento de la ley de amnistía por parte del Tribunal de Cuentas también se basa en argumentos similares a los expuestos por el Supremo en la cuestión de inconstitucionalidad planteada ante el Constitucional el pasado miércoles. El órgano fiscalizador estima que la norma vulnera los principios de igualdad y de no discriminación, porque la excepción penal que establece (para los delitos cometidos en nombre de la independencia de Cataluña) no está justificada, afirma, por un criterio objetivo y razonable.

La Sala de lo Penal pasa de afirmar en su sentencia que el desafío soberanista de 2017 fue un "señuelo" sin opciones de éxito a afirmar en su cuestión de inconstitucionalidad que fuera una intentona golpista, apoyándose en argumentos literales de los fiscales del procés que quedaron rechazados en 2019.

En el momento en el que escribo estas líneas, el TS ha facturado la ley de amnistía al TC. Sobre los puntos oscuros: a) el TS defiende su sentencia al procés, atacando a los manifestantes de 2019, a los que llama b) golpistas, con todas las letras [Por Guillem Martínez].

La Sala de lo Penal interpone una cuestión de inconstitucionalidad contra el primer artículo de la ley, que describe todos los supuestos a los que alcanza el perdón de la norma, y denuncia que “unos son excluidos de toda responsabilidad penal mientras otros deberán cumplir sus condenas"

El agente propinó una patada que desencadenó lesiones y secuelas que requirieron tratamiento médico y quirúrgico

La magistrada concluye, al contrario que el Alto Tribunal, que los gastos exteriores para promover el proceso soberanista por los que estaba imputado el exconseller Homs no afectaron a los intereses financieros de la Unión Europea

Muchos gobiernos del PP Y Vox están planteando eliminar la ley de Memoria Democrática y sustituirla por una ley de Concordia, ¿pero puede existir una ley de Concordia, cuando sigue vigente la ley de Amnistía de 1977, que perdonó el genocidio y dejó impune a asesinos, torturadores y mantuvo en su sitio a jueces antidemocráticos?

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha entrado ya en Cataluña desde la frontera francesa que da acceso a La Jonquera (Girona), tras más de seis años residiendo en Suiza huida de la justicia española por el procés. Rovira va en coche camino en estos momentos de Cantallops, localidad ampurdanesa cercana a la frontera con Francia, para ser recibida en un acto junto a otros investigados en la causa de Tsunami Democràtic, ya archivada, y que residían desde hace algunos meses también en Suiza

Tres días antes de que Junts y PSOE plasmaran por escrito su acuerdo para sacar adelante una ley de amnistía para los condenados y procesados a raíz del procés independentista, el juez Manuel García Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción 6, enviaba una exposición razonada al Tribunal Supremo sobre la causa Tsunami Democràtic, referida a las acciones de protesta en Catalunya por la sentencia del procés, en octubre de 2019.

El número de beneficiados por la ley de amnistía ronda en estos momentos las 90 personas, todas ellas han recibido la exoneración judicial, incluida la cancelación de sus antecedentes policiales, en Catalunya. La Fiscalía General del Estado calcula que de esta ley podrían beneficiarse 486 personas, que son las encausadas en los 82 procedimientos penales que se encuentran actualmente en tramitación. Dichas causas se reparten entre el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y juzgados y tribunales de Catalunya.

¿Llarena y Marchena han prevaricado? No. Porque el delito de prevaricación exige que un juez toma una decisión sabiendo que es contraria al derecho. Lo que pasa es que los jueces del Supremo están convencidos de que su trabajo y su tarea es salvar a España y de que su función implica reinterpretar las leyes de la manera más conveniente a su ideal de España y relación con el independentismo.

Desde el Consejo General del Poder Judicial ya han dejado claro que enfrentar a dos tribunales en los tribunales carece de sentido por lo que lo mejor será una batalla “de caballeros” con bates de béisbol en el parking de la calle Isaac Peral, cercano al edificio del Constitucional. Para los profesores de Derecho Constitucional, como Joaquín Urías, en esa pelea, que tendrá lugar posiblemente tras el verano, “se decidirá absolutamente todo, si Puigdemont vuelve, si la ley de Amnistía es viable… todo”.

Hace un año la cúpula judicial ganaba el pulso al Gobierno de Pedro Sánchez por la ley de garantía integral de la libertad sexual al negarse a aplicar una disposición del Código Penal con la que se hubieran evitado muchas rebajas de condenas a agresores sexuales. La negativa del Tribunal Supremo a aplicar la amnistía para el delito de malversación por el que fueron condenados los líderes independentistas es la culminación, con un broche de insumisión, de la campaña política que desde el Alto Tribunal se ha exhibido con el tema del procés