Medio millón de empleos en empresas privadas cuya continuidad depende de la subcontratación con administraciones públicas pierden entre el 10% y el 15% de sus ingresos. ERE y negociación a la baja de salarios y al alza de jornadas de trabajo se convierten en moneda común antes y después de los procesos de licitación de los servicios públicos.

Cofely España S.A., la filial española del gigante energético GDF Suez, es la única compañía que queda en la puja por el mayor contrato público (alrededor de 70 millones de euros) que oferta el Ayuntamiento de Móstoles (PP) para mantener la gestión energética de todos los edificios municipales (unos 145) durante los próximos 12 años. Las otras dos empresas que aspiraban a ser las contratistas, la francesa Dalkia y la mostoleña Fulton, fueron apartadas de la puja el jueves por un error en las ofertas presentadas.

El exconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo cobró al menos 488.054 euros de la trama 'Gürtel' por su "mediación para la obtención de contratos y otras resoluciones administrativas favorables a los intereses de Francisco Correa", según consta en un nuevo informe de la Agencia Tributaria remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.

Las adjudicatarias del concurso puesto en marcha por la Comunidad de Madrid podrían renunciar a una compensación monetaria por la suspensión de las privatizaciones a cambio de la convocatoria de un nuevo contrato público. El sucesor de Lasquetty ha afirmado que Sanitas, ya ha firmado un acuerdo con el Gobierno regional en el que se compromete a no reclamar “absolutamente nada” por la paralización del proceso, y ha asegurado que las otras dos harán lo propio en esta semana. Un argumento que ha sido defendido por diversas fuentes jurídicas.

Muchos desconocéis que el art.213.3 LGSS y los arts.38 y 39 RD 1445/82 permiten que la Administración Pública ponga a trabajar a los parados que estén cobrando paro. El trabajador tiene la obligación de realizar este trabajo y el “premio” consiste que en vez de cobrar el porcentaje de paro que le toque (según el mes de prestación en el que esté) cobrará el 100%. Pues bien, el TS ha cambiado de criterio en su reciente sentencia de 22/1/14. Siguen diciendo que se presupone la utilidad social en la AP pero que ya no se presupone la temporalidad.

Santiago Lesmes Zabalegui estuvo ayer en Santa Cruz de Tenerife ofreciendo una charla sobre la necesidad de que la Administración introduzca cláusulas sociales en los contratos que formaliza con las empresas privadas. Estas cláusulas tienen como principal objetivo obligar a las empresas a dar empleo a los colectivos más desfavorecidos.

¿Cuál es el cartel publicitario que más se ve en el Metro de Madrid? El de la empresa que en teoría se encarga de buscar anunciantes, la firma francesa JCDecaux. Esta multinacional se hizo en enero con el contrato exclusivo para la explotación de la concesión.

El Ayuntamiento de Madrid quiere ahorrar un 10% del presupuesto que se gasta para mantener a punto las 230.000 farolas, los 2.800 semáforos y las 566 fuentes ornamentales de la ciudad de Madrid, de las que se encargan actualmente 500 empleados durante los 365 días del año

La imagen de Sara Carbonero es una marca en alza, y no solo por su belleza. Su relación con el portero de fútbol Iker Casillas, del que espera un hijo, también ha ayudado a la presentadora a hacerse más popular y, más importante aún, aumentar su caché y sus beneficios.

Según aparece publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la entidad, dependiente del Ministerio de Industria, pagará al grupo Bassat Ogilvy 205.000 euros por la “gestión operativa de la actividad de Turespaña en medios sociales on line”.

Helga de Alvear, la galerista y coleccionista más importante de este país, con todo su fondo cedido a Cáceres, ha topado con la cruda realidad española en formato siciliano. En pasado 20 de marzo se sentó a firmar un acuerdo con la empresa municipal Madrid Arte y Cultura, SA (MACSA), probablemente una de las organizaciones menos transparentes de este país, en el que debía asumir la “confidencialidad” en estos términos.

La diputada de C's en el Parlamento Carina Mejías ha pedido este lunes al Gobierno catalán que aclare la adjudicación de varios contratos, entre ellos a las empresas Deloitte y PriceWaterhouseCoppers (PwC), para recibir asesoramiento sobre la creación de un banco público. Según publica Expansión, la Generalitat se ha gastado más de medio millón de euros para estos asesoramientos, algo que para C's es un "derroche" de dinero público en plena crisis y pleno recorte del gasto público. Mejías también ha criticado que, con las dificultades...

El proceso para adquirir bienes o servicios con dinero público, a partir de ciertas cuantías y en la mayoría de los casos, tiene que ser público. Por ley. Pero en algunos casos nos encontramos con incumplimientos de la norma y barreras al acceso de los ciudadanos a esa información. Uno de los casos más llamativos de los últimos meses es el de Pablo Castro, que ha pedido a la Generalitat de Catalunya en repetidas ocasiones el desglose del contrato para gestionar la red Rescat. No es un asunto trivial: el monto suma 160 millones de euros.

El Tribunal de Cuentas Europeo ha analizado la viabilidad de las carreteras cofinanciadas por la UE desde 2000. Las españolas salen mal paradas en el informe. El TCE concluye que los proyectos viales de España son los más costosos en comparación con los Estados miembros que más fondos comunitarios reciben. La comparativa más sangrante se produce entre España y Alemania. Mientras que en el país germano el coste medio total de carreteras es de 287.000 €, los subvencionados por la UE en España necesitan casi 500.000 €.

¿Se puede hacer un negocio de 1,8 millones de euros en un día? Se puede. Y más difícil todavía: ¿se puede hacer ese mismo negocio si interviene la lenta Administración pública, máxime si se tiene en cuenta que es necesario que exista un informe de expertos, comunicación de salvedades, reparación de errores, nueva revisión del contrato e informe definitivo? Se puede. Sólo se necesita un poquito de mano (o mucha) en la Administración, o sea, que esta esté regida por amigos.

La Conselleria de Presidencia ha contratado como personal eventual al que ha sido el cocinero del Palau de la Generalitat en las últimas legislaturas, debido a que la Agencia Valenciana de Turismo, donde estaba adscrito su puesto de trabajo, lo incluyó en su Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que se aprobó en el mes de febrero y afectó a otras 32 personas.

Las universidades madrileñas suspenden a la hora de hacer cuentas o de conocer los principios legales de las contrataciones públicas. Eso, al menos, es lo que dice el informe fiscalización de 2011 realizado por la Cámara de Cuentas de la Comunidad. De los 422 expedientes analizados, el 78% se llevó a cabo sin publicidad. En total, fueron 35 millones de euros adjudicados de forma directa. Estas son las conclusiones

El grupo de empresas Esabe está siendo investigado por la policía y la Fiscalía Anticorrupción por un fraude de 30 millones de euros a la Seguridad Social. Tras una operación en la que hubo veinte detenidos y que motivó la fuga de su propietario, Juan José Prados del Pino, uno de los imputados declaró que la sociedad ahora investigada pudo contratar con Sanidad porque pagaba sobornos a un directivo de la conselleria llamado "Eloy". Concretamente para un contrato de servicios, no aclaró si seguridad o vigilancia, en el hospital la Fe.

La Cadena SER ha tenido acceso a los interrogatorios de los directivos y trabajadores de esta empresa de seguridad investigada por un presunto fraude de 30 millones de euros a la Seguridad Social

Es un delito moral y no solo penal que un solo euro público se malgaste o se corrompa hoy en un servicio, contrato o suministro que no esté debidamente sopesado, investigado y analizado. La situación llega al absurdo de que los funcionarios de la Presidencia del Gobierno poseen una sanidad privada extra pagada con fondos públicos de los demás contribuyentes. Y cuando el resto de la ciudadanía y de las empresas mira al céntimo el gasto, la misma Presidencia del Gobierno renueva los trajes de sus empleados a precios inverosímiles.

La nueva ley de emprendedores que prepara el Gobierno supondrá una reforma a fondo de la contratación pública en España con el fin de abrir la mano y facilitar que las pequeñas y medianas empresas (pymes) puedan de forma directa o indirecta participar de un pastel que representa el 15% del PIB. En paralelo, la normativa estimulará la creación de nuevas empresas y reducirá los requisitos...

El Tribunal de Cuentas, en un extenso informe de fiscalización de las fundaciones de ámbito local, subraya que más del 80 por ciento de los ingresos anuales que percibe la entidad Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB), son aportados por el Ayuntamiento de Valencia, determinando en su dictamen que se trata de una entidad integrante del sector público. La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá siempre ha sostenido que se trata de una entidad privada que por tanto no estaba sujeta a las normas de contratación pública

En esta ocasión, 200 ciudadanos y ciudadanas han participado en el acto, que ha despertado gran expectación entre bañistas y paseantes de todas las nacionalidades. Decenas de militares han formado en el corazón del paseo Jaume I, bajo las banderas izadas de todas las comunidades autónomas y con la estatua del Rei Jaume I como testigo.

Al igual que entonces —Milei visitó Madrid entre el 17 y 19 de mayo para presentar su libro El camino del libertario y asistir a la reunión europea de la extrema derecha convocada por Vox en Vistalegre—, el viaje “no oficial” del presidente ha vuelto a ser financiado por el Estado argentino y cuenta con el apoyo logístico del español. Entonces, el concejal Gabriel Solano, del Partido Obrero, denunció penalmente al presidente y a su hermana, Karina Milei, por usar fondos y bienes públicos con “fines privados”.

La oposición critica una operación que supone la adquisición de 63.000 metros cuadrados en un espacio que lleva cerrado desde 2019

Los Mossos d'Esquadra han detenido en la avenida València de Lleida a un hombre acusado de un delito de atentado contra agentes de la autoridad. La policía catalana recibió el aviso a las 23.54 h, alertados de que un hombre se estaba masturbando en un portal. Además, testigos han explicado a SEGRE que el hombre se habría tocado los genitales delante unas chicas que se encontraban en la calle.

Tres de estos trabajadores han lanzado "un llamamiento a las autoridades competentes". Les han despedido por pedir que les paguen, al igual que a otros tres obreros: David, Florin y Enrico: "Nos ha dicho que no nos va a pagar nada, que nos vayamos", ha denunciado uno de ellos. "Nos echó de la obra y nos quitó el alojamiento del hotel", "Llegamos a casa después de las 19:00 o 20:00 de la noche, levantados desde las 05:00 de la mañana", ha contado el mismo trabajador. Además, aseguran que descansan solo los domingos y hacen dos horas de trayecto.

Dos empresas que han sido condenadas por montar un cártel en la industria de defensa para repartirse millones de euros en contratos públicos han creado en el último año una sociedad pantalla en común para seguir optando y ganando licitaciones. Las empresas en cuestión son Cohemo y SDLE (Star Defense Logistics & Engineering), dos contratistas habituales del Ministerio de Defensa en los últimos años.

Emilio Delgado: El traspaso del dinero público hacia los bolsillos cercanos al Partido Popular y el deterioro de los servicios públicos son dos caras de una misma moneda.

La batalla por un futuro en el que todas las personas puedan tener una buena vida no será fácil. Consecuencias de los fondos de inversión de beneficio inmediato: Políticas de privatización impuestas por los gobiernos neoliberales, degradando los servicios de educación, sanidad y agua públicos, o vendiendo viviendas de protección social a estos fondos para que obtengan pingües beneficios con la especulación.!.Creacion oligopolios que controlan una gran parte del mercado y limitan la competencia, lo que puede llevar a un aumento de los precios pa

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Vigo a un hombre acusado de vender contratos de trabajo ficticios a ciudadanos extranjeros en situación irregular, cobrando entre 2.000 y 3.000 euros por cada uno. Este falso empleador facilitó al menos 25 contratos fraudulentos en un breve periodo de tiempo, aprovechando la desesperación de quienes buscaban regularizar su situación en España. Las indagaciones de los agentes del grupo UCRIF revelaron que el detenido se presentaba como empleador de una supuesta empresa de reparto de mercancías.