La ampliación del Prat no es, por supuesto, el único caso en el que la oposición de los vecinos o de las autoridades locales frena un plan de inversiones por causas medioambientales. Pero es, sin duda, el más llamativo. Y lo es porque al tratarse de una inversión estratégica para España, cuyo PIB es muy dependiente del turismo y de sus actividades conexas, aflora un debate sobre los límites de las competencias locales y autonómicas y el interés general.
