Los requisitos cada vez mayores de los caseros llevan a algunos inquilinos a hacer uso de prácticas ilegales que conllevan penas de prisión

La policía nacional ha detenido a 11 jóvenes, uno de ellos menor de edad, por presuntamente asaltar, humillar y agredir a personas sin hogar en el barrio valenciano de Patraix, según ha confirmado la policía. Una de las víctimas denunció que le intentaron quemar la cabina del camión dónde dormía y le obligaron a beber orina mientras lo grababa con el móvil. No es el único episodio que los jóvenes compartieron en redes sociales. Los detenidos solían grabar los episodios de humillación para difundirlos en redes sociales. [Val/Cat]

Entre el 60 y el 65 por ciento de los 7.500 trabajadores de la multinacional DXC, más de 900 de ellos en Avilés, han seguido este lunes la primera jornada de huelga convocada para pedir un aumento de sueldo y recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años.

Cien preguntas a responder en un tiempo máximo de 45 minutos. Esa fue la prueba teórica a la que tuvieron que enfrentarse los cerca de cien aspirantes a convertirse en técnico medio de informática de la Universidad de Zaragoza, ejercicio que finalmente nadie logró aprobar. La convocatoria pretendía cubrir siete plazas de funcionario del Grupo A (subgrupo A2) por el procedimiento de libre acceso, por lo que cualquiera que reuniera los requisitos de las bases -tener más de 16 años o contar con un título universitario.Un

No es la primera vez que un error informático desata el caos para una conocida firma y permite que sus clientes obtengan artículos de importante valor por un precio irrisorio. Esta vez le ha tocado el turno a Cartier, que ha visto cómo un hombre de origen mexicano ha logrado llevarse dos pares de pendientes de diamantes por apenas 13 euros, siendo su coste real de 13.000 euros. Rogelio, como así se llama el gran afortunado, visitó la página web de Cartier en México y mientras navegaba se dio cuenta de lo que era una oferta irresistible.

El juicio contra Álvarez-Cascos por un presunto delito de apropiación indebida comenzará el 5 de noviembre La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo ha fijado el 5 de noviembre de 2024 el inicio del juicio contra el exministro y expresidente del Principado, Francisco Álvarez-Cascos, por un delito de apropiación indebida por presuntamente cargar gastos personales al partido que fundó en el Principado, Foro Asturias.

Negar la existencia de un delito fiscal de su novio. Acusar a la Agencia Tributaria de realizar una inspección fiscal “salvaje” a Alberto González Amador. Denunciar una conspiración de los fiscales a las órdenes de Moncloa. Difamar a los periodistas de elDiario.es y El País que intentaban confirmar la existencia de obras no autorizadas en el piso que ambos comparten. La megapresidenta de Madrid hizo todas estas afirmaciones cuando ya tenía que saber que su novio había reconocido a través de su abogado en febrero la existencia de dos delitos

El dirigente del PP insistió hasta la saciedad en que en el sumario de la investigación abierta por el caso Koldo aparecería que el Ministerio de Sanidad compró material a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, vinculada al caso de corrupción que tanto preocupa al PP. Y para ello esgrimió a modo de prueba de cargo una captura de la entrada de Wikipedia sobre Illa. Vean lo que pasó.

El fondo ve improbable que prospere la denuncia de Hacienda ante la Fiscalía por presunto fraude en la venta del gigante sanitario, pero la pone ante los inversores como "ejemplo" de riesgo para todo el sector

La propaganda de Rodríguez oculta que cualquier acuerdo solo puede darse sobre la base del reconocimiento de los delitos. No se trata de una discrepancia con Hacienda sobre cantidades, como trata de hacer creer la presidenta y su equipo de comunicación, la denuncia de la Fiscalía y lo que ya ha reconocido el propio González Amador en ese correo son delitos penados con entre uno y seis años de cárcel. Dicho de otra manera: cualquier acuerdo de conformidad implicará la condena a la pareja de Ayuso, al menos por fraude fiscal.

El Ministerio Público tomó declaración a 14 mujeres que han ratificado los hechos denunciados

La fiscal jefe de Madrid ordena trasladar la denuncia de una asociación jurídica por presunto delito de receptación a la Fiscalía del Supremo por ser Isabel Díaz Ayuso aforada.

La alta demanda de profesionales en campos como la programación, la inteligencia artificial y la ciberseguridad, ha llevado a las empresas a buscar incansablemente talentos que puedan contribuir a la digitalización y al avance tecnológico. No obstante, este escenario positivo en el mercado laboral se topa con una realidad académica desafiante: desde 2011, el número de plazas para estudiar informática en las universidades españolas ha experimentado un crecimiento marginal, incapaz de satisfacer el interés y la demanda de los aspirantes a ingresa

El 'sofware' malicioso, conocido en la jerga informática como 'ransomware', del que ha sido víctima en los últimos días el sistema informático al completo del Ayuntamiento de Torre Pacheco habría sido introducido por los 'hackers' del grupo internacional LockBit. Según informaron fuentes cercanas a la investigación, este equipo ya actuó hace meses contra los consistorios de Sevilla y Calvià, en Mallorca.

El juzgado de instrucción número 4 de Murcia considera que los dos concejales de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia podrían haber cometido delitos de prevaricación judicial por imprudencia por el incendio de las discotecas de Atalayas. Según cuenta elDiario.es, el anterior edil de esta cartera, Andrés Guerrero, y el actual edil con el PP, Antonio Navarro Corchón, están acusados de dictar resoluciones en contra de la normativa. El fuego de las discotecas se cobró la vida de 13 personas.

Nesma, Tariq, Baraa, Muhammad, Hamza, Obaida, Bilal... todos ellos eran programadores y expertos en el campo de la inteligencia artificial, y todos ellos fueron atacados y asesinados sistemáticamente por el ejército de ocupación israelí en varios lugares de la Franja de Gaza. Según un comunicado emitido por el Observatorio Euromediterráneo de Derechos Humanos.