Los magistrados consideran que, a tenor de lo expuesto en la querella y de la documentación aportada, hay indicios suficientes de la comisión de uno o varios delitos. Los mil querellados aducen que Llados “hace creer a sus ‘clientes-suscriptores’” que van a obtener un título legítimo por recibir su curso, cuando no puede emitir títulos válidos y el delito de odio viene justificado por promover la discriminación contra gente con sobrepeso o ingresos bajos. Pretenden querellarse en todos los países donde hay afectados, especialmente en Sudamerica

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública pondrá en marcha un plan de medidas para combatir las estafas de suplantación de identidad que se cometen mediante llamadas telefónicas o envíos de SMS. El objetivo de este plan es aumentar la protección de consumidores y empresas ante el creciente número de fraudes a través de este tipo de estafas.

Línea Directa o Mutua Madrileña están comercializando estas pólizas para primeras y segundas viviendas, que nunca pueden sufrir usurpaciones —delito con el que se asocia la okupación—, algo lo que podría constituir una mala praxis.

Las fuerzas de seguridad registran casos de 'deepfakes' contra particulares, una práctica hasta ahora propia de ataques sofisticados como el 'fraude del CEO'

El Tribunal Supremo tumbó en 2022 (por 3ª vez) el sistema de financiación del bono social eléctrico. Las grandes compañías eléctricas emprendieron una nueva batalla en los tribunales para conseguir que se les devolviera los pagos millonarios que habían realizado para financiar el programa social entre 2016-21. El Tribunal Supremo ya ha forzado a pagar a las grandes eléctricas 327 M, ha dictado sentencias que obligan a abonar otros 263 M aún pendientes y se espera otra resolución por 150 millones más. Y a todo hay que sumar intereses de demora.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha considerado este lunes discriminatorio que un Estado miembro exija a un residente de larga extracomunitario haber residido al menos una década en su territorio para acceder a medidas de la seguridad social, de asistencia social o de protección social; cuando las normas de la UE establecen un periodo de cinco años de residencia legal e ininterrumpida para optar a la residencia de larga duración y, por tanto, tener derecho a la igualdad de trato.

El real decreto equipara a los creadores de contenido con las televisiones como Prestadores de Servicio de Comunicación Audiovisual. | El pasado 2 de mayo entró en vigor la Ley de Influencers. Junto con la Ley General de Comunicación Audiovisual, se regula la actividad de tiktokers, streamers y vloggers como Usuarios de Especial Relevancia (UER).

Un adolescente de Nebraska ha sido acusado de dos delitos graves de conducta criminal por provocar el descarrilamiento de un tren, grabar el accidente y publicar el vídeo en YouTube, según registros judiciales. El joven de 17 años fue acusado en el Tribunal de Menores del Condado de Lancaster el miércoles, pero los fiscales presentaron una moción para transferir el caso a un tribunal de adultos. El conductor del tren dijo a un investigador que un interruptor desalineado provocó el accidente y que faltaba el candado que lo sujetaba.

La Agencia de Vivienda Social (AVS) de la Comunidad de Madrid, el antiguo Ivima, gestionó el año pasado 24.911 viviendas, 1.361 locales y 21.130 garajes, la mayoría en régimen de alquiler. La morosidad de algunos inquilinos es un problema que viene de largo. Así consta en el informe de actividad de la AVS del ejercicio 2023, el documento recoge que los deudores presupuestarios deben 124 millones de euros, de los que un 4,5% (5,5 millones) se corresponde con deudas de diferente naturaleza y el 95,5% restante, 118,5 millones, derivan de impagos.

En el momento en el que dejó de subirlos le bajaron los seguidores, pero se dio cuenta del riesgo. «Cuando dejé de mostrar a mi hijo, la gente me decía: 'No hables tanto y saca al niño'», afirma.

El pasado mes de septiembre el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) resolvió que el número de policías que se han infiltrado en movimientos sociales debe ser público. El organismo, que se encarga de velar por el cumplimiento de la ley de transparencia, asegura que el Ministerio del Interior debe revelar ese dato desglosado anualmente. Casi un año después, el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska sigue dando excusas para ocultar la información.