El Tribunal de Cuentas expondrá este martes en el Parlamento su última evaluación de los recursos empleados en la reestructuración bancaria, elevada en diciembre de 2019 hasta los 66.577 millones de euros, lo que supone 5.859 millones de euros más que lo calculado al cierre de 2015.La cifra estimada por el Tribunal de Cuentas es de este modo un 1,30% superior a la calculada por el Banco de España, que cifraba en 65.725 millones de euros el coste de las ayudas al sector financiero durante la crisis hasta diciembre de 2018.

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) plantean una reforma de los órganos de control del gasto público, desde el Tribunal de Cuentas hasta las Intervenciones de la Administración local, pasando por la propia Intervención General de la Administración del Estado y los propios de las Comunidades Autónomas. En la mayoría de los casos de corrupción política y empresarial aparezcan siempre delitos fiscales y de blanqueo de capitales, las debilidades en el control del gasto público están muchas veces detrás de los mismos.

Gobierno y el PP han cerrado el acuerdo para renovar cuatro de los órganos constitucionales cuyo mandato estaba caducado: El Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y la Agencia de Protección de Datos. Una semana después de anunciarse que se reiniciaban las negociaciones, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, han pactado los nombres que serán designados por el Congreso y el Senado en próximas secciones. Quedan pendientes todavía los relevos en el Conse

El Instituto Catalán de Fianzas pretendía cubrir los 5,4 millones de euros con dinero público, que ahora tendrán que avalar los implicados con sus bienes personales.

Apenas tres de cada diez ayuntamientos españoles consiguieron aprobar en sus plenos los presupuestos previstos para el año 2019 antes de que arrancase ese ejercicio. Una muestra de como el recurso a la prorroga presupuestaria se ha convertido en una práctica mayoritaria en la Administración pública, según recoge el Tribunal de Cuentas en su último Informe de Fiscalización del Sector Público Local. Los datos hablan por si solos. Apenas 1.879 municipios iniciaron el año 2019 con el presupuesto aprobado, lo que supone que el 69%

El organismo recomienda modernizar la subvención electoral de seguridad, pensada para proteger a los cargos públicos del terrorismo, y adaptarla a las nuevas amenazas que plantea la Red

El Tribunal de Cuentas ha propuesto a los partidos que cambien el destino de la partida económica anual de los presupuestos generales del Estado destinada a su seguridad -que fue creada en 2002 ante la amenaza terrorista de ETA- para que la empleen en ciberseguridad y protección en la Red. En una moción aprobada para mejorar la situación financiera y control de los partidos y de las fundaciones, el órgano presidido por María José de la Fuente propone realizar este cambio en el gasto de dicha partida, para la que desde 2003 se han presupuestado

[..] Ocho ayuntamientos con población superior a 100.000 habitantes (Cádiz, Huelva, Jaén, Jerez de la Frontera, Marbella, Badalona, Las Palmas de Gran Canaria y Getafe); cinco diputaciones (Cuenca, Zamora, Málaga, Almería y Cádiz), y tres cabildos insulares (Gran Canaria, Fuerteventura y El Hierro) no habían rendido, a 7 de abril de 2021, las cuentas generales del ejercicio 2019.

El Tribunal de Cuentas ha confirmado este lunes que reclama un total de 15.673.702,21 euros tras haber dictado un acta de liquidación provisional por esta cantidad que afecta a altos cargos del PSOE y personas vinculadas a UGT en relación con presuntas irregularidades contables aún pendientes de enjuiciar en las ayudas socio laborales y a empresas en crisis concedidas por la Dirección General de Trabajo de la Junta en los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.

El Tribunal de Cuentas ha detectado múltiples deficiencias y variados incumplimientos en los contratos de seguridad privada realizados por los ministerios del área de administración económica del Estado y sus organismos dependientes durante los ejercicios de 2016 a 2019.

El Tribunal de Cuentas ha reclamado 9.745.882 euros al sindicato UGT en virtud de un expediente de responsabilidad contable que deriva del caso de los ERE de Andalucía. La investigación se inició hace más de 10 años y ha culminado este mes de julio en un acta de liquidación por la mencionada cifra, decisión que ha sido recurrida por el sindicato socialista denunciando indefensión. UGT hace constar en su recurso que la cantidad exigida supondrá la paralización de su actividad sindical si implica el bloqueo de fuentes de ingresos y cuentas bancar

El organismo quiere conocer si la Generalitat puede asumirla garantía sobre las responsabilidades contables de los ex altos cargos cuando es la “administración autonómica perjudicada”

El Tribunal de Cuentas inadmite la denuncia como acción pública de Inés Arrimadas, Edmundo Val y Luis Garicano en representación de Ciudadanos y ha decretado el archivo de las actuaciones. En un auto decreta el archivo de las actuaciones porque entiende que no se ha producido un menoscabo en los fondos públicos,

La incapacidad de los partidos para acordar la renovación de los órganos constitucionales ha llevado a una situación inédita en la democracia. Desde este viernes, cuando se cumplió el mandato de nueve años del Tribunal de Cuentas, son ya cuatro los órganos caducados y condenados a la interinidad.

La Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas confirma la condena al periodista Ignacio Villa en su etapa de director de Radio Televisión de Castilla-La Mancha durante la Presidencia de María Dolores de Cospedal, así como a los sucesivos directores financieros durante ese periodo. Villa cargó en dos tarjetas visa oro de la televisión pública pagos en supermercados, perfumerías, joyerías, bricolaje y decoración, y noches de ocio personal en el Parador de Toledo.

El 23 de julio se cumple el mandato del Tribunal de Cuentas sin que se haya llegado a un acuerdo para su renovación. El organismo llega a la fecha inmerso en un debate sobre los 5,4 millones de euros que reclama a cerca de 40 excargos de la Generalitat de Cataluña por el supuesto uso de fondos públicos para la promoción internacional del procés y en plena disputa sobre el fondo que el Govern ha habilitado para darles cobertura. Pero la renovación de los 12 consejeros requiere un consenso entre los principales partidos para alcanzar el respaldo

Según ha avanzado 'La Vanguardia', Francesc Casas, Mercedes Domingo y Virginia Verger dejaron el cargo antes de que el ICF sometiera a votación si activar el mecanismo previsto en el decreto de creación del Fondo Complementario de Riesgos para que el ICF presentara el aval, con el contraaval del fondo de 10 millones de euros aprobado por el Govern la semana pasada para este tipo de casos.

Tormenta en el Institut Català de Finances (ICF) en plena vorágine por la concesión de los avales para pagar las fianzas reclamadas por el Tribunal de Cuentas a una treintena de exdirigentes y ex altos cargos de la Generalitat por la propaganda del procés en el extranjero. Tres integrantes de la junta de gobierno de esta institución financiera del Ejecutivo catalán dimitieron a principios de esta semana antes de que, el miércoles, la dirección del ICF votara la concesión de dichos avales por un valor de 5,4 millones de euros.

El Tribunal de Cuentas se inclina por rechazar el aval que el miércoles presentó el Gobierno catalán para prestar la fianza de 5,4 millones reclamada a 34 ex altos cargos públicos de la Generalitat por gastos indebidos en la promoción exterior del procés, según indicaron a EL PAÍS fuentes del organismo fiscalizador.

Los 34 presuntos responsables contables de la acción exterior de la Generalitat vinculada al 'procés' entre 2011 y 2017 han empezado a depositar las fianzas que el Tribunal de Cuentas les impuso de forma cautelar. El plazo de entrega concluía la medianoche del miércoles, pero se ha retrasado a este jueves. Dos han afianzado en efectivo, otros dos con la presentación de bienes inmuebles como aval, y el Institut Català de Finances (ICF) ha anunciado este jueves que ha hecho efectivo el aval correspondiente a 29 de los encausados.

El conseller de Economía, Jaume Giró, ha admitido este martes que no han encontrado ninguna entidad financiera que haya aceptado avalar el fondo impulsado por la Generalitat para cubrir las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas a 34 exaltos cargos por la acción exterior desempeñada entre 2011 y 2017, y ha anunciado que finalmente no recurrirá a que lo haga el Instituto Catalán de Finanzas (ICF), tal y como estaba previsto.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos niega el recurso a la exinterventora de la Generalitat de Cataluña Mireia Vidal, por destinar fondos públicos a la promoción del 'procés'.

Espaldarazo de los socialistas catalanes al fondo complementario de 10 millones de euros creado por el Govern al que se podrán acoger los ex altos cargos afectados por los procesos del Tribunal de Cuentas por haber promocionado el procés en el extranjero. Pese a que el grupo del PSC en el Parlament ha solicitado al Consejo de Garantías Estatutarias que analice el decreto ley que crea el fondo, el líder de los socialistas catalanes, Salvador Illa, ha defendido su legalidad

El Govern catalán ha aprobado transferir 10 millones de euros de un fondo extraordinario de la Generalitat para dotar el Fondo Complementario de Riesgos para cubrir las fianzas que pide el Tribunal de Cuentas a decenas de excargos del Ejecutivo. Con este fondo, se pretende ayudar a los ex líderes del procés condenados por malversación de fondos públicos.

El expresidente catalán Carles Puigdemont ha presentado un recurso para eludir la fianza de dos millones de euros que le exige el Tribunal de Cuentas. Su escrito, al que ha tenido acceso El Confidencial, incide en que «tiene reconocida inmunidad como europarlamentario» y que esta «alcanza a cualquier instancia y jurisdicción, incluido el Tribunal de Cuentas». En el caso de que este argumento no sea atendido, también pide «una ampliación del plazo otorgado» para efectuar el depósito.

Estoy gritando... (cuento de Capezurdita Roja, en argentino)

El Tribunal Supremo admite la denuncia de IUSTITIA EUROPA contra el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de Iustitia Europa. Se abre, por tanto, Causa Especial número 003/0021008/2024.

El Supremo tiene ahora vía libre para analizar de forma colectiva la posible abusividad de las cláusulas suelo.

Os cuento mi hipótesis de lo ocurrido y por qué deberían tener cuidado con la seguridad de la cuenta. Medios de ultraderecha como antiprogre han hecho noticias falsas, ya que no existe ninguna actriz porno que se llame Renee Pearcy, vamos a ver que hay detrás de esta cuenta. El nombre real de la modelo/actriz de la foto de la cuenta falsa es Elise Laurenne, tiene una pagina en facebook con 200K seguidores y 2 cuentas en Instagram una con + 1 millón de seguidores y otra con + de 300K.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) acepta el recurso interpuesto por Irene Montero contra España tras la condena del Tribunal Supremo por defender a las madres protectoras contra la violencia machista. Saúl Castro, representante legal de Irene Montero, ha valorado de forma muy positiva la noticia. En este sentido, ha expresado que “la sentencia del Tribunal Supremo no solo es un atropello al derecho a la libertad de expresión, sino un atentado frontal contra el discurso feminista de los representantes políticos y de la sociedad...

Los jueces anularon una jurisprudencia de 1984 que se conocía como "doctrina Chevron". Aquella establecía que en caso de que una ley fuese ambigua o tuviese lagunas, las agencias federales podrían resolver estos vacíos y los tribunales deberían reconocer esta decisión siempre y cuando fuese "razonable". "Los tribunales no pueden ceder a la interpretación de la ley por parte de una agencia simplemente porque un estatuto es ambiguo", afirmó la corte en su fallo.

No hay nada más delicado en una democracia que presumir objetivos políticos a la administración de justicia. O presumir que se pretenda salvar a los españoles de sí mismos, es decir, de las leyes que promueven aquellos a quienes votaron libremente en las urnas.

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que el PP agotará los plazos para presentar su recurso sobre la ley de amnistía ante el Tribunal Constitucional tras conocer el fallo del Supremo. Feijóo ha dicho en Onda Cero que es una "ley chapuza" y que el Supremo ha marcado el camino, descartando la amnistía para los condenados por malversación del procés. Sobre el Constitucional, Feijóo ha planteado dudas en cuanto a su imparcialidad y habla de una composición inmoral del tribunal.

En 1977, años después de su caída del poder, Richard Nixon concedió una entrevista a Robert Frost. Durante toda su vida, el presidente defendió que Watergate, el escándalo que forzó su dimisión, había sido perfectamente legal. Cuando Frost le preguntó, en un segmento de su conversación, cuál era su teoría, su razonamiento para defender su inocencia, Nixon ofreció una respuesta sucinta, clara, y horripilante: “Cuando el presidente lo hace, eso quiere decir que no es ilegal”

El Tribunal ha decidido que los padres fundadores establecieron, en su infinita sabiduría, que son los tribunales quienes deben tener la última palabra interpretando leyes. En vez de burócratas desconocidos trabajando en un sótano en alguna oficina con goteras en Washington los que deciden sobre sustancias contaminantes, estándares para aprobar medicamentos, protocolos de seguridad en reactores nucleares o los requisitos de señalización en una línea ferroviaria quienes pueden y deben analizar y aprobar todas estas cosas son los jueces.