Son, por tanto, niños. Lo son porque nuestras autoridades han llegado a la conclusión de que no han alcanzado los 18 años. Y si esto es así, hay que dejar bien claro que el problema que nos ocupa hoy no es en absoluto ni de política migratoria ni de ilegalidad o de legalidad de los extranjeros no acompañados: el problema es simplemente que son niños. Y a estos niños no hay que protegerles: estos niños tienen derechos. Y velar por estos derechos es responsabilidad directa del Estado español, es decir, de todas las autoridades del Estado español.
