El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha salido este lunes en defensa de los dos responsables de la Fiscalía de Madrid denunciados por supuesta revelación de secretos por Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso e imputado por un fraude fiscal de 350.000 euros. El empresario acusa tanto a la fiscal jefe de Madrid como al fiscal que le investigó y denunció de haber difundido a través de un comunicado datos confidenciales sobre los correos en los que su defensa, en busca de un acuerdo, reconoció varios delitos.

El veto al gigante Ferroviario (creado en su día en homenaje a los 8 ferroviarios represaliados en el 36 y encontrados en una fosa en Paternáin en 2022) de los desfiles de la comparsa y otras exigencias recogidas en el convenio que el Ayuntamiento de la Cendea de Cizur (dirigido por Haciendo Cendea y liderado por Rafael Ansó, ex alcalde de Navarra Suma) propone firmar a la Konpartsa Tartalo, ha roto las relaciones entre el Consistorio y este colectivo cultural.

"La competencia debe ejercerse sin abusos ni saqueo de los contenidos producidos por otros", señala el texto del acuerdo, y exige a los firmantes no reutilizar un contenido publicado por otro medio antes de 24 horas a partir de la primera publicación, limitar la reutilización a un volumen máximo del 25% del volumen del artículo original, y no reutilizar más de dos temas por día en promedio, durante una semana, del mismo medio.

La Junta de Arganzuela está pendiente de adjudicar a la asociación Pasillo Verde el uso del Huerto Las Vías durante los próximos dos años, pero la nueva concejala quiere anular la convocatoria para ampliar allí las instalación de un polideportivo municipal. La asociación ha denunciado en los tribunales la decisión

La Knéset ha aprobado una ley que prohíbe de forma temporal la retransmisión en Israel de cualquier medio extranjero que "dañe la seguridad del Estado". Trata de limitar principalmente informaciones sobre la guerra en Gaza por el canal catarí Al Jazeera. Se aprobó en primera lectura en febrero y hoy en segunda y tercera tras meses de debate con el gabinete de seguridad (71 votos a favor, 10 en contra). Netanyahu: "Al Jazeera perjudicó la seguridad de Israel, participó activamente en la masacre del 7 de octubre e incitó el odio contra soldados".

El PSOE se ha personado en el caso de la imputación de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, citada a declarar el próximo 20 de mayo, tras las acciones legales emprendidas por la Fiscalía de Madrid. El grupo parlamentario socialista, que argumenta su decisión en que se trata de “una causa de interés general de los ciudadanos”, también ha forzado el voto de una moción en el Senado esta semana para condenar los ataques a la libertad de prensa “por parte de responsables públicos del Gobierno de la Comunidad de

El dirigente deportivo pretendió obtener “ventajas indebidas para varios clubes de fútbol y asociaciones de fútbol locales” amañando partidos o ascensos o imponiendo sanciones a los árbitros.

Terrorismo de Schrödinger, viñeta de Mauro Entrialgo.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este domingo en Chile que “no puede hablar” del caso que afecta a su pareja, Alberto González Amador, porque está “judicializado”, ha considerado que el debate político está “desequilibrado” porque se están publicando datos de un particular y ha reiterado que se están utilizando “todos los poderes del Estado” contra ella, “pero no es mi Gobierno”, ha defendido “y no tiene nada que ver con la gestión que estamos realizando”.

Ayuso y Feijóo justifican el hostigamiento de Miguel Ángel Rodríguez a quienes investigan la residencia de la presidenta madrileña. La responsabilidad de que no se normalice este intento de amedrentar a profesionales pasa también por el PP. Su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, se mostró este jueves comprensivo con Rodríguez y evitó toda crítica a su actuación.

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha reiterado en la misma sede las alegaciones, todas falsas, difundidas por su jefe de Gabinete: “No se puede intimidar a una persona en su propiedad privada […] No se puede presionar ni intimidar al entorno de los políticos en cuarta generación, como están haciendo, no se puede intimidar a una portera de finca ni a los vecinos, ni a los ciudadanos, incluso a menores”.

La libertad de prensa y el derecho a la información son pilares fundamentales en una sociedad democrática. Resulta intolerable que desde el poder político se intente coaccionar o señalar a medios de comunicación y profesionales concretos. El capítulo protagonizado por el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, intimidando a una periodista de elDiario.es o manipulando un supuesto acoso al domicilio de la presidenta de la Comunidad de Madrid es un precedente funesto de hasta qué extremo se han normalizado las presiones.

La desesperada huida hacia adelante que ha emprendido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para sacudirse el escándalo que afecta a su pareja, a quien la Fiscalía acusa de dos delitos de fraude fiscal y otro de falsedad en documento mercantil, ha tenido un nuevo capítulo que solo cabe enmarcar como un intolerable ataque a la libertad de prensa.

El problema viene de lejos y los ejemplos abundan. Entidades poderosas, con enormes recursos financieros, demandan sin fundamento a medios de comunicación independientes, ONG o incluso académicos y les exigen sumas astronómicas de dinero con el único fin de amedrentarles. El acuerdo obliga a España a legislar contra la utilización de los tribunales para callar a la prensa, pero sólo si son transfronterizas. Queda en manos de cada país aplicar el mismo principio sin salir de sus fronteras para salvaguardar la crítica y la participación activa.

Saltándose los protocolos, sin levantar acta ni expediente, el Gobierno del PP del Ayuntamiento de Logroño arrebata el local a la PAH de La Rioja y se lo concede irregularmente a la asociación de Familias Numerosas. Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca señalan la extrema gravedad de la negligencia cometida por la concejala, ya que en dicho local se encuentran los expedientes hipotecarios de los afectados así como un sinfín de datos personales de los activistas y de la organización.