El fraude escondido en el bajo consumo hasta 2018, del que se beneficiaron segundas viviendas, sacó fuera 600.000 hogares.

Airbnb siempre se ha esforzado en convencer a la opinión pública de lo positivo que es su negocio, porque potencia la generación de nuevos ingresos para las familias, la economía circular, el sharing y otros argumentos. Pero, ¿es cierto? Hemos hablado con Javier Gil, investigador del Institute for Housing and Urban Research de la universidad de Uppsala, que lleva una década analizando el impacto real de Airbnb en las ciudades, para que nos dé su opinión. Spoiler alert: la realidad es muy diferente.

Desde que en el 12 de junio del 1913 cuando el Rey Alfonso XIII, familia de los actuales monarcas, decretó la Ley de las Casas Baratas y el paréntesis de la guerra civil, pero sobre todo desde el 1959 con la famosa frase del ministro franquista José Luís Arrese de “no queremos una España de proletarios sino de propietarios” se generaron – en medio siglo- más de 15 Planes Nacionales de Vivienda hasta nuestros días con José Luís Ábalos, Ministro de Fomento del PSOE, copia política de la derecha social-liberal y moderada europea.

El 13,7% de las viviendas en España están vacías. Muchas de ellas no entran en el mercado por falta de recursos para rehabilitarlas, ¿y si una asociación arreglara estas casas a cambio de alquileres sociales? Así funciona “Todos con Casa” una asociación que facilita el alquiler a personas en riesgo de exclusión. #PiensoLuegoActúo de Yoigo es la plataforma que une a personas corrientes que piensan en un mundo mejor y actúan. ¡Descubre su historia aquí!

La crisis sanitaria, las restricciones de movilidad y la debacle económica derivada de la pandemia ha provocado el desplome del turismo en España. Y una de sus consecuencias más directas ha sido un descenso en la oferta de pisos turísticos en nuestro país. Entre 2020 y 2021 el sector ha sufrido un duro revés. Y pese a ese fuerte retroceso, España sigue teniendo más casas dedicadas al alquiler vacacional que viviendas públicas destinadas al arrendamiento social y asequible de larga duración. Es uno de los países en la cola de la Unión Europea.

CARRETERAS SECUNDARIAS: Josep Riera es un jubilado catalán que acoge a ocho personas inmigrantes, refugiados y sin papeles, en su casa. Josep les ofrece una habitación y comida. Quien puede pagar algo, paga. El que no puede no. #SERPodcast

Junto a su representado Rachid Bouikou, consiguió la histórica sentencia del Tribunal Supremo contra Goldman Sachs. Cada día, se deja la piel para ayudar a las personas vulnerables y marginadas. César Pinto (Madrid, 1966) ha sido traductor, psicólogo, consejero y el mejor hombro en el que apoyarse. "Si la gente normal no entiende el lenguaje jurídico, las personas marginadas o con un nivel educativo bajo, todavía menos", explica desde su pequeño y modesto despacho en un piso interior de la Gran Vía. "Se sienten aplastadas por la sociedad".

El Gobierno alcanza un acuerdo con la Sareb para que el parque público de vivienda social ronde las 24.000. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, junto al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital han firmado un acuerdo con la entidad para que esta ceda a corto plazo 5.000 inmuebles y 10.000 a largo plazo. Pero este acuerdo para la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y el Sindicato de Inquilinos es solo una “anécdota” y que la Sareb debería dar al estado todas las viviendas que posee.

Estoy muy nerviosa, es que llevamos mucho tiempo esperando este momento y aún no me lo creo», decía ayer Mercedes Colmenero mientras aguardaba, junto con su marido Felipe Gordillo, la llegada de sus siete hijos para entrar juntos al piso social que la Junta le ha entregado.

Un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid determina que "no ha lugar a la suspensión del auto" que rechazaba el último recurso presentado por el Ejecutivo autonómico. La Comunidad de Madrid requirió al magistrado que no ejecutase esa decisión "en aras a la salvaguarda de la seguridad jurídica"

Documental que reflexiona sobre el derecho a la vivienda con el testimonio de familias vulnerables, expertos, responsables del sector financiero y políticos. El reportaje también expone el ejemplo de Viena, la ciudad con el mayor parque de vivienda pública de Europa.

PSOE y Unidas Podemos retomarán este jueves las negociaciones para la futura ley de vivienda tras acercar posturas durante los últimos días en lo relativo a los objetivos, como es la regulación de los alquileres, la alternativa habitacional frente a los desahucios o la ampliación del parque de vivienda pública, pero con propuestas antagónicas sobre los mecanismos para llevar a cabo estas medidas. El principal escollo tiene que ver con el papel que jugarán los grandes tenedores, pues sobre ellos se pretende descargar la mayor parte de la futura

Comunidad de Madrid ha aprobado la licitación del concurso, por un valor máximo de 5,8 millones de euros, para la contratación de la administración y gestión integral durante dos años de los servicios comunes de 2.066 viviendas en promociones de la Agencia de Vivienda Social (AVS) situadas en distintos municipios de la región. Otra fuente: www.viamadridtv.es/102412/la-comunidad-licita-por-58-millones-la-gesti

La Vicepresidencia de Derechos Sociales propone, en el marco de la nueva Ley de Vivienda, que los grandes propietarios de inmuebles destinen el 30% de sus viviendas a alquiler social, una medida que ayudará a poner fin a la "emergencia habitacional" en España al aumentar en pocos meses el parque público entre 140.000 y 150.000 viviendas, según informa Europa Press.

Quieren que el ayuntamiento de Talavera les haga informes sociales para regularizar su situación

Los datos del INE sitúan en más de 321.000 los inmuebles turísticos del país. Por su parte, el Boletín de Vivienda Social, presentado por el Ministerio de Transportes en septiembre, cifra el parque de viviendas sociales de titularidad pública en 290.000

Se han reservado casi $ 4 mil millones en fondos gubernamentales para ayudar a los inquilinos a pagar a sus propietarios, dice la coalición. Pero eso palidece en comparación con los $ 100 mil millones que estima que el Congreso debe destinar para poner al día a los inquilinos con lo que deben. “Esta es una deuda que los inquilinos nunca podrán pagar”, dijo Sarah Saadian, vicepresidenta de políticas públicas de la coalición.

Asumir que los servicios sociales son el cajón de sastre de todos los sistemas que no funcionan es cargarlo de una presión que simplemente es inasumible tanto a corto como a largo plazo.

Esta repulsiva campaña contra la okupación, a la que se quiere criminalizar de cara a la opinión pública, busca ocultar el grave problema de la vivienda. Se pretende que personas humildes observen como un criminal a aquel, todavía más necesitado, que se ve obligado a okupar una vivienda para sobrevivir. Lo de siempre, lanzar al que tiene poco contra el que no tiene nada.

El proyecto tendrá como escenario piloto los concejos de «Ponga y Pesoz», que son en los que los ayuntamientos han detectado la necesidad «de profesionales de este sector y no lo han podido cubrir». Con esos nuevos equipos se lograría «un doble objetivo: dar servicio a las personas que lo necesitan y, también, fijar población en los pueblos con menos residentes». Con el acceso a la vivienda y al empleo, «se logran nuevos vecinos, que generarán riqueza en el municipio» así como garantizar el acceso universal a los servicios sociales.

De la cesión a la venta. La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) ha vendido al Ayuntamiento de Madrid más de un centenar de viviendas —108 unidades—. Se trata de la mayor operación sobre pisos sociales aprobada jamás entre la entidad que preside Jaime Echegoyen y una Administración. Ambas partes han formalizado ya la venta de 16 unidades y está previsto que en las próximas semanas se complete la compraventa de las otras 92. Desde 2013, Sareb ha firmado convenios con 12 CCAA y 22 ayuntamientos.

La vivienda social en España sigue siendo un capítulo pendiente para las administraciones. Los datos indican que es uno de los peores países europeos en este ranking y que el dinero que destinas las diferentes administraciones a este asunto es casi ridículo.

Durante la pandemia, Cristiano Jr. De 14 añños, tuvo su primer contacto con las redes sociales, pero Ronaldo teme que su hijo pueda volverse adicto a la tecnología.

Som Energia o Goiener son exponentes de socialización de la energía verde gracias al apoyo de sus socios, mientras en Madrid Ecooo se promueve la economía social. “Tenemos que funcionar en un mercado transparente, con las mismas normas, pero no estamos en las mismas condiciones ni hemos partido del mismo sitio”. Así resume Alfonso García, presidente de Unión Renovables, la mayor federación de cooperativas de energía, por qué la suya es una lucha de David contra Goliat en un mercado, tradicionalmente dominado por 3, a lo sumo 5 empresas.

La iniciativa, que cuenta con cofinanciación del Fondo Social Europeo, seguirá desplegándose en las próximas semanas con el fin de garantizar un retorno digno y fructífero para la comunidad emigrante gallega. Se enmarca dentro de la estrategia Galicia Retorna 2023-2026, que dispone de un presupuesto de más de 450 millones de euros y tiene como objetivo facilitar el regreso de miles de gallegos y sus familias.

Grupo Lar y fondos gestionados por BlackRock, a través de una sociedad conjunta, han formalizado la compra de un edificio de oficinas en la céntrica calle María de Molina, en Madrid, que antes ocupaba el Ministerio de Hacienda y en la que levantarán 153 viviendas de lujo y una residencia de estudiantes con 400 camas.

"A la fuerza si no quiere". "La gente dice de darle unos añitos pero no hace falta". "Ya se puede". "Open mind". "Dale unos añitos juan". "sí rotundo". "Ya la estrenaron seguramente".

En 2011, Croacia tenía 4,3 millones de habitantes; en 2022, 3,8. Al declive industrial de muchas regiones, hay que sumar que para los jóvenes es muy sencillo y lucrativo emigrar a Alemania. La serie ‘El último artefacto socialista’ penetra en el microcosmos de un pueblo croata afectado por este problema, aunque en la novela podría ser cualquiera de la exYugoslavia. Un lugar sin tejido productivo, donde los jóvenes se han marchado y dominan los caciques corruptos, pero todo narrado con exquisito humor negro.

No queremos vuestro dinero porque Canarias se está agotando. Es hora de que el Gobierno de Canarias deje de mirar hacia otro lado y comience a apostar por un turismo sostenible que no sacrifique los recursos naturales de las islas en nombre del beneficio de unos pocos. Megaproyectos como el de La Tejita no son la solución; son parte del problema. No podemos seguir permitiendo que nuestro territorio sea destruido mientras unos pocos se llenan los bolsillos. Canarias necesita ser salvada, no vendida al mejor postor.

Han migrado, no tienen familia, vagan por nuestras calles, algunos consiguen asistencia socioeducativa... Y en tal caso, con un menor extranjero no acompañado (MENA) lo primero, fundamental y nada fácil es construir vínculos

La urbanización Coto Zagaleta, en Benahavís (Málaga) es la zona más cara para comprar vivienda de toda España, superando a la clásica La Moraleja, en Madrid o a la propia Marbella, en Málaga. Los propietarios de esta exclusivísima urbanización piden una media de 12,3 millones de euros por traspasar sus viviendas a otro postor. La región más económica es Extremadura, donde su calle más cara tiene un precio medio de 465.867 euros, seguida por Navarra (486.500 euros) y La Rioja (503.336 euros).

Otro bulo que triunfa en las redes sociales: ahora varios usuarios difundieron la supuesta noticia de que el tuitero ultra Alberto Caliu se habría suicidado por la presión de la izquierda de estos días, después del suceso del niño muerto en Mocejón

"Después de tanta reflexión sigue habiendo jueces al servicio de PP y de VOX".

Los grupos tras las protestas que recorren España forman una coalición que integra a ecologistas, defensores del derecho a la vivienda y propietarios en zonas saturadas

El exfutbolista tiene tres viviendas y cinco plazas de garaje en una urbanización de Boadilla que tiene que hacer una remodelación. Los propietarios no se ponen de acuerdo y el Consistorio amenaza con ejecutar los trabajos y pasarles después la factura.