El presidente Biden está ultimando planes para respaldar importantes cambios en el Tribunal Supremo en las próximas semanas, incluidas propuestas de legislación para establecer límites a los mandatos de los jueces y un código ético. También está sopesando la posibilidad de pedir una enmienda constitucional para eliminar la amplia inmunidad de los presidentes y otros cargos constitucionales.

El alto tribunal ha desestimado el recurso que presentó la Plataforma en Defensa de la Pesca y de los Ecosistemas Marinos contra el marco que desarrolla los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (Poem), que identificó cinco áreas con potencial para instalar aerogeneradores marinos en Galicia, ubicadas fundamentalmente en la zona de Ortegal, frente a la costa sur de Pontevedra y en A Mariña.

El juez ha elevado una exposición razonada en la que apunta a Álvaro García Ortiz como máximo responsable del comunicado obviando, tanto en el auto como a lo largo de toda la instrucción, el origen de todo: un mensaje de WhatsApp que Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta madrileña, envió a media docena de medios con detalles sesgados de las negociaciones que mantenían González Amador y la Fiscalía. Negociaciones para evitar la cárcel a cambio de reconocer su doble fraude fiscal.

El Tribunal Superior de Madrid ha pedido al Tribunal Supremo que impute al fiscal general del Estado por la querella de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. El juez entiende que pudo haber un delito de revelación de secretos en el comunicado con el que la Fiscalía buscaba desmentir varios bulos sobre el proceso judicial por doble fraude fiscal contra el empresario.

El senador Sheldon Whitehouse y el senador Ron Wyden escribieron una carta al fiscal general de EE.UU. con una lista de regalos no revelados que, según ellos, Thomas había recibido. Los senadores quieren que se investigue el posible fraude fiscal y los vínculos entre Thomas y Harlan Crow.

El expresidente de la Diputación de Ourense e integrante de la saga familiar que presidió dicha administración durante 36 años, auque en las pasadas elecciones renuncio a ser reelegido. Ana Ferrer, Magistrada de la Sala Penal del Tribunal Supremo ha dictado la apertura de un juicio oral contra el senador del PP y ex presidente de la Diputación Provincial de Ourense, José Manuel Baltar Blanco, por un presunto delito contra la seguridad vial por conducir un vehículo a motor duplicando la velocidad permitida legalmente.

Era el mayor humedal de la península ibérica, Franco la dio a terratenientes, se desecó y se explota con agricultura intensiva. "Son de titularidad pública"

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por la Asociación Regional de Empresarios de Ambulancias de Castilla-León (ALECA) contra la Sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León, en la que ratifica que el tiempo en que los trabajadores y trabajadoras prestan el servicio de emergencias con presencia en la base o centro de trabajo en régimen de 24 horas/día tiene la condición de tiempo de trabajo a efectos de la duración máxima de la jornada de trabajo.

La Sala de lo Civil del TS ha dejado sin efecto el régimen de llamadas, estancia y visitas supervisadas del progenitor a los chicos, de catorce y siete años de edad, en un punto de encuentro familiar, fijadas de oficio por la Sección Segunda de la AP, y hasta que no se produzcan cambios en la aptitud y comportamientos del demandado que permitan revistar la comunicación.

Un relato sobre la rivalidad entre jueces, con antecedentes de los diversos puestos ocupados en diferentes gobiernos, el artículo estudia la relacion o no relacion entre Conde Pumpido y Marchena, recogiendo opiniones de ambos bandos (CAT)

¿Llarena y Marchena han prevaricado? No. Porque el delito de prevaricación exige que un juez toma una decisión sabiendo que es contraria al derecho. Lo que pasa es que los jueces del Supremo están convencidos de que su trabajo y su tarea es salvar a España y de que su función implica reinterpretar las leyes de la manera más conveniente a su ideal de España y relación con el independentismo.

El Tribunal Supremo ha avalado la rebaja de condena de uno de los violadores de la manada de Pamplona en aplicación de la ley del 'solo sí es sí'. Los jueces han rechazado el recurso de la Fiscalía contra la decisión de los jueces navarros de bajar de 15 a 14 años de presidio a uno de los condenados. Entienden que en su momento se le impuso una condena “Próxima” al mínimo legal y es correcto adaptar su condena a la nueva ley, mientras explica que no pueden hacerse diferencias “entre este caso, por más que sea particularmente mediático” y otros

Desde el Consejo General del Poder Judicial ya han dejado claro que enfrentar a dos tribunales en los tribunales carece de sentido por lo que lo mejor será una batalla “de caballeros” con bates de béisbol en el parking de la calle Isaac Peral, cercano al edificio del Constitucional. Para los profesores de Derecho Constitucional, como Joaquín Urías, en esa pelea, que tendrá lugar posiblemente tras el verano, “se decidirá absolutamente todo, si Puigdemont vuelve, si la ley de Amnistía es viable… todo”.

Quizá olviden algunos salvadores de la patria con toga que, aunque la ley les ampare a la hora de dictar sin consecuencias los autos y sentencias más imaginativos para satisfacer sus fantasías políticas, la Justicia no es suya. Que un país sin idea de justicia neutral es un país cuya convivencia está en riesgo. Dejen de manosearla. Dejen de avergonzarnos. Si quieren que gobierne su partido político preferido o quieren tumbar leyes que no les gustan, dejen la toga y preséntense a las elecciones.

El reproche del Constitucional pasa por acusar a ambos tribunales de desconocer cómo funciona el sistema político andaluz e invadir la separación de poderes al criminalizar actos legislativos del Gobierno regional. Elaborar y aprobar anteproyectos de ley, el embrión de esas ayudas, “no puede ser constitutiva del delito de prevaricación”. Son actos, dijo, “dictados por el Poder ejecutivo en el ejercicio de su función de gobierno que le atribuye el Estatuto de Autonomía de Andalucía” y su contenido “no puede ser objeto de control por ningún órgan

El juez Clarence Thomas argumentó que la autoridad de la OSHA era inconstitucional. Disintió de la decisión del tribunal de rechazar un recurso contra la agencia. Clarence Thomas se ha propuesto eliminar la Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo. El Tribunal Supremo anunció el martes los casos que estudiaría a continuación y los que no. Entre los que el tribunal rechazó se encuentra un caso que cuestionaba la autoridad de la OSHA, que establece y hace cumplir las normas de salud y seguridad en el lugar de trabajo.