El portavoz de los talibán y viceministro de Información y Cultura, Zabihulá Muyahid, ha indicado a través de su cuenta en la red social Twitter que "deben evitarse los castigos que contemplan la exhibición del (cadáver del) criminal" y ha agregado que será sustituido por un texto notificando el castigo y el condenado.

Armas de fuego escondidas por niños en la playa, una vida de lujo repleta de billetes, cocaína envuelta en arroz para retirar la humedad del viaje en lancha, armas de fuego y fusiles de asalto, disparos en pleno barrio de El Príncipe y vídeos de ejecuciones, ajustes de cuentas y todo tipo de violencia extrema. Incluso con propaganda yihadista de por medio. Ese es el contenido de 42 teléfonos móviles, tarjetas de memoria, pendrives y discos duros decomisados por la Guardia Civil en 2019 en una operación contra el narcotráfico en Ceuta.

No es que en Afganistán no existiera la pena de muerte bajo el Gobierno anterior. Sólo que, ahora que los talibán han vuelto al poder, las ejecuciones regresan a las plazas públicas y con la misma brutalidad con que horrorizaron al mundo hace más de dos décadas. Entre actuar comedidamente para no espantar a quienes se mueven tímidamente entre bambalinas para reconocerlos, y aterrorizar sin pudor a los suyos para dar ejemplo y recordar a los afganos quién manda ahora, los talibán están eligiendo, sin duda, la dos.

Las ejecuciones y las amputaciones de miembros vuelven a aparecer en la agenda del segundo periodo de la dictadura talibán, que está dando sus primeros pasos en Kabul. Así lo ha reconocido el flamante ministro de Prisiones, el mulá Nooruddin Turabi, en una entrevista concedida en Kabul a una reportera de la agencia estadounidense Associated Press.

Por motivos de seguridad y para seguir la ley islámica. Esa es la principal razón que ha alegado el ministro de prisiones del nuevo régimen talibán e integrante del núcleo duro de los talibanes desde su fundación, Nooruddin Turabi, para sostener su propuesta de volver a llevar a cabo ejecuciones y amputaciones de manos, aunque tal vez no en público.

«Diez años después de la Declaración de Aiete y del cese de actividad armada de ETA, la mayoría de las medidas de excepción siguen vigentes. A día de hoy, la Audiencia Nacional sigue siendo un tribunal que puede hacer o deshacer por encima de cualquier situación. Sin embargo, todo ello no parece ser suficiente motivo para hacer una reflexión pública».

A Diego le picó la mosca detrás de la oreja en sus paseos, en las salidas al supermercado y en los trayectos de casa a la estación. "Esto ha sido un poco patear la calle. Vi que muchas obras las hacía Licuas. En Tres Cantos casi nunca ponen carteles con el presupuesto y la constructora, pero yo veía al personal y las vallas y siempre se adjudicaban a esta empresa", cuenta. "Sospechando que recibía demasiados contratos, acudí a la plataforma de contratación del Estado. Y luego leí en prensa que estaba asociada a la financiación ilegal del PP".

Dentro de las 316 viviendas que fueron ejecutadas, 76 eran nuevas y 240 eran usadas

Más vale una imagen que mil palabras, y los vídeos que están circulando por las redes sobre ejecuciones públicas de mujeres muestran lo que puede ocurrir en el país cuando el mundo les deje de mirar con lupa.

El sumario vuelve a arrojar luz sobre lo sucedido aquella noche y apunta los insultos homófobos sobre Samuel.

Doce cubanos arrestados en las protestas del 11 de julio recibieron este miércoles condenas de 10 meses a un año de cárcel tras un juicio sumario en el que la mayoría no contó con un abogado, denunció el hermano de uno de ellos, el cineasta Anyelo Troya, realizador del famoso videoclip 'Patria y Vida'. "Lo detienen cuando empiezan las manifestaciones. Él no se estaba manifestando, solo salía con su cámara a filmar", declaró a Efe su hermano Yuri, que ha seguido de cerca el proceso hasta conocer hoy la sentencia.

Aunque la fiscal Mederos Torres aseguró que la FGR respeta y protege los derechos constitucionales del debido proceso que asiste a los acusados, algunas de estas personas serán presentadas a los tribunales en procesos sumarios en las próximas horas. En el caso de la coronel del MININT Moraima Bravet Garófalo, encargada de dirigir “la carga de pruebas” —esto es, la sustanciación de las acusaciones— dijo que “la indicación que tenemos es mayor severidad”.

Ejecuciones extrajudiciales, brutalidad policial y montajes son tres de las variantes de la violencia estatal y paraestatal que ejerce Colombia y que ha sistematizado la investigación de una delegación internacional. Cristian Leyva, estudiante de 27 años, explica desde Bilbao cómo fue su proceso judicial.

El estado de Arizona renovó su cámara de gas y compró los ingredientes para producir gas cianuro, mejor conocido como “Zyklon B”, el químico utilizado por los nazis en Auschwitz, Birkenau, Majdanek y otros campos de exterminio masivo de personas, durante la II Guerra Mundial, en un intento por reactivar su programa de ejecución de la pena de muerte suspendido desde hace mucho tiempo, debido a los terribles fallos sufridos.

El departamento correccional ha gastado más de 2.000 dólares en ingredientes para producir gas cianuro, el mismo que se usaba en Auschwitz.

Documentos obtenidos por The Guardian revelan el alcance total del bombardeo de gastos en el que se han embarcado para reactivar las ejecuciones retrasadas por la pandemia de COVID. En el caso de Arizona, la suma gastada ha sido de $1,500,000 de dinero de sus contribuyentes para fármacos usados en inyección letal que debían enviarse en "frascos y cajas sin marcar".

La crisis sanitaria ha provocado un incremento de las ejecuciones durante el año, aunque no necesariamente de los desahucios

La cifra triplica los casos de civiles presentados por el Ejército como guerrilleros muertos en combate que había reportado la Fiscalía. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal de justicia transicional encargado de juzgar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado en Colombia, estableció que entre 2002 y 2008 hubo más de 6.400 víctimas de los llamados “falsos positivos”, el eufemismo con el que se conocen los asesinatos de civiles por parte de militares para presentarlos como guerrilleros caídos en combate.

Se activaron las ejecuciones, se privó a los presos de sus vidas, para utilizarlo a modo de eslogan electoral. Difícil concebir algo más insidioso.

Cinco ejecuciones están programadas antes de la toma de posesión del presidente electo Joe Biden el 20 de enero, rompiendo así el precedente de 130 años de pausa en las ejecuciones en medio de una transición presidencial. Y si las cinco se llevan a cabo, el Sr. Trump será el presidente de ejecuciones más prolífico del país en más de un siglo, supervisando las ejecuciones de 13 condenados a muerte desde julio de este año.

Las ejecuciones públicas en la Roca Tarpeya ¿Qué delitos castigaban los romanos con la praecipitatio?