La investigación ‘More Trash, More Cash: quién sale ganando con la crisis del plástico en España’ expone el interés de la industria de los envases de un solo uso para no mejorar la gestión de residuos en España y el beneficio que obtienen de un modelo de negocios que se beneficia de la generación de residuos. Los españoles podríamos estar pagando hasta 744 millones de euros al año por los costes de limpiar la basura generada por estos residuos. En el tweet hay un enlace al informe

En una alianza sin precedentes, 16 entidades sociales, tanto de ámbito estatal como territorial, han denunciado al Estado español ante la Comisión Europea por el incumplimiento del objetivo de reutilización y reciclaje del 50% para 2020 marcado por la Unión Europea. La queja fue aceptada a trámite por la Comisión Europea el 11 de febrero.

Ecoembes es una sociedad anónima sin ánimo de lucro formada por las grandes empresas generadoras de envases. Muchos colectivos ecologistas se preguntan por qué en España el monopolio del reciclaje recae sobre Ecoembes cuando los datos de envases reciclados del país son tan lamentables (solo se recuperan el 30% del total de los residuos plásticos, según Greenpeace).

Una iniciativa legislativa en la Comunitat Valenciana propone que Ecoembes, junto con las marcas de alimentación y los grandes supermercados, siga trasladando su responsabilidad legal como productores a las personas contribuyentes.

Ecoembes sabe que se avecinan cambios y se quiere adaptar a la nueva transición con la connivencia de la administración pública. Que en España se recicla mal no es un misterio. Como mucho, según los datos de Greenpeace, llegamos al 30% de los envases plásticos reutilizados. No es de extrañar que ya se hablara de la implantación de nuevos sistemas, como el de devolución, depósito y retorno (SDDR), que reventaran el imperio y el monopolio de Ecoembes. Pero la sociedad anónima sin ánimo de lucro ha respondido a esta amenaza con un nuevo plan.

Ecoembalajes España SA, más conocida como Ecoembes, centro de la polémica por las bajas tasas de reciclaje de envases en España —de apenas el 25% según las últimas investigaciones— y ente responsable de reciclar los residuos que sus empresas adheridas ponen en el mercado, pretende que su polémico y complejo sistema de incentivo de reciclaje, Reciclos, sea sufragado con dinero público. La ley de residuos vigente exigen que los costes de la gestión de sus residuos sean asumidos por las empresas productoras a través de la Responsabilidad Ampliada…

Ecoembes, es decir, Coca-Cola, Danone, Mercadona y demás no quieren SDDR porque para ellos supone más control y menos negocio, porque no están dispuestos a pagar por lo que contaminan y porque quieren seguir siendo juez y parte y ganar dinero a costa de nuestra salud y la del planeta. Y se inventan Reciclos.

No podemos fiarnos de un estudio por el mero hecho de llevar el logotipo de cierta universidad. Eso queda demostrado con esta sucinta selección de universidades sospechosamente vendidas a intereses privados a través de cátedras universitarias que financian investigaciones poco fiables.
Universidades como las de Málaga, La Coruña, Pompeu Fabra, Jaume I, Castilla-La Mancha, Vigo o la Politécnica de Madrid están involucradas.

Las primeras 10 máquinas se han instalado en estaciones de tren de Cataluña y, reciclando en ella las latas y botellas de plástico de bebidas, se podrán conseguir desde patinetes eléctricos hasta billetes de tren, además de contribuir a causas sociales.

Desmontando los engaños de la gestión de envases domésticos y el Greenwashing de Ecoembes

Vasos de yogur, botes de detergente o tetrabricks de leche adheridos al SIG llevan el logotipo de dos flechas en un círculo. El SIG cobra una cantidad a las empresas por cada recipiente que introducen en tiendas y grandes superficies. Cuando cobrador y pagador son los mismos, «son las propias empresas quienes cuantifican cuánto vale reciclar sus envases» lo que «explica la descompensación que hay entre el coste real de lo que cuesta recuperar y reciclar materiales y su impacto y huella ambiental, que no se paga realmente», denuncia la ONG.