El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, ha solicitado este lunes al tribunal la emisión de órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, su ministro de Defensa Yoav Gallant y el líder de Hamas, Yahya Sinwar, entre otros. Las solicitudes se basan en presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en la guerra en Gaza y se extienden asimismo a varios altos cargos del grupo islamista Hamas.

Khan dijo que la CPI también está buscando órdenes de arresto contra el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, así como contra otros dos altos líderes de Hamas: Mohammed Diab Ibrahim al-Masri, líder de las Brigadas Al Qassem y mejor conocido como Mohammed Deif, e Ismail Haniyeh, líder político de Hamas.

El Congreso de los Diputados decidirá la próxima semana si se debe cambiar la legislación española sobre la prostitución, una realidad atravesada por la explotación sexual y la feminización de la pobreza y sobre la que no existen datos oficiales actualizados que permitan hacer una radiografía precisa de la situación. Modificar el Código Penal para endurecer el castigo del proxenetismo, multar el pago por sexo y castigar con cárcel la tercería locativa, esto es, penar el lucrarse por destinar un inmueble o cualquier otro espacio.

Israel negó con contundencia el viernes las acusaciones de genocidio y dijo ante el máximo tribunal de Naciones Unidas que está haciendo todo lo posible para proteger a la población civil en su campaña militar en la Franja de Gaza.

La oficina del ministro de Asuntos Exteriores confirma la celebración de una reunión sobre cómo evitar posibles órdenes de detención contra dirigentes israelíes y oficiales de las FDI, una posibilidad que, según un reportaje televisivo, preocupa cada vez más a Israel. Según su Canal 12 de noticias, tres ministros y varios expertos jurídicos del Gobierno mantuvieron el martes un "debate de emergencia" en el Gabinete del Primer Ministro sobre cómo defenderse de las posibles órdenes de detención de la CPI.

Afirma en Telegram que la Justicia ha archivado todas las causas penales abiertas contra él, pero la trola no puede ser más gorda. En primer lugar no presenta un registro de penales o un certificado de antecedentes, sino un documento de la oficina de registro y reparto que te dan si lo solicitas donde se te informa de los procedimientos de los que eres parte.

La propuesta de ley del PSOE "por la que se modifica el Código Penal para prohibir el proxenetismo en todas sus formas" ha reactivado el debate acerca de la naturaleza de la prostitución y la mejor forma de abordarla. La propuesta modifica el Art. 187 del Código Penal, relativo al proxenetismo, en tres sentidos. Primero, desvinculándolo de la explotación. Es decir, pasaría a ser delito "promover, favorecer o facilitar, con ánimo de lucro, la prostitución de otra persona, aun con su consentimiento". Segundo, criminalizando la tercería locativa.

En un momento en el que el PSOE ha recuperado una proposición de ley para cambiar el Código Penal y provocar el desahucio de todas las prostitutas que ejercen el oficio en pisos de alquiler o locales, el libro de Andreia da Costa constituye un testimonio de valor para entender el mundo de la prostitución, y para abordar el debate de una cuestión delicada. De nuevo, la ley pretende terminar con una dedicación con la que nadie ha terminado. Y amenaza, en realidad, con llevar más dolor y sufrimiento a quienes buscan una salida a sus vidas.

Cuatro días después de su toma de posesión, Oswaldo Betancort, de Coalición Canaria, dijo al letrado que llevaba el procedimiento que no hiciera nada hasta recibir nuevas instrucciones

En el argot legal se conocen como “querellas catalanas”. El origen de dicha denominación parece remontarse a la Edad Media, cuando en una controversia entre comerciantes catalanes y genoveses, estos últimos reclamaron contra los primeros en la jurisdicción civil y los comerciantes catalanes interpusieron como respuesta una querella, por la jurisdicción penal. Como se sabe, la vía penal tiene preferencia y manda sobre cualquier otra acción legal que se presente en otras vías jurisdiccionales. Desde entonces se conoce así a este tipo de recursos

27 infracciones de no solicitud de alta de trabajadores. Una falta grave que suponía 4.689 euros por cada trabajadora; y, en total, 126.603 euros. Del mismo modo, se extendía el acta de liquidación de cuotas de la seguridad social. [..] Así pues, la sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Galicia, estipulaba que la actividad principal de las trabajadoras era el tráfico sexual. Y, por tanto, el ejercicio de alterne previo constituía “un paso previo”. Una situación que no se valora en la actual sentencia del Supremo.