Como el Estatuto de Roma de la CPI, que estipula la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, entró en vigencia en el ordenamiento jurídico peruano en julio de 2002, buscan declarar nulas las condenas. La propuesta sostiene que "los delitos cometidos con anterioridad a la entrada en vigencia de los referidos instrumentos internacionales, prescriben en los plazos establecidos en la ley nacional". La medida beneficiaría a Fujimori y Montesinos, condenados por secuestro, tortura y asesinato.