El máximo responsable de esa unidad especializada es el fiscal Miguel Ángel Aguilar (Remscheid, Alemania, 1965), que advierte en una entrevista telefónica con elDiario.es de que “la creación de un clima de estigmatización o de señalamiento a través de las redes sociales puede traducirse en casos de violencia en las calles”.

El fiscal propone prohibir el acceso a las redes a los condenados por delitos de odio graves Miguel Ángel Aguilar también ha considerado que seria «interesante» eliminar el anonimato de las redes sociales para facilitar las investigaciones

Amine Argane e Ismail Khatini contabilizan casi tantas detenciones como velas han soplado a tenor de los 22 y 16 arrestos que reflejan sendas trayectorias delincuenciales. Pero su actividad delictiva se ha tomado un respiro a lo largo de las últimas semanas porque ambos se encuentran internos en el centro penitenciario de Zuera al encadenar la comisión de varios hurtos y robos a finales del pasado mes de mayo.

El fiscal de Sala de la Unidad de delitos de odio, Miguel Ángel Aguilar, explica en 'Hoy por Hoy' cómo se investigan los mensajes con contenidos racistas o xenófobos y cuáles podrían entrar en la categoría de delitos de odio.

El presidente de la Junta equipara la situación actual con "la que vivimos en el 78 cuando pedimos café para todos". Asegura que "Pedro Sánchez ha aprovechado el verano para instaurar un cambio en el modelo de Estado". El PP espera a Feijóo para poner en marcha su estrategia contra el pacto fiscal catalán.

Estos son dos de otros muchos ejemplos que podríamos poner sobre la brutal y en muchos casos indiscriminada represión que aplicaron en la provincia de Teruel una parte de los civiles y militares rebeldes que habían dado el golpe de Estado contra la II República desde el 18 de julio de 1936.

La Junta de Fiscales Supremos acordó el pasado 22 de julio interponer la demanda de inconstitucionalidad contra esta norma recientemente promulgada por el Congreso peruano. En el documento, la Junta de Fiscales Supremos expresó su rechazo a la ley, al considerarla contrapuesta a los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Señalan un impacto negativo en la tramitación de las investigaciones y procesos judiciales en casos de lesa humanidad como Madre Mía, Humaya Chambara, Geotendia, Lurigancho, Paccha I y II, Galván Borja...