Es cierto que un estado de derecho no puede dejar de perseguir a los “piratas” que secuestraron a los marineros, si bien, sí la detención se produjo en aguas territoriales somalís no serían competentes las autoridades españolas. Pues de igual modo que los Fiscales y Jueces no pueden dejar de perseguir este delito, también deberían procesar a aquél empresario que dio las ordenes que, a la postre, han puesto en peligro la vida, la seguridad, la libertad y la integridad de sus trabajadores.
