El presidente del Gobierno asturiano y secretario general de la Federación Socialista Asturiana, Adrián Barbón, ha dicho este viernes que cualquier cambio en la financiación autonómica, incluida la relativa a Cataluña, deberá debatirse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Ha dicho que, en ese marco, Asturias votará "siempre" en contra de la salida de cualquier comunidad del régimen común.

El juzgado acepta la petición de medidas cautelarísimas presentadas por el grupo ultracatólico en representación del padre de una mujer para la aplicación de la eutanasia prevista para mañana.

La organización de juristas defiende que el espectáculo infringe el artículo 10 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el artículo 21 de la misma carta y el artículo 22.

La Universidad madrileña –la pública– se ahoga. Se ahoga en deudas desde hace años, tirando de remanentes o recortando gasto por las esquinas para cuadrar las cuentas ejercicio tras ejercicio, no siempre con éxito. Se ahoga con la menor inversión por alumno de España, pese a ser la comunidad autónoma más rica, y con las tasas más altas, a la vez que compite con un sector privado que se expande por la región sin un final visible. Se ahoga, ahora también, con un proyecto de ley autonómica que, advierten los rectores, podría chocar con la LOSU.

Podemos plantea la creación de un 'Consejo Defensor del Derecho a la Información Veraz', un órgano "emanado del poder popular para poner límites a los desmanes del poder mediático", y cuya función sería detectar fake news y fijar un catálogo de medios y periodistas que difundir de forma reiterada información falsa. Además, ese órgano estaría facultado a disponer de régimen sancionador, que podría derivar en los casos más graves por verter fake news a la inhabilitación para ejercer el periodismo o retiradas de licencias.

"No se trata de ninguna triquiñuela jurídica. Se trata de reivindicar las garantías de un proceso penal en un Estado Democrático". Camacho ha insistido en que no se les ha facilitado el motivo de por qué deben declarar pese a haberlo solicitado en reiteradas ocasiones: "Desde que desapareció la inquisición, desapareció la posibilidad de que alguien fuera a declarar y no supiera qué es lo que se estaba investigando y eso es lo que está ocurriendo en este procedimiento.

60.000 euros en un bufete privado. Es lo que se va a gastar el Ayuntamiento de Madrid, a través de la EMT, en la defensa de la Empresa Municipal de Transportes por el posible sobreprecio en la adjudicación al digital 'OK Diario' de un evento sobre movilidad con un contrato de patrocinio. Un caso por el que ya está imputado el gerente de la propia EMT, Alfonso Sánchez Vicente.

Cabe destacar que otras organizaciones como Vox, la Fundación de Abogados Cristianos y Hazteoir.org también han solicitado su personación como acusación popular en este caso

Un año más, ha comenzado en Madrid la semana del Orgullo, la cual está basada en la reivindicación de los derechos LGTBI y en protesta contra los discursos de odio promovidos por la derecha. Miles de personas han salido por las calles de Madrid y muchos han clamado contra la derecha que asola la ciudad: "Ayuso, Almeida, iros a la mierda", se ha escuchado por las calles de la capital en protesta contra las políticas derechistas y conservadoras promovidas por los Gobiernos regional y local.

Hay un sector de ultraofendidos por un anuncio de Nocilla. Y todo porque la marca de “Leche, cacao, avellanas y azúcar...” ha decidido introducir (no sé si es el verbo más correcto) un juguete sexual dentro de su última campaña, en la que un señor mayor aparece colocándose un Satisfyer en la frente para tomarse la temperatura, confundiéndolo con un termómetro.

Declaraciones del abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, que ha asegurado "el juzgado nos ha sorprendido nuevamente porque a pesar de que en ese auto decía que los hechos investigados se limitaban a la denuncia inicial, lo cierto es que nos ha dicho que había una querella que no se nos había notificado".

La acusación pública le pide cuatro años y medio de prisión para la ultraderechista por tres presuntos delitos contra la intimidad, con la circunstancia agravante de discriminación por orientación sexual