Los exámenes que ha venido realizando el Tribunal de Cuentas a los contratos de emergencia suscritos por el Gobierno en los años de la pandemia del coronavirus revelaron retrasos en los plazos de ejecución, que afectaron a uno de cada cinco firmados, y empresas que coparon buena parte de las adjudicaciones, aunque no hace públicos sus nombres.

La Comunidad de Madrid volvió a recurrir a esta fórmula en diciembre para el mantenimiento del Zendal, tras evitar durante dos años la puesta en marcha de un concurso público para la adjudicación de dicho servicio. Galicia ha usado en los últimos meses esta vía para contratar asesoramiento jurídico, mientras que en Andalucía fue la fórmula empleada en los contratos con clínicas privadas. La tramitación de emergencia fue también utilizada recientemente por el Ejecutivo central en la compra de prendas de uniforme para la Policía Nacional.

El Gobierno andaluz renovará a los 959 médicos durante un año y seis meses al resto de profesionales, 11.015. El Sindicato Médico celebra la decisión, pero mantiene el paro a finales de enero si no se atienden el resto de exigencias

Nuevo frenazo a la investigación sobre las presuntas irregularidades en los contratos covid adjudicados por el Gobierno en la primera ola de la pandemia. La entrega in extremis de nuevas pruebas documentales que la acusación había solicitado, pero que no habían sido aportadas hasta ahora, ha provocado el aplazamiento de la declaración de los tres altos cargos del Ejecutivo que estaban citados a declarar este jueves en calidad de investigados por posible malversación en una docena de adjudicaciones

Unos 12.000 sanitarios del Sistema Andaluz de Salud (SAS) terminan contrato el 31 de diciembre. Es en torno al 10% de los aproximadamente 120.000 profesionales en los que la Consejería de Salud cifra la plantilla.El Ejecutivo que preside Juan Manuel Moreno (PP) ha afirmado su decisión de mantener a la máxima cantidad de personal posible, sin concretar en qué condiciones. La previsión es que sean contratados temporalmente, confirma el departamento sanitario, que apunta a una posible duración de seis meses, aunque no en todos los casos.

La Asociación Liberum ha solicitado, junto a 549 ciudadanos de Islas Baleares ante el Tribunal Superior de Justicia de la región, que sean solicitados los documentos referentes a los contratos entre el Gobierno de España y/o la Comisión Europea y las farmacéuticas productoras de las vacunas de Pfizer, AstraZeneca, Moderna y Janssen en relación a la vacuna del Covid-19. Mediante auto de 28 de julio, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha requerido mediante oficio dando el plazo de diez días al Ministerio de Sanidad.

Un contrato covid deja un agujero de 5,5 millones de euros en el Gobierno por un gran cargamento de guantes que nunca llegó del aeropuerto de Estambul.

Antifraude inició una investigación hace aproximadamente dos años tras recibir un escrito que alertaba de posibles infracciones de la normativa sobre contratación administrativa. Ahora, en su informe final, destaca que no se ha podido fundamentar la existencia de fraude o corrupción, pero sí "déficits" en el adecuado cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo.

La Fiscalía Anticorrupción ha dado carpetazo a las diligencias de investigación sobre una decena de contratos millonarios de adquisición de material sanitario y de adjudicación de ayudas por parte del Gobierno denunciados por un diputado del PP de la Asamblea de Madrid en respuesta a la denuncia que se presentó a su vez por el contrato del hermano de Isabel Díaz Ayuso.

El organismo europeo admite dos denuncias del grupo de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid y abre sendas investigaciones por contratos para suministrar material sanitario adjudicados por la Comunidad a una empresa del sector del vino y otra del audiovisual.El organismo comunitario ha aceptado investigar posibles delitos de fraude a los fondos europeos en la adjudicación de siete contratos por 18 millones de euros para comprar material sanitario a empresas ajenas a la sanidad: una se dedicaba al vino con oro y otra al sector audiovisual.

La declaración judicial de Antonio Sanz, mano derecha del consejero de Presidencia, siembra dudas sobre la actuación de la Junta tras alertarle un empresario de que un tercero le había instado a disparar el precio de los test covid

Iturri, la multinacional sevillana investigada por irregularidades en la facturación del servicio de mantenimiento de los camiones de los Bomberos catalanes, logró la adjudicación de 63 contratos de emergencia por parte de la Generalitat durante la pandemia. Los 30 millones adjudicados a Iturri entre el 12 de marzo de 2020 y el 5 de abril de 2021 suponen el 4% del total otorgado por la vía de la contratación de emergencia durante el periodo en el que se publicó esta información en la web de contratación pública.

Tres altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez declararon este jueves en los juzgados de Plaza Castilla por los contratos en plena pandemia por los que se pagaron más de 310 millones de euros. Uno de ellos, relativo a la compra de de 200 millones de euros en mascarillas a una firma desconocida de Hong Kong, fue publicado por este medio en abril de 2020. La titular del Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid, Concepción Jerez, les citó a declarar como imputados tras admitir a trámite una querella de Vox por los delitos de prevaricación, malv

La titular del Juzgado 26 de Madrid investiga a tres altos cargos del Gobierno por irregularidades en la compra de material sanitario.

Un juzgado de Madrid investiga al Gobierno de Pedro Sánchez por presuntas irregularidades en la compra de material sanitario durante los primeros meses de la pandemia. La titular del Juzgado 26 de Madrid, tomó declaración este jueves como imputados a tres altos cargos de los ministerios de Sanidad y Hacienda por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude, supuestamente cometidos en el proceso de adjudicación de los contratos de emergencia tramitados por la Administración central.

De los 11.000 contratos realizados durante el inicio de la pandemia en la Comunidad de Madrid, más del 60% no serán renovados y abandonarán la sanidad pública. Así lo ha anunciado la Consejería de Sanidad, gestionada por Enrique Ruiz Escudero, en una Mesa Sectorial extraordinaria con los sindicatos.Un total de 3.937 se mantendrán y 7.063 serán fulminados. Los mejor parados serán los médicos, ya que de los 1.067 con contratos covid, se quedarán 605, asegura Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS).

La farmacéutica AstraZeneca, propietaria de una de las primeras vacunas contra la covid-19, ha anunciado este jueves resultados positivos de un nuevo tratamiento contra esta enfermedad. El medicamento sirve tanto para prevenir las infecciones sintomáticas como para frenar la evolución de la covid una ver detectados los primeros signos de infección.

La oposición de la Asamblea de Madrid quiere investigar “posibles tratos de favor” en los miles de contratos firmados por la Comunidad de Madrid para combatir el coronavirus.“Queremos investigar tanto al hermano de Ayuso como a cualquier ciudadano o empresa que esté en la misma situación: que haya sospechas, o información, de que ha podido haber conductas de tráfico de influencias para conseguir contratos”, explica Carmen López, la diputada socialista expulsada del pleno, que está especializada en fiscalizar los gastos de la Administración

La Comunidad de Madrid vuelve a tirar de las externalizaciones sanitarias. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso destinará cerca de 22 millones de euros a entidades religiosas y empresas sanitarias para que se hagan cargo de la hospitalización de pacientes covid que necesiten cuidados continuados. En concreto, ha adjudicado por la vía de emergencia-sin publicidad- tres contratos a Fundación Instituto San José, SSR Hestia y ALM Univass por un importe total conjunto de 21,81 millones de euros.

La Comunidad de Madrid tira de nuevo de sector privado y externaliza parte de los cuidados paliativos. El Ejecutivo liderado por Isabel Díaz Ayuso adjudicó a comienzos de marzo tres contratos valorados en algo más de cuatro millones de euros a diferentes entidades religiosas y empresas sanitarias para que se hagan cargo de la hospitalización de pacientes covid con necesidades paliativas. El Ejecutivo regional adjudica este servicio de hospitalización a SSR Hestia, Fundación Vianorte-Laguna y Residencia San Camilo.

La Comisión Europea se prepara para iniciar un proceso legal contra la empresa anglo-sueca productora de la vacuna AstraZeneca por la escasez de vacunas que ha entregado a los Veintisiete. AstraZeneca desencadenó el enfado de la Unión Europea en enero pasado cuando dijo que no podría ofrecer la cantidad de dosis inicialmente comprometidas con el bloque. Al final del primer trimestre de 2021 la empresa entregó 30 millones de dosis a los países de la UE, en lugar de los 100 millones prometidos en su contrato con las autoridades comunitarias.

Muchos politólogos, economistas, abogados, historiadores, periodistas y activistas de la sociedad civil se han dado cuenta de que el mundo posterior a Covid no debería simplemente "retomar donde lo dejamos", sino que en realidad requiere un nuevo contrato social, uno que tendrá mejores resultados. Prioridades presupuestarias, anteponer a las personas a las ganancias, adoptar medidas concretas para promover la igualdad y la justicia social, son algunas de las propuestas de Alfred Zayas, experto en derechos humanos.

Ciudadanos quiere que el Gobierno explique por qué el contrato otorgado a la multinacional Indra para el mantenimiento de la app Radar Covid --para el rastreo de los casos de coronavirus en España-- se adjudicó "sin publicidad" previa y con tramitación "de emergencia", y ha advertido de la "opacidad" que, a su juicio, rodea a este proyecto. A través de una batería de preguntas registradas este jueves en el Congreso, la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, y la diputada María Muñoz solicitan conocer las razones del Ejecutivo

Apenas han trascendido detalles de los términos de los contratos firmados por la Unión Europea con las farmacéuticas.

En dicho documento se firmó un acuerdo por el que ambos se comprometían a compartir la administración de la casa e iglesia de Santa María de Ordes, lo que actualmente se cree que podría ser la parroquia de la localidad gallega de Rairiz de Vega (Ourense). Como se puede apreciar a simple vista, los apellidos de los dos hombres no coinciden, por lo que no compartían ningún tipo de parentesco.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado este viernes en el Senado el cese de dos altos cargos de su departamento imputados en el denominado 'caso Koldo' y ha avanzado que la auditoría que anunció en febrero ha detectado irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia a empresas de la trama del ex asesor del ex ministro José Luis Ábalos.

Síntomas psiquiátricos y cognitivos parecen aumentar durante los primeros 2-3 años después de la hospitalización, debido tanto al empeoramiento de síntomas ya presentes a los 6 meses como a la aparición de nuevos síntomas. Estos nuevos síntomas ocurren principalmente en personas que ya presentaban otros síntomas a los 6 meses. Por lo tanto, la identificación y el manejo temprano de los síntomas podrían ser una estrategia efectiva para prevenir la aparición posterior de un síndrome complejo.

El Centro Nacional de Epidemiología (CNE) del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y el Ministerio de Sanidad han participado junto a otros investigadores europeos en un estudio publicado por la Red de Vigilancia Respiratoria de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Europa, donde se estima cuántas vidas se salvaron directamente al vacunar a los adultos frente a la COVID-19.

El hecho de que el velocista estadounidense Noah Lyles admitiera el jueves que corrió en los 200 metros masculinos de los Juegos Olímpicos de París tras dar positivo por Covid-19 ha reavivado un debate conocido: si está bien tratar el Covid como cualquier otra infección respiratoria.