Unas sesenta personas ocupan las oficinas del Haya Real Estate, gestor de Divarian, en Les Corts, con el fin de exigir un alquiler social para cinco familias de Ciutat Vella, tal y como contempla la ley.

Un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid determina que "no ha lugar a la suspensión del auto" que rechazaba el último recurso presentado por el Ejecutivo autonómico. La Comunidad de Madrid requirió al magistrado que no ejecutase esa decisión "en aras a la salvaguarda de la seguridad jurídica"

Documental que reflexiona sobre el derecho a la vivienda con el testimonio de familias vulnerables, expertos, responsables del sector financiero y políticos. El reportaje también expone el ejemplo de Viena, la ciudad con el mayor parque de vivienda pública de Europa.

El proceso de venta estuvo lleno de irregularidades, según varias sentencias judiciales que fueron fallando a favor de los afectados a los largo de los años.

Las casi 3.000 viviendas pertenecían al Plan Joven del Instituto de la Vivienda de Madrid, que fueron vendidas por 201 millones a Goldman Sachs Azora. El vicepresidente, Ignacio Aguado, dice que el recurso busca "defender el interés general" y pide disculpas a las familias afectadas por la "decisión política" de 2013.

Desde 2013 el número de viviendas sociales en España no ha dejado de caer. De las casi 100.000 Viviendas de Protección Oficial (VPO) que había en 1996 apenas quedan 8.000. Esta desaparición de las VPOs tiene una relación directa con la subida de los alquileres, algo que no pasa en países como Holanda, Reino Unido o Austria donde los precios del alquiler están más o menos regulados.Ahora quienes consiguieron una VPO hace más de una década ven como la venta de suelo público a fondos buitre se está viendo reflejada en el aumento de sus rentas.

El Juzgado 38 de Madrid, que investiga el asunto, estableció este jueves unas contundentes medidas cautelares en un auto. La más importante de todas: la prohibición de vender o alquilar los inmuebles sin informar de que todo el lote se encuentra inmerso en un proceso judicial.

El fondo buitre estadounidense Blackstone ha iniciado un proceso de venta de activos en el que pretende incluir casas que adquirió en 2013 al Ayuntamiento de Madrid, que consistía en una cartera de viviendas sociales que estaban destinadas al alquiler. Se trata de casi diez bloques de viviendas, entre las que se incluirá entre el 10 y el 15% de la cartera adquirida al consistorio. El Tribunal de Cuentas condenó a Botella y su equipo de Gobierno a una multa de 23 millones de euros por vender casas protegidas a un precio por debajo de mercado.

Diego Sanjuanbenito Bonal, actual viceconsejero de Humanización de la Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid y José Enrique Núñez Guijarro, viceconsejero de la Consejería de Justicia, han sido condenados.

Manuel Pinto es el letrado que ha conseguido que un juez anule la venta de 2.935 pisos públicos de la Comunidad de Madrid a un fondo de inversión pese a que había inquilinos en su interior que disfrutaban de alquileres sociales. "No me atrevo a pronosticar si las casas volverán a ser públicas pero hay indicios de que el IVIMA no actuó conforme a derecho"

Bien de especulación y fondos buitre, una pizca de vivienda pública, casi nada. Dos huevos, trabajos precarios y sueldos de mierda. Et voilà! Un soufflé a punto de estallar.

El Ayuntamiento regaló a Blackstone 13 propiedades camufladas en el lote de viviendas sociales, provocando un quebranto municipal de 300.000 euros. Las diligencias que ha abierto el Tribunal de Cuentas por la enajenación del Ayuntamiento de Madrid de 1.860 de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) a inversores privados –durante el mandato de Ana Botella- están poniendo de manifiesto algunas sorpresas.

Las oscuras conexiones tras la venta de viviendas sociales a fondos buitre Botella, la mujer y la cuñada de Ignacio González y los consejeros de Magic Real Estate. La venta de viviendas públicas en la Comunidad de Madrid a fondos buitres implica a personalidades del PP que han ocupado altos cargos institucionales y que forman parte de un muy complicado entramado empresarial. Magic Real Estate, socio del fondo Blackstone en la compra de las viviendas municipales, es una de esas firmas, y sus consejeros, según ha podido saber...

Arantxa Mejías está acostumbrada al trato con medios de comunicación, pero estas últimas 24h han sido frenéticas. "Estoy en un globo, preguntándome por qué y por qué, con miedo, con rabia", dice el día después de conocer que Fidere no va a renovar el contrato de alquiler a su familia. Según el burofax, firmado por un consejero que ha dimitido, tienen 30 días para dejar la casa en la que han vivido en la última década. "Es alucinante que Fidere haya tomado esta decisión como una represalia personal".

Las viviendas protegidas que el fondo buitre Blackstone posee en España ya valen mucho más de lo que le costó hacerse con ellas. Más de 100 millones de euros, según los cálculos de Fidere, la filial que utiliza el fondo para gestionar esos pisos. Así lo aseguran las cuentas anuales de la sociedad que denomina a esta diferencia "plusvalía latente no registrada", tras haber tasado la totalidad de sus inmuebles a 31 de diciembre de 2015. Una plusvalía del 36%.

“Compran viviendas sociales baratas, incrementan abusivamente el alquiler a personas vulnerables que no pueden pagarlo y las desahucian sin ruido, sin asumir el coste social de estar lanzando a estas familias”, ha explicado Marta Higueras. Los fondos buitre solían pasar un listado a la Empresa Municipal de Vivienda Social (EMVS) con todas las familias a las que pensaban desahuciar, para que el Gobierno se encargara de darles una alternativa habitacional.

Manos Limpias ha registrado una denuncia ante la Fiscalía General de Madrid contra la exalcaldesa de la capital Ana Botella por un presunto delito de fraude, prevaricación y tráfico de influencias por la venta de 18 promociones de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) a un fondo de inversión.

El juzgado 48 que investiga la venta del IVIMA a Goldman Sachs ha ampliado diligencias tras el informe presentado por la acusación que conecta esta operación con otros fondos y la familia.

Activistas de la PAH y otros grupos de vivienda han ocupado la sucursal de Bankia en la calle Mayor de Madrid para exigir una solución para 50 familias que negocian un alquiler social con la entidad rescatada. También denuncian la inexistencia del Fondo Social de Viviendas.

El Fondo Social de Viviendas cuenta ya con casi 10.000 pisos, aportados por 29 entidades financieras con el objetivo de ayudar a las innumerables familias que no pueden hacer frente al pago de la hipoteca.

Las entidades se muestran dispuestos a aumentar el número de viviendas sociales que se vienen destinando al Fondo Social de Vivienda, conscientes de que esta es una medida estrella de las futuribles alcaldesas de Barcelona y Madrid. Hasta la fecha sólo se han acogido 1.465 familias, con lo que aún hay 4.535 pisos vacíos.

El candidato republicano dice la política ayudaría a reducir los precios de las viviendas, un tema de preocupación importante para los estadounidenses.

El líder de Vox también ha asegurado que Pedro Sánchez está «ahogado en la corrupción familiar» aunque «se dedica a amenazar a los jueces, a la prensa libre y a la riqueza»

Tras la instrucción para el tapiado y precinto del Centro Social Okupado La Muela, el gobierno municipal ha pedido un informe sobre el local al Servicio de Proyectos Estratégicos y Edificación. La orden, que se ha dado a conocer hoy, ha venido precedida por su tratamiento en una de las últimas sesiones de la Junta de Gobierno local previas al periodo vacacional de agosto, donde se abordó la “ocupación ilegal del inmueble” en base a un informe de la Policía Local.

La firma de diseño de chips recalca que la contratación es posterior a la concesión de los fondos y se explica por la contrastada trayectoria de Therese Jamaa en el sector tecnológico

El Fondo Noruego de 1,7 billones de $ podría tener que desprenderse de acciones de empresas que infrinjan la nueva y más estricta interpretación de normas éticas de su organismo de control para empresas que ayudan a las operaciones de Israel en territorios ocupados. El Consejo de Ética del mayor fondo soberano del mundo envió el 30 de agosto una carta al Ministerio de Finanzas, vista por Reuters, resumiendo la definición ampliada de comportamiento empresarial no ético. Esas empresas podrían ser RTX Corp, General Electric y General Dynamics.

Las acciones de DJT cayeron a 17,89 dólares por acción hacia el mediodía del martes. El mínimo anterior de la acción se estableció el 28 de agosto, cuando alcanzó los 19,38 dólares por acción. El precio de las acciones bajó aproximadamente un 77% desde su máximo de 79,38 dólares por acción el 26 de marzo, tras la fusión de Trump Media con una sociedad anónima cotizada de adquisiciones especiales.

Para las generaciones más jóvenes –o las que, como los millennials, se han quedado atrapadas en una cierta juventud a pesar del paso del tiempo– el acceso a la compra se ha vuelto demasiado difícil. Si en 2002 el 60% de los jóvenes de menos de 30 años era propietario de su vivienda, en 2022 solo era el 30%. La emancipación de los jóvenes se está haciendo vía alquiler y no vía hipoteca. Para la Generación Z, la vivienda podría ser más bien secundaria: antes tendrán que preocuparse por acceder a contratos dignos, como teorizan los expertos.

A 22 meses de que expire el plan de recuperación, el 70 % siguen sin llegar

Las personas con parálisis cerebral cuentan en La Rioja con nuevas viviendas. Desde hace dos años, Aspace gestiona un piso con seis plazas para personas que padecen esta enfermedad. Teresa Stokkermans, responsable de la vivienda especializada, explica que “las ayudas son iguales a las que ofrece una residencia a nivel físico. Aquí también trabajan profesionales. Es el mismo formato, pero más reducido”.

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Los cheques, tickets o tarjetas de restaurante o de guardería consisten en que las empresas le den al trabajador X euros mensuales en forma de esos tickets, para que se los gaste en comer en restaurantes o en dejar a los hijos en una guardería. El problema es cuando los llaman “beneficios sociales” para no llamarlos salario y no pagar su cotización a la Seguridad Social ni contarlos para calcular las indemnizaciones por despido. Pero en muchas ocasiones sí que son salario y la empresa le debe dinero a la SS.

A lo largo de las décadas, la disminución en la construcción de viviendas sociales y el aumento en la demanda, impulsado por el flujo de inmigrantes y la urbanización, han llevado a una saturación del mercado de viviendas asequibles. Esta situación ha resultado en una competencia feroz por las viviendas disponibles, afectando especialmente a los jóvenes y a las familias de bajos ingresos.

"Es imprescindible el retorno a sus países de quienes han llegado a España irregularmente". Pedro Sánchez sorprendió este miércoles admitiendo la necesidad de poner coto a la inmigración irregular y hablando abiertamente de deportar a quienes lleguen a España por cauces ilegales. "Traslada un mensaje desincentivador, nítido y claro y contundente a las mafias y a quienes se ponen en sus manos", dijo, asociando, además, esa inmigración irregular con "otros delitos como tráficos ilícitos de toda clase o el terrorismo".

Es el país donde más preocupados están los jóvenes, y donde menos preocupadas están las demás generaciones. Según la OCDE, el 81,7% de los jóvenes de entre 18 y 29 años afirman estar "preocupados" o "muy preocupados" por poder permitirse una vivienda, por encima de EEUU (50,1%), Francia (50,6%), Turquía (52,1%) o México (73,7%). Es el dato más alto de toda la OCDE, mientras que, para el resto de edades, España es el país donde hay menor preocupación: solo un 25,7%. La situación es peor en Alemania (35,4%), EEUU (42,1%) o Finlandia (70,6%).