La responsable de Recursos Humanos tuvo conocimiento tras recibir por whatsapp un vídeo del concierto grabado por otro empleado de la compañía.

Esta semana se ha publicado una resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), dependiente del Consejo de Europa, que concluye que la indemnización por despido improcedente en España “no es suficiente para cubrir los daños reales sufridos por los trabajadores despedidos injustificadamente, y no tiene un efecto disuasorio suficiente para los empleadores.” Ante el dictamen, fuentes de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) recordaron que éste no es vinculante, y que el CEDS no es un órgano judicial. ..

El sistema español de despido improcedente ha quedado en entredicho. El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) ha dado la razón a UGT en una reclamación presentada en 2022 y ha resuelto que la legislación de España es contraria a la Carta Social Europea. Un tratado suscrito por el Gobierno en 2021 de obligado cumplimiento para quienes lo firman, pero que no está del todo claro que sea vinculante para el Gobierno y los jueces.

El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) falla en contra de España y concluye que incumple el con la Carta Social Europea en materia de despido. Concretamente, el organismo señala que la legislación española no garantiza una indemnización por despido improcedente adecuada para compensar los daños al trabajador. Asimismo, esta indemnización es tan baja que tampoco disuade a las compañías para evitar futuros abusos en el despido.

Un empresario simula que se jubila para despedir a un empleado y meses después vuelve a darse de alta como autónomo desarrollando la misma actividad comercial. El despido ha sido finalmente declarado como improcedente.

En primera instancia la sentencia reconoció que sus derechos fundamentales habían sido vulnerados con un «ambiente laboral hostil» del que hasta los clientes eran conocedores y condenando a la empresa a pagar una indemnización de 105.000 euros. El trabajador recurrió el fallo, dándole de nuevo la razón el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), que eleva la indemnización a 247.000 euros: mantiene los 55.000 por daños morales y consigna en 197.000 la indemnización por despido improcedente.

A mediados de octubre del 2019, la empresa que lo había estado contratando le comunicó que sería subrogado a otra compañía de ambulancias, que había logrado, precisamente, la gestión de las emergencias en la Costa da Morte. En concreto, en Carballo, Cee, Ponteceso, Cerceda y Vimianzo. Para sorpresa del trabajador, la nueva compañía lo despidió apenas cinco días después de serle notificada la continuidad laboral en la plantilla. De forma paralela, le abonó la correspondiente indemnización, «a razón de 8,21 euros», según refleja el fallo del TSXG

Se contrató a un nuevo director para la compañía y este despidió a mucha gente. Su nuevo jefe lo engaño, lo relegó de su cargo prometiendo un proyecto que no existía y luego lo despidió. El hombre, ante el anuncio de su despido, respondió: "vale, supongo que también tendrán que pagarme el despido". El director le dijo que sí, pero lo que no sabía es que correspondía una indemnización de 200.000 $. La empresa puso a un amigo del jefe que no sabía hacer las tareas y luego no encontraban sustituto.

Estrasburgo ha fallado a favor de los trabajadores y la contraprestación podría volver a los 45 días por año trabajado. El Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa (CEDS) ha fallado en favor de los trabajadores españoles, por lo que el Gobierno de coalición deberá elevar la indemnización por despido improcedente.

La resolución del órgano de justicia del Consejo de Europa va en la línea de que la normativa española no es suficientemente reparadora ni proporcional al daño que producen los despidos sin causa porque fija de manera predeterminada y única la indemnización

El Comité Europeo de Derechos Sociales, órgano que vela porque se cumpla la Carta Social Europea, critica que España limite a los jueces la posibilidad de que los trabajadores reciban una indemnización adicional adecuada por los perjuicios causados por un despido improcedente. El Comité hace este reproche en el marco de los despidos por embarazo o durante la baja de maternidad.

Dirigido por religiosos marianistas y con presencia en 10 países, el Grupo SM presenta un ERE por “caída de ingresos” que contempla 197 despidos en España; sin embargo, las ventas del sector de la edición educativa han crecido un 15% durante los últimos cinco años

Ser un camionero español y sufrir un infarto de miocardio mientras circulas por Alemania camino de Noruega ya es bastante malo. Tener que volver en camión y realizando repartos porque la empresa no ha facilitado tu traslado a España no es mucho mejor. Que esa misma empresa te despida al llegar, ya es el colmo. Al juez no le ha parecido que eso fuera una "válida extinción de un contrato de trabajo temporal por circunstancias de la producción" y dictó una sentencia ejemplarizante (nulidad del despido e indemnización de 30.000 €).

Para la Sala Cuarta, la interpretación correcta es la que hizo el juzgado madrileño en este caso, conforme a la cual "la calificación de un despido nulo por encontrarse la trabajadora embarazada no comporta automáticamente que el mismo lesione el derecho fundamental a la no discriminación por razón de sexo a efectos de una indemnización, pues para ello, es necesario aportar indicios que permitan conectar causalmente la adopción de la medida extintiva con el embarazo". "Y, dado que no queda acreditada (...), se mantiene la nulidad objetiva".

Ha pasado ya más de un año desde que se finalizó la reforma laboral y las consecuencias ya resuenan irremediablemente en el mercado de trabajo. Si bien el objetivo primero de modificar la normativa era, tal y como hemos analizado, reducir la temporalidad e impulsar la contratación indefinida, otro efecto se ha vivido en el marco laboral: un brutal aumento de los despidos disciplinarios, que se han multiplicado por seis desde entonces. Ante esta situación, el PSOE y Sumar llevan negociando en las últimas semanas varias medidas...

Borges se había comprometido a comprar los pistachos a un precio cerrado, beneficioso para ambas partes. Sin embargo, el año pasado vendió toda su sección agrícola. Tras la transacción, la compañía se ha desentendido de los payeses, a quienes antaño asesoraba, y les ha comprado el producto a “un precio irrisorio”, a la vez que cobraba el procesamiento del fruto seco “muy por encima de las cuotas del mercado”. Presuntamente, el mal trato del grupo a los payeses buscaba que éstos rompieran su contrato y así no tener que pagar una indemnización.

Ya hemos visto que "somos una familia" o "llevo años sin vacaciones" son de las principales 'red flags' que en una entrevista te pueden ayudar a entender la cultura de la empresa

Cada año, en la vuelta de las vacaciones, me llegan consultas de trabajadores a los que la empresa les pretende reducir la jornada a menos horas (cobrando menos). Les dicen que o eso, o a la calle con 20 días por año trabajado. Pero hay una tercera opción que nunca te cuentan Una bajada de sueldo es lo que en nuestra jerga llamamos modificación sustancial de condiciones de trabajo, y viene a ser un empeoramiento de tus condiciones de trabajo, según la cual puede ya no interesarte seguir trabajando con la nueva jornada.

“El aeropuerto Internacional de la Región de Murcia no costará ni un euro a los murcianos”, son palabras que el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, dijo en 2020 tras conocer que Sacyr, con la sociedad Aeromur, debía indemnizar a la Comunidad por los 182 millones de euros que perdió tras no ponerse en marcha el aeropuerto una vez construido. Sus declaraciones vuelven hoy a resonar con fuerza tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de anular la indemnización porque se pidió fuera de plazo.

El empleado fue despedido en 2022 tras denunciar a un directivo y aportar pruebas de sus prácticas corruptas. Ahora un tribunal le ha dado la razón y ha obligado a la multinacional a readmitirlo. El denunciado sigue en su puesto.

La Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos (Anpier) ha alzado la voz contra lo que considera una "grave injusticia" en el tratamiento desigual que están recibiendo los inversores en energías renovables. Mientras que los inversores internacionales afectados por los recortes retroactivos en España están siendo compensados con miles de millones de euros, las 65.000 familias españolas que pioneramente impulsaron la transición energética no han recibido ningún tipo de indemnización.

El último Gobierno Zapatero y el primero Rajoy recortaron retribuciones a productores de renovables. La legislación (BOE) las prometia muy concretas y por tiempo determinado, pero recortes (hasta 50%) dejaron en situación muy difícil a muchos pequeños inversores que pidieron créditos en función de esas promesas. Tribunales internacionales dan desde hace años la razón a inversores internacionales y obligan al Estado a compensarles. Pero los pequeños inversores españoles no pueden acudir a la justicia internacional. Aquí a historia de su lucha.

La Sala de lo Social ha fallado que la decisión de la empleadora supone discriminación refleja, pues la acción de rescindir el contrato de forma unilateral, y que fue ejecutada a las pocas semanas de que el empleado informase de su condición de progenitor, se llevó a cabo para evitar todas las consecuencias legales que ello conllevaría: permiso de paternidad, bajas, conciliación familiar, etc.

La empresa australiana de fertilización ‘in vitro’ Monash IVF acordó pagar 56 millones de dólares australianos (37,68 millones de dólares o 33,81 millones de euros) a unos 700 antiguos pacientes tras admitir haber destruido embriones aptos en un programa de cribado genético, según han informado este jueves fuentes de la acusación.

La Audiencia Nacional acaba de condenar el Ministerio de Transportes a indemnizar con 740.000 euros a un motorista por el choque que sufrió en abril de 2017 con un madero tirado en un carril de la carretera N-120, a su paso por Quiroga (Lugo). La víctima tuvo que someterse a 27 intervenciones quirúrgicas y quedó con importantes secuelas

Hace siete años que Cataluña sufrió un zarpazo que no ha cicatrizado. El recuerdo de los ataques yihadistas en Barcelona y Cambrils el 17 y el 18 de agosto de 2017, en los que murieron 16 personas, se ha ido diluyendo, aunque sus efectos aún laten. Decenas de testigos del atropello masivo de La Rambla y el apuñalamiento indiscriminado en Cambrils han sobrellevado el tormento de haber presenciado la matanza sin que se les concediera el derecho a ser reparados durante años.

Los informes periciales que constan en el procedimiento consideran al centro hospitalario "responsable" del retraso diagnóstico y terapéutico del niño, fallecido el 4 de enero de 2015 con 13 años

La eliminación de la protección ante el despido para las personas que hubieran solicitado una adaptación de la jornada laboral o el permiso por enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica ha pillado por sorpresa a los despachos laboralistas y académicos en la materia. La recién publicada ley de paridad ha introducido cambios en una versión obsoleta del Estatuto de los Trabajadores por los que ha quedado eliminada la nulidad que se aplicaba de forma automática para supuestos como el teletrabajo por conciliación.