En esa fecha, el 21 de enero de 2015, el juez Pablo Ruz todavía no había finalizado sus pesquisas y la formación política conservadora no estaba formalmente personada ni acusada en la causa. Un email, cuya copia obra en poder del juez de Tarragona, evidencia que no solo el exministro pudo tener acceso al sumario que instruía en la Audiencia Nacional el juez Pablo Ruz, sino que la cúpula de Hacienda también obtuvo del PP un informe de la Intervención General del Estado (IGAE) del caso Bárcenas, pese a que no estaban personados en la causa.

Los correos entre los inspectores encargados de informar al juez Pablo Ruz y sus superiores apuntan a una "eventual intervención sobre decisiones de funcionarios públicos", según la investigación judicial.

Correos electrónicos en poder de un juez de Tarragona ponen de manifiesto que la cúpula de Hacienda trató con el exministro las opciones que podían ofrecer al juez Pablo Ruz sobre la posible imputación de un delito fiscal al PP. Estos ponen de manifiesto que la cúpula de la Agencia Tributaria trasladó al exministro de Hacienda las opciones que podían dar al juez sobre un posible delito fiscal del PP: "Ya están redactadas las respuestas 'fáciles' (te adjunto los textos): lo que quiere contestar ese auxilio, dando contenido a la petición del juez

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado la apertura de juicio oral contra el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y la excúpula de ese departamento durante la primera legislatura de Mariano Rajoy por la denominada “Operación Kitchen”...

Marisa Gallero, la periodista que mejor consiguió traspasar los silencios del extesorero del Partido Popular, lo explicaba a este periódico el 15 de enero de 2016. Siempre según Gallero, Bárcenas no sólo tiene una grabación en la que el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, estaría recibiendo 4.900 euros de dinero ‘negro’; sino que también dispondría de hasta 14 maletines de documentación secreta. Papeles que el extesorero del Partido Popular custodia a través de terceros

Se trata de una de las cintas más peligrosas para el Partido Popular. De hecho,es la cinta con la que se intentó chantajear a Mariano Rajoy. Así al menos lo confesaba Ignacio González en una llamada interceptada por la policía en la Operación Lezo, en la que el expresidente madrileño también aseguraba que el jefe del Gobierno había enviado a Luis Bárcenas para que pagase una cantidad a cambio de retirar la cinta de circulación.Sin embargo,esa cinta ve ahora la luz, justo antes de que su protagonista, Rafael de Palencia, acuda hoy a la Audiencia

Los tribunales de Alicante tendrán que repetir la sentencia sobre el 'caso Brugal' de corrupción ligada al Partido Popular en Orihuela pero con un cambio fundamental: las escuchas telefónicas que cimentaron la investigación no pueden considerarse nulas. El Tribunal Supremo ha estimado el recurso de la Fiscalía y ha ordenado repetir la sentencia, anulando la resolución que absolvió a 34 acusados por irregularidades en la adjudicación del contrato de recogida de basuras en la ciudad alicantina de Orihuela.

El problema de esta causa, en su opinión, es "el daño que se está produciendo durante este tiempo con un juicio paralelo y unas conclusiones mediáticas demoledoras" sobre la esposa de Pedro Sánchez. Aparte, critica la "instrumentalización política" que se está haciendo del caso, especialmente por "parte de la oposición"; y critica a Vox por personarse como "causa".

Nadie irá a la cárcel por la pieza central del macrosumario . Solo el principal acusado en la operación Carioca ha sido condenado por la Audiencia de Lugo a una pena de prisión, pero no entrará en ella. Se le acusaba de dos delitos: omisión del deber de perseguir delitos (en relación a la investigación de un matrimonio de conveniencia) y solicitud sexual por parte de funcionario público en concurso con un delito de abuso sexual. Se enfrentaba a una pena total de 19 meses de cárcel.

Inmaculada Iglesias, titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, será la jueza que investigue si abre diligencias e imputa a Nacho Cano por los delitos de favorecimiento de inmigración ilegal, con penas que van desde los dos hasta los cinco años, y contra los derechos de los trabajadores, con sanciones oscilantes entre los seis meses y los seis años de prisión. Se trata de la misma instructora del caso de Alberto González Amador

Tres días antes de que Junts y PSOE plasmaran por escrito su acuerdo para sacar adelante una ley de amnistía para los condenados y procesados a raíz del procés independentista, el juez Manuel García Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción 6, enviaba una exposición razonada al Tribunal Supremo sobre la causa Tsunami Democràtic, referida a las acciones de protesta en Catalunya por la sentencia del procés, en octubre de 2019.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Viveiro concluyó la investigación sobre las grabaciones a casi cien mujeres orinando durante la celebración de A Maruxaina celebrada en 2019 en San Cibrao; hay un sospechoso de haber grabado esas imágenes que fueron incorporadas posteriormente a páginas web de contenido erótico. De esta forma, la jueza de Viveiro ha ordenado que se continúe por los trámites habituales el procedimiento abreviado frente a ese sospechoso por si los hechos investigados fuesen constitutivos de un delito de pornográfico.

Ismael Moreno, el juez de la Audiencia Nacional que instruye el llamado caso Koldo rechaza entregar a la Fiscalía Europea esta causa, por lo que ha solicitado al Tribunal Supremo que decida en qué manos debe quedar la investigación de la misma. Moreno da así respuesta a la petición del Ministerio Público europeo, que a finales de mayo solicitó asumir íntegramente este procedimiento, debido a que podría afectar a fondos de la UE y a que este organismo supranacional considera la supuesta trama corrupta investigada como un único entramado.

España vive sujeta a un inusitado debate público sobre la politización de la justicia. En este marco, no podía quedar fuera del debate el Tribunal Constitucional, cuya composición actual fue aprobada recientemente, lo que no ha sido óbice, para que el PP cargue contra algunos de sus magistrados por su currículum, o por sus reconocimientos públicos, negativos si los concedió un Gobierno socialista y sin menoscabo alguno si lo hizo el presidente Rajoy o el ministro de Justicia Ruiz Gallardón.

El senador por Lugo José Manuel Balseiro fue nombrado por el PP vicepresidente de la comisión de investigación del caso Koldo en la Cámara Alta. El mariñano se despidió en abril del Parlamento gallego tras seis legislaturas y tomó posesión como senador por la provincia de Lugo.

«A veces no me doy cuenta de la repercusión que puede tener un simple comentario entre amigos trasladado a Twitter y del daño que puede causar. Por ello pido disculpas a Laporte y Le Normand por un tuit completamente innecesario. Todos a remar con España» old.meneame.net/story/sin-piedad-willy-barcenas-tras-comentario-xenofo

Se trata de un jefe de grupo, que tenía a varios agentes a su cargo, con conocimiento de las distintas operaciones policiales que lleva a cabo la Ertzaintza...