España vive sujeta a un inusitado debate público sobre la politización de la justicia. En este marco, no podía quedar fuera del debate el Tribunal Constitucional, cuya composición actual fue aprobada recientemente, lo que no ha sido óbice, para que el PP cargue contra algunos de sus magistrados por su currículum, o por sus reconocimientos públicos, negativos si los concedió un Gobierno socialista y sin menoscabo alguno si lo hizo el presidente Rajoy o el ministro de Justicia Ruiz Gallardón.
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Si algo hay que reconocerle al PSOE es que son los números uno en controlar la justicia para liberar a sus amigos corruptos.
Lo mejor es que, conociendo las tragaderas de sus votantes, aplaudirán con las orejas, emulando a su referente intelectual Maria Jesús Montero