La directiva que regula los llamados “Informes país por país” persigue que las empresas que operen en la UE con una facturación superior a 750 millones de euros publiquen detalles sobre su actividad.Se intenta evitar así que las multinacionales presenten los datos de su actividad de forma global,ya que ese es uno de los mecanismos más usados para eludir el pago de impuestos,mediante el uso de la llamada ingeniería fiscal.Conservadores del Partido Popular Europeo (PPE) y los liberales de ALDE, presionaron por aprobar “cláusula de salvaguarda".
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