"Renuncié a World Central Kitchen porque se negó a decir la verdad sobre el genocidio israelí en Gaza".

“Tenemos que discutir con ellos [Israel] qué soluciones tienen en mente. ¿Cuáles son? ¿Que todos los palestinos se vayan? ¿Matarlos?”. Así se ha expresado el alto representante de la UE, Josep Borrell, antes de la reunión de los ministros de Exteriores con su homólogo israelí, Israel Katz. Las palabras de Borrell se producen cuando la UE ha empezado a elaborar un plan de paz que pasa por la solución de los dos estados, que es la “única” opción que los 27 ven viable para garantizar la paz en la región.

Si Eurovisión no veta a Israel, Europa se alinea al lado del verdugo frente a las víctimas. No hay nada "apolítico" en esta decisión, como justifica la Unión Europea de Radiodifusión. Están contribuyendo a normalizar la masacre sin tregua que lleva perpetrando Israel en Gaza meses. No queremos ser cómplices. Por ello, con nuestras voces y rostros y las imágenes de esta tragedia exigimos a RTVE que pare este sinsentido y apoye la sanción a Israel. “Una canción no silencia el estruendo de las bombas ni el dolor por el exterminio de un pueblo”.

Fuentes de Inteligencia y de la Guardia Civil explican que una parte del armamento que los países envían como ayuda se pierde por el camino o en el destino final.

Este viernes, el BOE publica la orden ministerial por la que se suprime el Premio Nacional de Tauromaquia, según ha sabido este diario de fuentes ministeriales. Una decisión que ya avanzó el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, el pasado mes de mayo.

El partido pide al tribunal de garantías que obligue al Supremo a investigar al juez y a su ayudante, a quienes acusa de haber violado su derecho a una participación política “en igualdad de condiciones” con sus resoluciones “prevaricadoras”. Manuel García Castellón y Joaquín Gadea han vulnerado su derecho a ejercer la acción política “en igualdad de condiciones” con otras formaciones, recogido en el artículo 23 de la norma fundamental. Ocurrió en la causa que abrió García Castellón e instruyó Gadea sobre la supuesta financiación ilegal del....

El próximo 24 de septiembre, un policía nacional de Sanlúcar de Barrameda se enfrenta a cinco años de cárcel. Su delito, denunciar corruptelas de sus compañeros. La historia de Federico arranca en 2015, cuando "documentó y denunció" las prácticas que otros agentes, con su mismo uniforme, estaban llevando a cabo.

Más del 80% del patrimonio histórico de nuestro país está en manos de la Iglesia Católica. Se estima que al menos 100.000 son los bienes inmatriculados hasta 2015, año en que se acabó con este privilegio de la jerarquía eclesiástica. Entre ellos no solo hay lugares de culto (catedrales, ermitas, iglesias), sino edificios civiles, cementerios, plazas públicas, fincas, kioscos, tierras de labranza y hasta ruinas con las que el episcopado español sigue haciendo negocio. La magnitud es tan grande que habría que tratarlo como “cuestión de Estado".

Cierre del Caso Neurona contra Podemos y el silencio mediático, la protección del PSOE a la monarquía: Belarra silenciada tras llamar corrupto a Juan Carlos I, inyección de dinero publico a Muface, ....

Tras la denuncia de FACUA Euskadi, Kontsumobide -el Instituto de Consumo Vasco- ha multado a Yelmo Cines con 30.001 euros por impedir a los usuarios el acceso a sus instalaciones con alimentos adquiridos en el exterior. La asociación denunció a la empresa en enero al considerar que incurría en una cláusula abusiva al prohibir el acceso a sus salas con comida y bebida adquirida fuera sus salas.

Podemos ha registrado una proposición de ley en el Congreso para eliminar los coeficientes reductores en la pensión de jubilación de personas que hayan cotizado 40 o más años, aunque la soliciten de manera anticipada. La formación morada quiere eliminar los recortes aplicados sobre la prestación de jubilación en aquellos casos en los que se solicita la salida prematura del mercado laboral, a partir de los 61 ó 62 años

La acusación pública sostiene que la agitadora ultra difundió la identidad, la profesión y el lugar de residencia de uno de los acogedores y lanzó "comentarios despreciativos por su orientación sexual".

¿Por qué rechaza Podemos el decreto que eleva las cuantías del subsidio de desempleo y aumenta los colectivos que lo cobran? El motivo es una modificación incluida a última hora en el conocido como decreto de conciliación y que sí supone un perjuicio solo para un grupo de perceptores de esta ayuda: los parados mayores de 52 años.

La asociación BDS País Valencià ha denunciado en X el borrado por parte del Ayuntamiento de València de un mural dedicado a Palestina en una propiedad privada de la calle Doctor Vicente Zaragozá, en Benimaclet. Una actuación que ha causado una fuerte indignación y que la asociación califica de “censura de la libertad de expresión”. La misma asociación valora denunciar al Ayuntamiento y ya trabaja para repintar la pieza eliminada por los operarios del consistorio.

El ejército israelí retiene decenas de cuerpos desde el 7 de octubre. La organización Euro-Med Human Rights Monitor, con sede en Ginebra, insta a investigar a las fuerzas de defensa por presunto robo de órganos.

Muchos han recordado que las televisiones de este país llevan años blanqueando a estos ultras. Los tuiteros han puesto varios ejemplos, entre ellos de la propia Antena 3. Ahora sus trabajadores son los que se están viendo amenazados por esta gente.

El Juzgado de Primera Instancia nº 87 de Madrid ha condenado a la aseguradora médica Asisa a indemnizar con 308.742 euros a la familia de un hombre que falleció en Valencia como consecuencia de la suspensión de una cirugía cardíaca necesaria, de forma que estima íntegramente la demanda presentada por los Servicios Jurídicos de la Asociación El Defensor del Paciente. La empresa, además, deberá abonar a la familia del fallecido otros 217.000 euros por los intereses de demora.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, va a cumplir un mes ocultando en qué régimen disfruta de un ático de lujo situado justo encima del piso en el que convive con su pareja, Alberto González Amador. El ático está a nombre de la sociedad Babia Capital SL, cuyo principal propietario Jorge Carlos Pablos Alonso, un empresario hostelero conectado a su vez con el directivo de Quirón que propició la comisión de dos millones de euros que se embolsó Alberto González Amador en pandemia.

La plataforma SOS Sanidade Pública denuncia los recortes, la corrupción, el nepotismo y las privatizaciones en una crónica en la que participan sanitarios, pacientes, familiares, políticos y periodistas.