Pedimos contención al poder ejecutivo y que no se precipite culpando a los jueces y juezas de una situación de transitoriedad normativa que era esperable y que forma parte de la normalidad democrática. Es esperable que se produzcan revisiones de condena cuando, en el supuesto concreto, pueda resultar más favorable al reo que la regulación anterior. No es razonable instar la reforma de una ley que aún no ha tenido un mínimo recorrido práctico.
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